Colegios privados en crisis por la pandemia: deserción y nuevas exigencias del Minedu los tienen contra las cuerdas

Si bien el reinicio de las clases se da en medio de cierto optimismo por el proceso de vacunación contra el COVID-19, las secuelas de la enfermedad aún siguen aquejando a los colegios y a los estudiantes.

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Al respecto, Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), señala que el número de matriculados durante la primera semana de marzo llegó a un 60% de la oferta disponible. Una cifra menor a la que registraban en años pasados.

“A estas alturas, nosotros deberíamos estar al 90% de los matriculados y al 15 de marzo, al 100%. Sin embargo, en este momento estamos al 65%. Eso nos hace suponer que a la quincena de marzo llegaremos a un 80%”, detalla Palomino.

En similar situación se encuentran los nidos, cuyo número de matrículas en el 2021 sería igual o menor a la cifra de alumnos que registraron al cierre del 2020, cuando apenas tenían un 40% del alumnado con el que iniciaron el 2020, indica Vaneza Urueta, presidenta de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú (ANGP).

El estado de las guarderías es aún más dramático. Estas siguen sin poder operar, ya que el servicio que ofrecen solo puede realizarse de manera presencial.

DESERCIÓN Y CIERRE

La disminución en el número de matrículas en nidos y colegios privados pone sobre la mesa una incógnita: ¿dónde estudian esos niños y adolescentes que dejaron la escuela?

En el caso de los colegios privados, como se ha mencionado, la matrícula sería 20% menor respecto al 2020. Esto equivale a 400.000 estudiantes menos. De ese grupo, Palomino señala que un 25% migró a escuelas públicas y un 75% no está estudiando.

La directora general de la Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Mariela Zapata, en cambio, indica que en el 2020 más de 350.000 estudiantes migraron de una escuela privada a una pública.

Asimismo, Zapata menciona que en educación inicial, primaria y secundaria, la tasa de alumnos que interrumpió sus estudios es de 4,1%, 1,9% y 2,8%, respectivamente. En ese mismo orden, los porcentajes equivaldrían a alrededor de 75.000, 70.000 y 73.000 estudiantes que dejaron la escuela en el 2020.

Para hacerle frente a esta situación, Zapata explica que el Minedu está implementando una serie de acciones y estrategias como contactar a las familias de los estudiantes y hacerles seguimiento. También menciona que están incrementando la oferta de las vacantes en las escuelas públicas.

Incrementar la oferta en las escuelas públicas parece ser una urgencia si se tiene en cuenta que, además de las dificultades de algunos padres de familia para solventar las pensiones, se suma el cierre de cerca de 5.000 escuelas privadas en el Perú, durante el 2020, señala Palomino.

En esa línea, el presidente de Acopril explica que la mayoría de escuelas que dejaron de operar son nidos.

No obstante, Zapata, del Minedu, indica que ellos no manejan las mismas cifras de Acopril y de otros gremios. “A enero del 2021, 304 colegios han pedido formalmente el cierre de sus operaciones al Minedu. Estos tenían alrededor de 6.000 estudiantes”, precisa.

Urueta explica que la diferencia entre las cifras de los gremios de colegios y nidos con las que maneja el Minedu se debe a que solo algunas escuelas solicitan el cierre definitivo (las que el Minedu contabiliza). Otras solicitan el cierre temporal por uno o dos años, y las restantes dejan de operar pero sin notificar a las autoridades.

Asimismo, Urueta precisa que una de las razones por las cuales los nidos han sido las instituciones educativas más afectadas por la pandemia, es que los padres y algunos funcionarios consideran que la educación de los niños menores de cinco años puede esperar. Sin embargo, la presidenta de ANGP lamenta que exista esa idea, ya que en los primeros años la educación es fundamental para desarrollar las habilidades y las capacidades de los niños.

“A veces, al niño se le ve como disminuido, se le ve menos importante respecto a los mayores. Pero la realidad es todo lo contrario. Si inviertes en educación en la primera infancia, vas a invertir menos cuando esa persona sea grande”, afirma Urueta.

REGLAMENTO

Otro factor que genera diferencias entre el Minedu y los gremios de instituciones educativas privadas es un reglamento que le exige a estos últimos cumplir con condiciones básicas de calidad.

Como se recuerda, a fines de febrero del 2021, el Minedu publicó el “Reglamento de instituciones educativas privadas de Educación Básica”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005-2021. Este documento, según el ministerio, busca revertir la informalidad en la prestación del servicio educativo.

