Conforme a los criterios de
La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín no requirió ni al Poder Judicial ni a la Policía Nacional ninguna medida que permita asegurar la captura del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, ante una eventual confirmación de condena el último viernes, tal como finalmente ocurrió.
El fiscal superior Ramón Vallejo reconoció a El Comercio que su despacho no solicitó ningún tipo de medida como, por ejemplo, la Observación, Vigilancia y Seguimiento (OVISE), pese a que esta fiscalía superior era la responsable del caso al estar ya el expediente del ‘Caso Aeródromo Wanka’ en una segunda instancia.
La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín había anunciado el 22 de setiembre pasado que el 6 de octubre se realizaría la audiencia de lectura de su resolución. Es decir, con casi quince días de anticipación se sabía públicamente que Cerrón podría ser condenado por corrupción y a cárcel efectiva, como finalmente se confirmó.
LEE TAMBIÉN: PNP sobre posible recompensa por paradero de Cerrón: “Es un tema que se evaluará oportunamente”
Pese a ello, desde el Ministerio Público, como titular de la acción penal, no se realizó ninguna diligencia para evitar una fuga, según pudo confirmar este Diario.
En entrevista con El Comercio, Vallejo aseguró que estaban imposibilitados de hacerlo legalmente en esta etapa del caso; sobre todo porque dentro del proceso el secretario general de Perú Libre “no ha dado una muestra de que quiere evadir” la acción de la justicia y no había “un fundamento jurídico y un fundamento fáctico de que está tratando de rehuir al juzgamiento”.
“Legalmente, no podíamos pedir nada porque el señor no estaba rehuyendo. Toda medida cautelar u otra medida restrictiva de derechos tiene un fundamento, tienes que tener la prueba, sospecha vehemente, algo que sea confirmable de que el señor está tratando de huir. En ese caso sí, se podía pedir inclusive la revocatoria de la comparecencia”, señaló el fiscal superior de Junín.
Vallejo insistió en que el exgobernador de Junín contaba ya con una orden de comparecencia y que así lo había dispuesto mantener la sala superior de segunda instancia hasta emitir su resolución. “Antes de la sentencia, no se puede pedir nada de eso”, aseguró.
En febrero de este año, Cerrón fue condenado por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Junín, pero ese juzgado dispuso que la sentencia se ejecute al ser confirmada en segunda instancia. En ese interín, dispuso que Cerrón no se ausente de su lugar de residencia (ubicado en Lima), así como pasar semanalmente control biométrico.
Cerrón sí se venía presentando de forma virtual a las audiencias anteriores previas a la lectura de su sentencia. Sin embargo, lo cierto es que, en esos quince días previos a la resolución final, no hubo ningún pedido por parte de las autoridades para asegurar que Cerrón cumpla con afrontar la acción de la justicia.
Fuentes de El Comercio insistieron en que la Policía Nacional no podía actuar ante la falta de un requerimiento, ya sea por parte de la Fiscalía como del juzgado.
El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló ayer en conferencia de prensa que la Policía ni bien recibió el documento formal del juzgado “se intervino el domicilio como corresponde”, ubicado en la cuadra 14 de la Av. Arequipa en Lince (Lima), y “no se encontró a la persona”. La notificación llegó desde Junín recién a las 3:00 p.m.
SÍ ESTABA FACULTADO
Pese a lo señalado por el fiscal anticorrupción de Junín, especialistas consultados por El Comercio para este reportaje coincidieron en que la fiscalía sí estaba facultada para solicitar alguna medida a la Policía como la ubicación o la vigilancia, a fin de asegurar la permanencia de Cerrón ante una condena inminente.
Para el abogado penalista Andy Carrión, el Ministerio Público pudo “como un ámbito preventivo, informar a las autoridades policiales de que se avecinaba una sentencia condenatoria y que, por tanto, en atención a las propias funciones que cumple la Policía, garantizar la ubicación del procesado Vladimir Cerrón”.
“Es un tema de información, porque la Policía por sí misma no tiene que saber que va a haber una sentencia condenatoria. (…) Lo que pudo hacer es informar que se avecina una lectura de sentencia y que, en base a ello, ellos se mantengan alertas y que mantengan la ubicación de que quien va a ser precisamente el imputado contra quien se va a leer la sentencia”, aseveró Carrión.
“La fiscalía sabía que había dos decisiones (por parte del juzgado): o revoca o confirma (la sentencia de primera instancia). Y ellos debieron haberse preparado para el escenario de la confirmación. Y si no sucedió ello, es entera responsabilidad de la Fiscalía”, remarcó.
El abogado penalista Enrique Ghersi, por su parte, subrayó que “no hubiera sido ninguna actuación ilegal” solicitar “directamente a la Policía que únicamente se mantenga una vigilancia sobre él, que se verifique su residencia”.
“El fiscal está haciendo una interpretación excesivamente favorable al señor Cerrón, perfectamente lo pudo hacer. Un fiscal diligente, en un caso de tan alto perfil político, toma una diligencia mínima”, remarcó.
En tanto, el exministro del Interior Rubén Vargas acotó que “a quien corresponde solicitar medidas limitativas es al titular de la acción penal”; en este caso, como el expediente se encontraba ya en segunda instancia, correspondía efectivamente al fiscal superior solicitar alguna acción.
“Quien pide este tipo de acciones es el titular de la acción penal; y el juez ordena lo que a su criterio y evaluación corresponda, que podría ser solo el OVISE, videovigilancia en determinados inmuebles que ha determinado el procesado como su domicilio real, u ordenar la videovigilancia las 24 horas contra la persona”, destacó Vargas.
El exministro afirmó que cualquier condenado que no se pone a derecho “está complicando más su situación procesal” y que el argumento de perseguido político “es un argumento desgastado que usan los políticos cuando la justicia determina su responsabilidad por actos de corrupción”.
“Corresponde en estos momentos que la Policía ubique y lo ponga a derecho a este señor. Y si en las próximas horas no es capturado, corresponde que el Ministerio del Interior lo ponga en el sistema de recompensas”, aseveró.
Por lo pronto, el exgobernador de Junín cumple hoy cuatro días en la clandestinidad y no se sabe con exactitud su paradero. Sin embargo, el secretario general de Perú Libre no duda en burlarse de la justicia, pues continúa publicando mensajes en sus redes sociales pese a la sentencia a cárcel efectiva en su contra.
Este Diario intentó comunicarse con su abogado, Luis Mayhua, sin embargo, no respondió.
