El oro que nos puede costar el futuro: una radiografía de la minería ilegal en el Perú

Perú concentra una gran riqueza minera. Plata, cobre, oro, zinc, se encuentran distribuidos a lo largo de una geografía tan diversa como generosa. Esta abundancia de recursos ha posicionado históricamente al país como un actor clave en la producción y reserva de minerales. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿qué frena el desarrollo minero del Perú?

Por ejemplo, la prosperidad minera del Perú, especialmente por la producción de oro, nos colocó desde mediados de la década del 90’ como el primer productor en América Latina y el cuarto en el mundo. El crecimiento fue constante hasta tocar fondo en el 2020.

Varios de los puestos que hoy el Perú ostenta en los rankings internacionales son apenas reflejo de lo que alguna vez fue. La caída fue significativa, gatillando nuestra salida de los diez principales productores de oro en el mundo.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), nuestro país exporta el 44% del oro ilegal que se produce en Sudamérica, de acuerdo con un reporte publicado el 2024. Lejos de toda transparencia y formalidad, el Perú ocupa una posición que nos debería hacer confrontar los mercados ilegales que mueven esta economía en las sombras.

Costo humano y ambiental

Paola Bustamante, directora de Videnza y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, la minería ilegal socava la confianza en el Estado. Cuando las instituciones no logran frenar este delito, o cuando el Congreso promueve leyes que lo favorecen, la ciudadanía percibe un Estado débil e incapaz de garantizar seguridad. La desconfianza crece como un círculo vicioso: a más impunidad, menos legitimidad.

Pero el daño va más allá. Nuestra riqueza, lejos de traducirse en desarrollo, es vendida ilegalmente y arrastra consigo una estela de violencia y trata de personas.

La minería ilegal atrae redes criminales que lucran con la explotación. Un problema respecto al cual el Estado peruano debería tomar las riendas para solucionarlos.

“Solo se encuentran menos del 40% a los niños y adolescentes desaparecidos en el Perú”, comenta Bustamante. “Es otra mirada que nos da a entender que la amenaza está más cerca de lo que pensamos”, añadió en conversación con Corresponsales Escolares de El Comercio.

Sumado a esto, el crimen organizado encuentra entornos donde expandirse con extorsiones, amenazas y lavado de dinero. Delitos que son normalizados mientras las mafias protegen a mineros ilegales a cambio de control territorial.

“El resultado es un círculo vicioso: a mayor minería ilegal, más delitos conexos. A más impunidad, menos fe en las instituciones”, concluyó Bustamante.

Esta actividad también genera graves impactos en el ambiente: ríos contaminados, intoxicación en poblaciones, deforestación. De acuerdo con Deicy Sánchez, ingeniera forestal, la minería formal debe cumplir estrictas normas de agua y aire. La ilegal, en cambio, evade estos costos, significando un daño ambiental incalculable.

REINFO: ¿Vía de formalización o fachada para la ilegalidad?

“Está claro que el REINFO ha servido como mecanismo para darle una cobertura legal a actividades ilícitas en muchos casos”, sostuvo Bustamante. Pese a esto, el Congreso amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025, y el gobierno lo oficializó el domingo 29 de junio. Además, expertos han advertido que poner en marcha el RENAPMAT es, en esencia, lo mismo que el antiguo Reinfo. Un cambio de nombre para perpetuar la informalidad.

Irónicamente, el Estado ha reducido en 37% el presupuesto para combatir la minería ilegal en los últimos 5 años, de acuerdo con datos presentados por Carlos Gallardo, gerente general del IPE. Ante ello, Bustamante afirmó que “las políticas solo son prioridad cuando reciben presupuesto, no cuando están en los discursos de las autoridades”.

Educación: la base del cambio

“La columna vertebral de un país es su educación”, sostiene el académico Juan Jara, quien junto a Bustamante enfatizan la urgencia de formar profesionales íntegros desde las aulas. Esta transformación debe extenderse a las universidades, donde se forja a los futuros tomadores de decisiones con sólidos principios éticos.

“No es un tema menor el que hablemos de educación, pero una con valores”, afirmó Bustamante.

¿Y qué podemos hacer los jóvenes ahora mismo? Deicy Sánchez, ingeniera forestal, propone redes juveniles para sensibilizar sobre el costo real de la minería ilegal. La consigna es clara: ciudadanos activos, desde el colegio hasta la vida profesional, son la barrera más fuerte contra este flagelo.

Por su parte, Marita Chappuis, ingeniera de minas, señaló que el cambio comienza desde nuestros entornos más cercanos. ¿Cómo exigir formalidad si no regularizamos primero nuestras propias acciones?

Elecciones 2026: oro que puede corroer nuestra democracia

Según IPSOS, 71% de los peruanos cree que las campañas electorales de 2026 serán financiadas con dinero de la minería ilegal.

“Manejan más fondos que el narcotráfico y buscan infiltrarse en el Estado”, advierte Paola Bustamante. El peligro es inminente: candidatos financiados por esta economía criminal favorecerían luego sus intereses desde el poder, debilitando aún más la institucionalidad peruana.

“Se necesita de gente de buena voluntad, que esté dispuesta a trabajar en política y que tengan valores sólidos”, agregó Raúl Benavides, ingeniero de minas consultado por Corresponsales Escolares de El Comercio.

La responsabilidad recae en nosotros, los electores, para exigir y elegir autoridades con propuestas que aborden y planteen soluciones a la minería ilegal. El voto informado es clave.