“Después de la publicación de este reglamento, publicado vía Decreto Supremo, va a salir una Resolución Ministerial, donde ya se aterrice a nivel de indicadores las seis condiciones básicas de calidad. A partir de la publicación de esa norma, los colegios tendrán tres años para adaptarse y pueden tener dos años adicionales si es que el Minedu decide ampliar ese plazo”, explica Zapata.

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Las seis condiciones básicas de calidad abordan la gestión institucional; la gestión pedagógica; la infraestructura educativa; el personal directivo, docente y administrativo calificados para la provisión del servicio educativo; servicios complementarios que garanticen la seguridad y el bienestar de los estudiantes; y la previsión económica y financiera que garantice la continuidad y sostenibilidad del servicio educativo.

Al respecto, el presidente de Acopril menciona que desde el gremio que representan están a favor de que se mejore la calidad en la educación básica. Sin embargo, considera que la medida es inoportuna dado que el Perú se encuentra en una coyuntura de crisis económica y sanitaria.

“Más pareciera que se quiere beneficiar a grupos económicos que tienen cadenas de colegios. Creo que este reglamento persigue una monopolización de la educación privada, ya que como consecuencia de esta norma van a cerrar los colegios pequeños. Eso es lo que sentimos los promotores de colegios privados con pensiones sociales, que somos las mayoría, un 75%”, afirma Palomino.

Por su parte, Urueta, de ANGP, considera, al igual que Palomino, que la publicación del reglamento es inoportuna, debido a que actualmente tienen graves dificultades financieras.

“Es inoportuno. Estamos con muchos problemas. Tenemos deudas, estamos dando becas, no tenemos matrícula regular, y ahora nos dan una carga mayor con el reglamento. Pese a ello, nosotros vamos a adecuarnos, pero sabemos que esto significa el quiebre de miles de instituciones”, menciona Urueta.

Asimismo, la presidenta de ANGP menciona que las instituciones privadas están sujetas a fiscalización por el Indecopi y por el Minedu. A estas fiscalizaciones se sumaría el esfuerzo para adecuarse a lo que exige el reglamento del Minedu. Esto, según Urueta, los afecta negativamente en el contexto de la pandemia, cuando muchos padres han optado por retirar a sus hijos de los nidos y contratar de manera informal a profesores para que se encarguen de la educación de los niños.

“¿Quién regula lo que el niño está aprendiendo? ¿Qué impuestos pagan esos profesores por las clases privadas? ¿Quién los fiscaliza? En el caso de quienes estudian en colegios públicos, ¿quién escucha a esos padres?”, cuestiona Urueta.

Por su parte, Jessyca Sampe, gerenta de Educación de Innova Schools, señala que toda norma que busque elevar la calidad del servicio educativo es positiva dado que los grandes beneficiados son los estudiantes, pero al mismo tiempo esta debe ser una norma que incentive a invertir en una educación de calidad.

“Es importante que una norma de este tipo también fomente la innovación educativa, y que además asegure la predictibilidad en los procesos. Lo que es importante es que, en búsqueda de un mejor nivel en la calidad del servicio educativo, no se terminen generando desincentivos para quienes apostamos por la educación privada de calidad en el país”, afirma Sampe.

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Además, Sampe menciona que un punto importante a destacar es que, al margen del contenido del reglamento, si se busca elevar la calidad educativa escolar, la norma debería aplicar no solo a los colegios privados, sino también a los estatales. “Más del 70% de los centros educativos pertenecen al sector público. Debemos apostar por una mejora del sistema educativo en su totalidad”, agrega.

Respecto a los cuestionamientos de que la norma es inoportuna y discriminatoria, y que, por tanto, generaría cierres de escuelas, Zapata, del Minedu, indica que es prematuro afirmar eso, ya que aún no se ha identificado o medido quiénes cumplen y quiénes no con las condiciones básicas.

“Si [algunos] afirman que esta medida va a hacer que muchos colegios cierren, significa que muchos colegios que actualmente están operando no cumplen con las condiciones básicas. Yo creo que muchos sí las cumplen y son muy buenos colegios. Nosotros apostamos por que los colegios privados buenos y muy buenos se queden”, indica Zapata.

En esa línea, Zapata aclara que los colegios que tengan dificultades para cumplir con las condiciones tendrán un plazo para adecuarse. “Creo que todos estamos de acuerdo en que un colegio no puede abrir u operar, por ejemplo, si no tiene una infraestructura adecuada, si es que no está alineado al currículo de educación básica, si no tiene un personal calificado”, subraya Zapata.

Por lo visto, la crisis del sector educativo privado parece no estar cerca de terminar. El regreso a clases presenciales es otro tema que les genera ciertas diferencias con el Minedu. Al menos, así lo señalan los gremios consultados.

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