5 de abril: Los hechos y las medidas económicas tras el golpe

El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori anunciaba vía señal abierta que disolvería el Congreso de la República, medida que vendría acompañada de una serie de decretos legislativos orientados a la liberalización de la economía peruana. Un número importante de las reformas estructurales que redujeron la intervención del Estado en la economía e impulsaron la apertura del país se dieron en forma de decretos ley emitidos durante el autodenominado "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional".

En palabras de Alberto Fujimori, uno de los motivos del autogolpe fue facilitar medidas destinadas a “promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que dé seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes económicos".

RESPUESTAS TRAS EL AUTOGOLPE
Al amanecer del 6 de abril, el entusiasmo de Fujimori se transformó en incertidumbre para los mercados. La Bolsa de Valores de Lima tuvo una severa caída, mientras que el tipo de cambio aumentaba. La Confiep sostuvo dos reuniones de emergencia ese día. Las versiones de aquellos días señalaban que el principal gremio empresarial evaluaba la reacción internacional al autogolpe, en especial el  posible recorte de la ayuda económica.

En efecto, el 7 de abril de 1992 Estados Unidos congeló toda la ayuda económica y militar al Perú. Según la vocera de la Casa Blanca, Judy Smith, la ayuda suspendida bordeaba los US$30 millones en asistencia económica y US$15,4 millones en fondos militares.

De forma similar actuaron países como Alemania, España y Brasil. Este último suspendió dos importantes proyectos bilaterales con el Perú estimados en US$2.000 millones.

El autogolpe también se tradujo en una breve contracción crediticia y monetaria ¿La razón? La fuga de depósitos. Se calcula que US$232 millones salieron del país solo en abril.

EN PERSPECTIVA
Luego del autogolpe, el gobierno de Alberto Fujimori profundizó las reformas económicas que venía implementando bajo las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial. Así, ese año se amplió el espectro de las reformas aprobadas en 1991- periodo en el que se aprobaron 178 decretos para liberalizar los mercados e impulsar la inversión privada-, aplicándolas a sectores como las pensiones y la educación. 

Con el funcionamiento de la Comisión de la Promoción a la Inversión Privada (COPRI) y la creación de diferentes CEPRIs, la cantidad de empresas privatizadas ese año se multiplicó por diez, según recuerdan los investigadores Alberto Pascó-Font y Jaime Saavedra. Ese mismo año destacó el caso de Hierro Perú, vendida el 5 de noviembre de 1992 por US$120 millones. 

Casi dos años después, el proceso de privatizaciones alcanzó su hito mayor, con la venta de las acciones del Estado en CPT y Entel Perú a Telefónica por US$2.002 millones. 

Pero luego de su reelección, en 1995, Fujimori perdió el entusiasmo por estos instrumentos. Petroperú solo se privatizó parcialmente (la refinería de La Pampilla y los grifos, vendidos a Repsol), la venta o concesión de Sedapal fue encarpetada, y, en 1998, discrepancias entre el Gobierno y el consorcio Shell-Mobil llevaron a una nueva postergación de la explotación del gas de Camisea. 

Durante los meses posteriores al autogolpe también se estableció el marco para la inversión en gran escala en recursos naturales. Además se otorgó garantías tributarias y jurídicas a las grandes empresas, como los contratos de estabilidad que se establecieron a través de la Ley General de Minería. Los proyectos que han marcado el boom de minería peruana de los últimos años vieron la luz bajo ese marco regulatorio: Cerro Verde, Antamina, Yanacocha, Pierina, Tintaya, entre otros. 

Cabe destacar que según un calculo de la Sunat, los contratos de estabilidad generaron una perdida de entre S/238 millones y S/282 millones.

En mayo de 1992 se efectuó un cambio en la política monetaria, introduciendo instrumentos para realizar operaciones de mercado abierto. Fue el preámbulo de un cambio clave introducido en la Constitución de 1993: el establecimiento de la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva. Gracias a ello, en 1997 la inflación finalmente bajó a niveles de un dígito, de los cuales no se ha movido en 20 años. Hoy, el incremento de los precios está anclado dentro del rango meta del BCR, de 1% a 3%.  

En junio de 1992, empezó a regir una nueva Ley de Bancos y Seguros. Una reforma integral de la Sunat condujo a un incremento de la presión tributaria por primera vez en años.

También se anunció la reestructuración del sector financiero, el aumento de las remuneraciones en el Estado, y se promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas mediante el Decreto Legislativo 25844, que estableció un nuevo sistema tarifario y la concesión de la ejecución del servicio al sector privado.

De otro lado, el gobierno optó por reducir los aranceles (el impuesto que se cobra sobre las importaciones), de un promedio de 66% a 16%.

Sin embargo, no todo fue ortodoxia en la política económica post-autogolpe: en 1993, el régimen de Fujimori dispuso la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las empresas industriales ubicadas en la región de la Selva que realizaban no menos del 75 % de sus operaciones en ese lugar.

Meses después, se derogó la norma que sustentaba el Sistema de Conversión de Deuda Pública Externa en Inversión (CDI), lo que permitió realizar operaciones de Canje de Deuda por Privatización (CDP). El investigador Víctor Nomberto anota que mediante el mecanismo CDP, vigente hasta mayo de 1996, se realizaron seis privatizaciones.

Además de la independencia del BCR, la constitución de 1993 trajo un crucial cambio en el contenido de su capítulo económico, que consagró el papel preponderante de la iniciativa privada y dejó al Estado un rol subsidiario en su actividad empresarial. 

¿Cuál es el balance de estas transformaciones? En la década de los 80, el PBI per cápita, en términos reales, se redujo en un tercio. En la década de los 90, retomó el crecimiento y aumentó en más de 20%.Finalmente, en la primera década del nuevo milenio, cuando a la liberalización económica se sumó la democracia plena y un oportuno boom de commodities, el incremento acumulado del PBI per cápita fue de más de 50%.