La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que las críticas que se hacen contra el proyecto de ley que busca prohibir la publicidad estatal en medio de comunicación privados y que fue aprobado por la Comisión de Transportes por insistencia no tienen asidero porque no atenta contra la libertad de expresión.
"A diferencia de lo que dicen erróneamente algunos medios de comunicación, esto no es una ley que legisla a la prensa o la libertad de expresión. Es una ley que, lo que busca, es legislar sobre presupuestos del Estado sobre cómo se debe o no invertir en la publicidad estatal", comentó Keiko Fujimori.
Fuerza Popular votó en bloque en la Comisión de Transportes a favor de que sea aprobada por insistencia la iniciativa presentada por Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista). Con esto, de lograr la mayoría siemple en el pleno, sería aprobada y entraría en vigencia sin mayor posibilidad de objeción por parte del Ejecutivo.
Cabe indicar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció en contra de este proyecto de ley por considerar que limitaba el alcance del Ejecutivo a la hora de brindar información a la población.
"Nosotros creemos en la línea de política de austeridad que está implementando el presidente Martín Vizcarra y que los más de 450 millones que se han invertido en casi dos años (en publicidad) debieron invertirse en familias afectadas por el fenómeno de El Niño costero o familias afectadas por el friaje", añadio.
Keiko Fujimori brindó estas declaraciones ante la prensa durante un evento partidario de Fuerza Popular en respaldo a los candidatos de este partido para las elecciones de octubre de este año.
El proyecto de ley de Mauricio Mulder que ya ha sido observado por el Ejecutivo en marzo de este año ha sido cuestionado por gremios de prensa a nivel nacional e internacional, e incluso desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Constitucionalistas consultados por El Comercio señalaron que el proyecto de ley vulnera derechos que defiende la Constitución como la libertad de información, expresión y de contratar con el Estado.