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(Ilustración: El Comercio)
Por Gino Alva y Roger Hernández Martín Vizcarra cumple su primer año como presidente de la República en una fecha distinta a la que suele dictar la costumbre. La administración del ingeniero limeño de 56 años se inició en medio de una tempestad política producida, principalmente, por la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, su antecesor, en medio del escándalo generado por los contratos de Westfield –su empresa– con Odebrecht y la aparición de videos y audios que demostraban que se intentó comprar votos para evitar la vacancia.
Por Gino Alva y Roger Hernández Martín Vizcarra cumple su primer año como presidente de la República en una fecha distinta a la que suele dictar la costumbre. La administración del ingeniero limeño de 56 años se inició en medio de una tempestad política producida, principalmente, por la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, su antecesor, en medio del escándalo generado por los contratos de Westfield –su empresa– con Odebrecht y la aparición de videos y audios que demostraban que se intentó comprar votos para evitar la vacancia.
Al 21 de marzo del 2018, Kuczynski no tuvo otra salida que dimitir. Y Vizcarra, entonces vicepresidente y embajador del Perú en Canadá, tuvo que apresurar su retorno a Lima para tomar la posta. Dos días después, el entonces presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), le colocaba el fajín presidencial.
El legislador César Villanueva (APP), cercano al nuevo mandatario desde sus tiempos como gobernadores regionales (Villanueva por San Martín y Vizcarra por Moquegua), fue el elegido para liderar el primer Gabinete del nuevo gobierno.
Las críticas no tardaron en llegar, puesto que Villanueva jugó un rol activo desde el Congreso para la vacancia de Kuczynski. Y esa fue una cuenta no saldada con el oficialismo; así lo demostró su siempre áspera relación con la bancada de Peruanos por el Kambio.
Antes de que Villanueva solicitara el voto de confianza al Parlamento su Gabinete sufrió la primera salida. Daniel Córdova abandonó la cartera de Producción después de ofrecer la salida de un viceministro a cambio del cese de una huelga del sector pesquero.
El siguiente sobresalto tuvo como epicentro el Ministerio de Economía (MEF). La tensión por el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a combustibles gasóleos y el posterior descarte del Impuesto a la Renta (IR) produjo un desgaste que culminó con la renuncia del ministro David Tuesta el 4 de junio.
Ese mismo mes, el Parlamento aprobó otorgar facultades al gobierno para que legislar en materia tributaria, gestión económica y competitividad, integridad y lucha contra la corrupción, así como modernización del Estado.
Desde entonces, parte de los problemas del Ejecutivo estuvieron ligados a la bancada oficialista: los reiterados cuestionamientos de Peruanos por el Kambio al gobierno por la falta de conexión del César Villanueva con la bancada.
Desde la toma de mando hasta Fiestas Patrias, Vizcarra había registrado tres caídas consecutivas en popularidad. Su punto más crítico fue precisamente en julio del 2018, cuando obtuvo 35%, según El Comercio-Ipsos, habiendo iniciado su gestión con 57%.
Luego de su primer mensaje a la nación, en el que hizo alusión constante al escándalo de los audios del CNM, Vizcarra marcó un punto de quiebre con el anuncio de un referéndum en el que proponía consultar a la ciudadanía –entre otras reformas– la no reelección de congresistas. El impacto en las encuestas fue simultáneo: en agosto subió 11 puntos.
La propuesta del mandatario, materializada en cuatro preguntas para ser sometidas a consulta popular, generó tensas discrepancias con el Congreso sobre plazos y contenido de las reformas. Finalmente, el referéndum de diciembre tuvo un saldo positivo para Vizcarra: la fórmula que propuso tuvo un amplio respaldo en las urnas.
En paralelo a lo ocurrido con las reformas y el referéndum, en el plano judicial se libraron extensas jornadas que tuvieron como protagonistas a algunos de los principales adversarios políticos del mandatario.
En octubre, el Poder Judicial anuló el indulto del ex presidente Alberto Fujimori otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en el 2017. A ello le sucedió la detención preliminar y posterior prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntos aportes de Odebrecht.
A su vez, en noviembre, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país para el ex jefe del Estado Alan García, quien al conocer dicha medida solicitó asilo diplomático en la Embajada de Uruguay, pedido que finalmente le fue rechazado a inicios de diciembre.
En víspera de Año Nuevo, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, con quien Vizcarra sostuvo diversos desencuentros públicos, anunció el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.
Como respuesta a la decisión, el presidente anunció su retorno desde Brasil, donde se encontraba para asistir a la toma de mando de Jair Bolsonaro como mandatario de ese país. Ante las críticas de diversos sectores políticos y sociales, Chávarry revirtió su resolución sobre los fiscales y formalizó su renuncia a la Fiscalía de la Nación.
Los primeros doce meses de Vizcarra en Palacio de Gobierno encuentran como último hito destacado la firma del acuerdo de colaboración eficaz de autoridades peruanas con Odebrecht, el mismo que le valió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, responder ante el pleno del Congreso un pliego interpelatorio de 21 preguntas.
A un año de haber asumido la presidencia, Martín Vizcarra echa la vista sobre un horizonte con mejor clima que el que lo vio llegar. Sin embargo, si algo garantiza el Perú es que, a pesar del cielo despejado, siempre se puede avecinar una nueva tormenta.
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