Jovi Herrera Alania pidió a su tío que cuide a su hija cuando perdió las esperanzas de salir con vida del incendio en Las Malvinas. Este joven de 20 años se había convertido en padre hace un mes y desde esa misma fecha trabajaba en la empresa Inversiones JPEG S.A.C. El jueves, cuando el incendio comenzó, se comunicó con sus familiares para pedir que lo rescataran del contenedor en el que —aseguraba— su jefe lo había encerrado. Pese a los esfuerzos de los bomberos, estos no lograron ingresar a la estructura en llamas ni rescatar a Jovi ni al resto de atrapados del siniestro que continuaba hasta anoche.
Jovi nació en Pachitea (Huánuco), pero hace diez años llegó con su familia a Lima para buscar mejores oportunidades. En el distrito de Independencia conoció a Jorge Luis Huamán Villalobos, quien con los años se convirtió en su mejor amigo. Jorge Luis también trabajaba en Inversiones JPEG S.A.C., empresa ubicada en el tercer y cuarto piso de la galería Nicolini.
Las familias de ambos ya perdieron las esperanzas de encontrarlos con vida, pero coinciden en que los jóvenes fueron encerrados y exigen la máxima pena para los responsables.
“Jorge Luis trabajaba de lunes a domingo y apenas le pagaban 100 soles semanales, a veces solo S/50. Una vez le contó a mi mamá que almorzaba dentro del contenedor, encerrado. Sabemos que no nos lo devolverán, pero tienen que pagar por su muerte”, afirma María Vicente, hermana del joven de 19 años.
Búsqueda de responsables
El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, llegó ayer en la mañana hasta la zona del siniestro para conocer el estado de la emergencia. “No quiero señalar responsabilidades, pero todos tenemos que hacer un mea culpa”, manifestó.
Horas más tarde, el burgomaestre anunció que la comuna interpuso una denuncia contra José Enrique López Ramírez, gerente general de Inversiones JPEG S.A.C., por varios delitos, entre ellos exposición de personas al peligro.
Aunque el alcalde afirmó que durante su gestión no se colocaron los contenedores ilegales, los trabajadores de la galería y las imágenes de la aplicación Google Street View desmintieron su versión. “Los primeros contenedores fueron construidos a fines del 2015 y otros más se ubicaron este año. Nosotros denunciamos que nos ponían en riesgo”, precisó la comerciante Roxana Fiestas.
Otros trabajadores dijeron que los almacenes del segundo y tercer piso fueron vendidos y los aires del edificio habrían costado US$23 el metro cuadrado. Esta versión fue confirmada por el presidente del centro comercial, Hugo Sulca.
Hasta el momento se reportan 89 personas heridas. El fuego y las explosiones no han permitido el rescate de, por lo menos, cuatro trabajadores.
Más información
29 de junio de 2017
Retiran restos de empleados atrapados
Por Juan Guillermo Lara
Luego de seis días de tensión, Edwin Herrera tenía extinguida la ilusión de encontrar con vida a su hijo Jovi, uno de los dos jóvenes encerrados dentro de un contenedor sobre la galería Nicolini, en Las Malvinas.
Sin embargo, Herrera permaneció en una carpa instalada en la plaza Castilla a la espera de que los bomberos le informaran sobre las acciones de búsqueda.
“Estuve acá porque necesitaba saber qué había sucedido y recuperar el cuerpo de mi hijo”, dijo.
El incendio que se inició el pasado jueves 22 llegó a ser catalogado de código 6, el máximo nivel de magnitud en este tipo de desastres.
Ayer, la ardua labor de los bomberos por mitigar el intenso calor en el edificio finalmente logró resultados y se permitió el ingreso de los peritos de Seguridad del Estado y personal forense.
Ellos, acompañados por los fiscales Fernando Velásquez y María Hinostroza, de la Fiscalía Provincial de Lima, recorrieron todos los ambientes de la galería Nicolini y los niveles superiores del edificio.
Para ingresar también necesitaron la ayuda de los bomberos, quienes se encargaron de abrirles el paso por los escombros y guiarlos, pues aún existe el peligro de un derrumbe debido a la precariedad de las estructuras. Aunque se cumplió la diligencia, la labor de las autoridades estuvo obstaculizada por momentos debido a que tenían que salir hasta las ambulancias para recibir oxígeno, debido al humo tóxico.
Finalmente, y luego de más de cuatro horas dentro del local, lograron ingresar al área de los contenedores donde localizaron los restos de dos personas.
El director general de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, Luis Yshií Meza, confirmó que solo hallaron restos óseos ubicados dentro de un contenedor en el sexto piso. “Los peritos hallaron dos cuerpos fragmentados y un cráneo”, dijo.
Los restos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para los trabajos de reconocimiento.
Los familiares de ambos jóvenes recibieron noticias sobre los trabajos de recuperación. “Dentro de mi dolor me reconforta haber encontrado los restos de mi hijo. Ahora solo pido justicia”, dijo Herrera.
La identificación exacta de los restos se definirá en los próximos días.
Trampa mortal
Según Jorge Bohórquez Bustamante, uno de los peritos en criminalística que participó de la inspección, el contenedor donde estaban las víctimas se encontraba totalmente sellado.
