Rafael Vela califica de “mala fe procesal” actitud de Odebrecht

Los fiscales del equipo Lava Jato Rafael Vela, Germán Juárez y José Domingo Pérez viajaron el martes pasado a Brasil para reunirse con representantes de la empresa Odebrecht y coordinar los testimonios pactados con los abogados de los testigos que debían declarar en el juicio oral del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre el 7 y 21 de noviembre.

Cuando estaban en pleno viaje, a las 12:03 de la tarde, la agencia de noticias Efe, a través de su cuenta de Twitter, lanzó un comunicado de último minuto en el que informó que la fiscalía de Brasil suspendía la cooperación jurídica con el Perú por el Caso Odebrecht. Este anuncio fue tomado como “un acto de mala fe procesal” por el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, en referencia a la actitud de la compañía.

“Hasta el jueves, el fiscal José Domingo Pérez estuvo tomando declaraciones en la ciudad de Curitiba, en Brasil, a exejecutivos de la constructora con sus respectivos abogados y con presencia de la Procuraduría Federal brasileña”, declaró Vela a El Comercio.

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Según el magistrado, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht estaba desarrollándose sin ningún inconveniente. Sin embargo, el martes pasado, apenas aterrizó el avión en el que viajaban, se dieron con la sorpresa, a través de las redes sociales, de la decisión unilateral que tomó la fiscalía brasileña.

“Estamos en ese proceso de tomar conocimiento directo del contenido de las comunicaciones porque están en portugués”, dijo. Agregó que “lamenta que la justicia brasileña haya tomado una decisión sin habernos escuchado previamente”.

Vela expresó que les resulta “sorpresiva” esta situación porque es algo que ha sido previamente coordinado con la propia empresa y sus exejecutivos. “Nosotros estamos en Brasil porque hemos quedado con la empresa y sus exejecutivos para realizar unas coordinaciones previas a lo que iban a ser sus declaraciones dentro del juicio oral del señor Ollanta Humala Tasso y la señora Nadine Heredia. Ya existía el antecedente del fiscal Elmer Chirre sobre interrogatorios similares”.

Factor Lula

Vela tampoco descarta que la alteración de las condiciones del acuerdo con Odebrecht esté relacionada con el contexto político que se vive en Brasil, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de la República Federativa: “De hecho, la decisión de la justicia federal brasileña, de la Procuraduría Federal brasileña, ha sido tomada, según nos han informado de manera informal, el 31 de enero, o sea, el día de ayer [Lula aún no ha jurado como presidente], es decir, posterior al resultado de las elecciones democráticas en Brasil”.

Marcelo Odebrecht, el ex-CEO de la empresa, y el exsuperintendente de la compañía en el Perú, Jorge Barata, reconocieron ante los fiscales peruanos haber entregado US$3 millones para la campaña de Humala en el 2011 a pedido de Lula da Silva. El aporte lo habría coordinado Antonio Palocci, exministro de Hacienda de Lula, y habría provenido del Departamento de Operaciones Estructuradas.

“Llamé directamente a Jorge Barata y le dije: ‘La gente aquí en Brasil, del Partido de los Trabajadores [de Lula], me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala con US$3 millones’”, declaró Marcelo Odebrecht en mayo del 2017 a los fiscales Germán Juárez y Rafael Vela.

Casación pendiente

Otro hecho que pone en riesgo el futuro del Caso Lava Jato es la casación que tiene pendiente de resolver la sala suprema presidida por el juez supremo César San Martín en los próximos días. Esta definirá si, como ha planteado la defensa de Humala y Heredia, los aportes a la campaña nacionalista del 2011 no califican como lavado de activos.

El fiscal supremo Pablo Sánchez, el equipo especial Lava Jato y la procuraduría han solicitado que San Martín se inhiba en este caso por considerar que existen motivos que ponen en duda su imparcialidad.

En el 2017, San Martín planteó su inhibición en el caso de lavado de activos seguido contra Heredia sobre el financiamiento de las campañas electorales de Ollanta Humala. En mayo de ese año, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró fundada la solicitud del vocal supremo, tras evaluar los elementos expuestos como la consignación de su nombre en una de las agendas de Heredia, y los fallos a favor de ella respecto a la prisión preventiva en su contra, y de Humala en el Caso Madre Mía.

Sin embargo, San Martín no se ha inhibido en las casaciones, que deberá resolver en los próximos días la sala suprema que integra, en relación con los casos de Heredia y Humala, así como del gasoducto del sur. La casación interpuesta por Humala cuestiona la tesis fiscal de aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2006 y 2011. En esos años, la ley no sancionaba esos abonos como delito.

Respecto al gasoducto del sur, la fiscalía y la procuraduría cuestionan la vinculación que tuvo el magistrado con los estudios de abogados que defienden a los investigados.