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El procurador anticorrupción, Amado Enco, presentó una denuncia contra el procurador ad hoc para el Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por los presuntos delitos de negociación incompatible y omisión de actos funcionales.
“El procurador ad hoc Jorge Ramírez habría favorecido a Odebrecht y a sus exfuncionarios en la negociación del pago de la reparación civil, ocasionando un grave perjuicio a los intereses del Estado”, afirmó Enco sobre el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa.
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Agregó que Ramírez “habría pactado irregularmente” la devolución de los S/524 millones que quedan tras la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
En un comunicado, la procuraduría ad hoc calificó la denuncia como “un acto más de obstaculización al acuerdo” y recalcó que el reembolso “es potestad única y exclusiva del Ministerio Público”.
—Denuncia inusual—
Penalistas consultados por este Diario opinaron que una denuncia de un procurador a otro miembro de su institución es inusual, pues previamente suele haber reuniones internas para conciliar posiciones. “Ambos son serios, por eso me sorprende esta denuncia”, dijo el exprocurador Yván Montoya.
Según el exabogado del Estado, que la proporcionalidad de los términos –incluido el reembolso por Chaglla– haya pasado por un control judicial debilita el argumento de Enco sobre beneficios excesivos.
Los abogados coincidieron en que, para que se configure el delito de negociación incompatible, además de considerar que los términos pudieron negociarse mejor, se necesitarían indicios claros sobre un favorecimiento deliberado de Ramírez.
—Arriesgaría acuerdo—
Pese a que Enco asegura que su denuncia “no pretende la nulidad del acuerdo”, los especialistas coinciden en que, de prosperar esta, este sí peligraría.
“El delito de negociación incompatible es una forma de corrupción, y estos delitos acarrean la nulidad de los actos que los envuelven. Por eso existen las cláusulas anticorrupción, pero incluso sin una, puede producirse nulidad”, explicó el penalista Héctor Rojas.
Sin embargo, Rojas recalcó que ve pocas posibilidades de que la denuncia avance.
El Comercio llamó al procurador Amado Enco para que explique su denuncia, pero este no respondió.
—La opinión de vizcarra—
La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra dijo que estaba en desacuerdo con el pago del reembolso a Odebrecht.
Las procuradurías dependen del Ministerio de Justicia. Por ende, del Ejecutivo, que Vizcarra preside.
“Suena a una imposición, pero implicaría una responsabilidad solo de tipo político. No lo involucra en un acto ilícito”, opinó el penalista Héctor Rojas al respecto.
—Lecaros se pronuncia sobre reembolso—
El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se pronunció ayer sobre la devolución de los S/524 millones de Chaglla a Odebrecht.
“Mi criterio es que las investigaciones preliminares ya son investigaciones y la sentencia dice ‘investigaciones o procesos penales’. Pero la jueza tendrá que decidirlo”, dijo.
Con ello, sentó una posición contraria al informe de la fiscalía que señalaba que Odebrecht no tenía investigaciones preparatorias en curso.
Uno de los requisitos estipulados por la jueza María Álvarez en la sentencia que homologó el acuerdo era que la empresa no tuviera “investigaciones o procesos penales en curso” para poder acceder al reembolso del dinero.
