Dictan prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski

El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó ayer en la tarde 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por la investigación preparatoria que se le sigue por el delito de lavado de activos por el Caso Odebrecht.

Según lo resuelto por Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior contra el Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, hay graves indicios de la comisión del delito, peligro de fuga y obstaculización en la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Así lo dejó establecido en la hora y quince minutos que duró la lectura de su resolución, que amparó en parte el pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez, del equipo especial Lava Jato, quien investiga a Kuczynski.

El juez, sin embargo, rechazó imponer la detención preventiva a la ex secretaria de PPK Gloria Kisic y a su ex chofer José Luis Bernaola Ñuflo. Ambos afrontarán bajo comparecencia restringida la investigación. Además, cada uno deberá pagar S/20 mil por la caución.

—Argumentos—
Para ordenar la medida, el juez indicó que a PPK se le imputa el delito de lavado de activos (en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento) por medio de una organización criminal que funcionó desde el 2003 hasta el 2015.

El delito previo para tal imputación, señaló el magistrado, proviene de presuntos actos de corrupción que Kuczynski habría cometido entre el 2001 al 2006, con su participación en la concesión de los proyectos Integración de la Infraestructura Regional Suramericana-IIRSA Sur (tramos 2 y 3) y del trasvase Olmos. Esto al haber usado su cargo como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo para realizar acciones y emitir decretos que beneficiaron a Odebrecht con dichos proyectos.

A cambio, la empresa Wetsfield Capital –de propiedad de PPK– recibió pagos por las asesorías que hizo a Odebrecht tras haber sido beneficiada con las obras.

Para su sustentación, el juez se apoyó en la declaración de Marcelo Odebrecht –en el marco de la colaboración eficaz con la fiscalía–, los decretos y resoluciones supremas firmados por Kuczynski, un oficio de la contraloría del 2005 que advertía que Odebrecht no podía contratar con el Estado, el contrato firmado por PPK con Odebrecht por el trasvase Olmos, entre otros argumentos.

El delito de lavado de activos, remarcó el juez, se habría concretado con el retiro de dinero de una cuenta que mantenía con Gloria Kisic y cuyos fondos provendrían de Westfield Capital. Los pagos fueron para cancelar los créditos personales del ex mandatario en el Banco de Crédito.

También se basó en la existencia de transferencias a las cuentas de Bernaola y en el retiro de dinero para pagar a través de la ‘offshore’ Asset Management su inmueble de la calle Choquehuanca, en San isidro.

Chávez consideró que la pena para el delito de lavado de activos sería de 10 a 20 años.

En el peligro de fuga, el juez indicó que Kuczynski se opuso a entregar y participar en la exhibición de documentos sobre sus domicilios, que no tiene arraigo familiar, pues su esposa vive actualmente en Estados Unidos; y que trató de viajar a ese país por una atención médica, pese a tener una medida de impedimento de salida del país. “Este elemento supone que, de otorgarse el permiso, no iba a regresar”, afirmó Chávez.

Sobre el peligro de obstaculización, el juez dijo que existe una “obstrucción a la justicia”, pues dio información falsa sobre el domicilio de su contadora Denise Hernández.

—Rechazó pedido de arresto—
Chávez rechazó el pedido de César Nakazaki, abogado de Kuczynski, quien solicitó que a su patrocinado se le aplique la detención domiciliaria porque es mayor de 65 años y está mal de salud. El juez explicó que, si bien Kuczynski tiene 80 años, existe peligro procesal y riesgo de fuga. Además, anotó que los informes médicos practicados a PPK indican que no está grave.

Otro de sus argumentos fue que, actualmente, en la clínica donde está internado por complicaciones en su salud, se ha consignado al médico cardiólogo Enrique Gutus Laura, a pesar de que cuando solicitó permiso para salir del país, aseveró que su médico cardiólogo tratante por los últimos 15 años era César Delgado Sayán.

“Lo que permite concluir que si bien le asiste el derecho de salud, existe la posibilidad de que pueda tratarse, incluso por médicos del Ministerio de Salud, derecho que no se privaría estando recluido en un establecimiento penitenciario”, anotó.

Por ello dijo: “La prisión constituye, a mi parecer, el medio eficaz” para la investigación.

Tras la lectura de la decisión, César Nakazaki lamentó la decisión y anunció que apelará. “El tema de salud no tiene ningún interés en este caso. Esto demuestra que la muerte del ex presidente [Alan] García no ha hecho reflexionar a algunos operadores de justicia”, afirmó.

Señaló que en caso PPK fuese dado de alta de la clínica donde permanece internado, le correspondería ser recluido en el penal de la Diroes, en Ate, donde también está encarcelado el ex presidente Alberto Fujimori.

Miguel Kuczynski, hermano del ex jefe del Estado, también rechazó la decisión judicial. “Tengo mucho respeto por el juez, pero creo que necesita ayuda en su trabajo”, dijo.

PPK es el tercer ex presidente peruano para el que se ordena prisión preventiva por el Caso Odebrecht. Antes también se dictó para Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos; y Ollanta Humala, a quien luego se revocó la medida.

Al cierre de esta edición, la policía informó que el ex presidente “pasó a ser custodiado por la Dirección de Seguridad de Penales de la PNP, y que en ningún momento ha usado ni usará grilletes” para vigilarlo en la clínica donde está.