La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación de Pedro Castillo, quien fue vacado como presidente, contra la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra. Con ello, Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras la fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros, por el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre.
La sala, presidida por el juez supremo César San Martín, señaló que la prisión preventiva dictada por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley “es adecuada, idónea y estrictamente proporcional”.
Además, desestimó el argumento de Castillo sobre una supuesta vulneración al debido procedimiento legal del antejuicio y el derecho a la defensa ante el Congreso.
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Para la sala, se justificó “un trámite acelerado de defensa del ordenamiento constitucional” en el Parlamento, ante la evidencia del hecho y el peligro de fuga. Esta última se evidenció cuando Castillo buscó refugiarse en la Embajada de México en Lima y obtener un asilo.
En tanto, confirmó que existe peligro de obstaculización de la justicia debido a que Castillo anunció la reorganización del sistema de justicia y ordenó ilegalmente detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En opinión del abogado penalista Carlos Caro, “se trata de una decisión esperada en la medida en que hace dos semanas la misma sala había confirmado la detención preliminar por siete días contra Castillo”.
El tribunal también ordenó impedimento de salida del país por 18 meses contra el ex primer ministro Aníbal Torres, investigado por ser presunto coautor del delito de rebelión.
Aunque la medida es menos restrictiva que la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, es superior a la de solo comparecencia con restricciones que impuso el juez Checkley.
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De acuerdo con el Ministerio Público, Torres, en su calidad de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue pieza clave en el golpe de Estado que dio Castillo.
Aunque la fiscalía informó que Torres usó informes médicos del 2017 para eludir la prisión preventiva, la sala señaló que los documentos se refieren a enfermedades crónicas y de tratamiento constante o duradero, y que el ex primer ministro tiene 79 años.
La sala consideró que la capacidad de desplazamiento de Torres está sujeta a un régimen adecuado de control médico y de su salud en general, que se afectaría en condiciones de clandestinidad.
El abogado Wilfredo Robles, quien asumió la defensa de Pedro Castillo en la audiencia de apelación, reconoció ayer que estuvo preso por terrorismo entre los años 1992 y 2004, como reveló “Perú 21″.
Robles añadió que fue absuelto en dos instancias tras cumplir más de una década en prisión.
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