“Los contenedores tenían candados acerados que son más resistentes y difíciles de abrir. No había ninguna forma de salir”, indicó Bohórquez Bustamante.
El especialista precisó que los bomberos tuvieron que usar una sierra para cortar una de las paredes metálicas del contenedor y acceder al ambiente donde estaban los restos carbonizados.
El pequeño almacén, de un área de cinco metros cuadrados, estaba repleto de restos de fluorescentes. Los jóvenes fueron encontrados juntos en una esquina de la estructura metálica.
La fiscal María Hinostroza aseguró que al menos otros quince contenedores estaban cerrados con candados. Todos ellos fueron abiertos y no se encontraron más víctimas.
El Ministerio de Salud brinda asistencia psicológica a las familias de las víctimas del siniestro.
Además de la recuperación de los restos carbonizados, los peritos investigan las causas del incendio en el edificio de Las Malvinas.
Más información
27 de junio de 2017
El trabajo informal es tierra de nadie
Viviana Gálvez Córdova
La inspección laboral en el país tiene aún un largo camino para consolidarse. La creación en el 2012 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha sido insuficiente para combatir la informalidad, pero un dolor de cabeza para muchas empresas formales. El incendio en Las Malvinas, que cobró la vida de al menos dos trabajadores encerrados en contenedores, permitió visibilizar la gravedad del problema.
En la otrora fábrica Nicolini hay 2.000 empresas con registro RUC, y según información preliminar, más del 95% son microempresas, detalla a El Comercio Sylvia Cáceres, titular de la Sunafil. Según la legislación actual, la fiscalización laboral de las compañías inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) en Lima Metropolitana es competencia del Ministerio de Trabajo (Mintra), no de la Sunafil, la cual se encarga únicamente de las medianas y grandes empresas del ámbito nacional. Y el Mintra solo tiene seis inspectores laborales.
En el resto del país, las microempresas y pequeñas empresas —que representan el 99,5% del universo empresarial del país, según Contribuyentes por Respeto— son de competencia de los gobiernos regionales. Estas instituciones no tienen los recursos económicos ni humanos para desempeñar su laboral fiscalizadora. De ahí que la Sunafil haya destacado a 81 de sus inspectores auxiliares a estas entidades para apoyarlas, precisa Cáceres.
En una entrevista radial el fin de semana, Alfonso Grados, titular del Mintra, criticó esta fragmentación de la fiscalización laboral.
Ámbito limitado
Grados señaló que se cuenta con 465 inspectores laborales en el país, mientras que la población económicamente activa suma 16,5 millones. Por ello, el laboralista Jorge Toyama apunta que se necesitan por lo menos 2.000 inspectores, según recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Aun así, disminuir significativamente los niveles de informalidad laboral en el país no dependerá exclusivamente del incremento de la cantidad de inspectores laborales. Cáceres explica que tanto la Sunafil como los gobiernos regionales y el Mintra están limitados a abordar casos de empresas formales que vulneren derechos laborales, pero no pueden hacer nada frente a una empresa informal. Es decir, su labor solo impacta en el 30% de la fuerza laboral.
Esta realidad se debe a que los entes con responsabilidades inspectivas se guían por las planillas electrónicas y los RUC. Quienes no figuran en estos registros “son empresas informales puras y requieren una estrategia intersectorial nacional. Estas son la mayoría del país”, explica Cáceres.
La conclusión es tan dura como la tragedia de la galería Nicolini: no existe una entidad específica y con competencias para velar por los derechos laborales de los trabajadores de empresas informales.
Denuncias y recursos
“Requerimos el apoyo de los propios trabajadores”, afirmó Grados el fin de semana. Destacó, por ejemplo, que no se recibió ninguna denuncia de los trabajadores en los almacenes incendiados en Las Malvinas sobre sus condiciones laborales.
Esto es relevante, pues, por ejemplo, el 70% de inspecciones laborales de la Sunafil responde a denuncias. Esto es similar a lo que sucede en otros países, según Toyama.
De ahí que el especialista considera necesario que exista conocimiento de los trabajadores de sus derechos para que los niveles de informalidad se puedan reducir. “No hay un chip en los trabajadores que [les recuerde que] tienen derechos y son exigibles”, anota el experto.
La Sunafil recibe más de 36.000 denuncias al año. Y si bien solo actúa sobre medianas y grandes empresas, sus recursos son limitados. El presupuesto asignado para este año es de S/86 millones, pero la entidad solicitó S/42 millones adicionales.
“Así podremos lograr el ascenso de 74 inspectores y financiar cuatro intendencias regionales este año: Cusco, Piura, Callao y Lambayeque”, detalla Cáceres. El próximo año se requerirá aun más presupuesto para la implementación progresiva, tanto de más inspectores como de otras intendencias regionales.
Toyama agrega la necesidad de dotar recursos para realizar visitas a minas alejadas, a campos petroleros y a zonas madereras de explotación infantil, así como para contar con el equipo técnico que permita, por ejemplo, evaluar el nivel de calor en una fábrica. “En algunos casos, cuando los inspectores visitan empresas con riesgos, estas les tienen que dar los equipos de protección. La Sunafil no los tiene”, detalla.
