Carencias básicas: las brechas que son un reto para la competitividad

En los últimos 20 años, se avanzó mucho en reducir la pobreza y se amplió la base de usuarios de servicios básicos, como un 89% de la población con agua potable o un 95% con luz eléctrica, pero diversos estudios de medición de calidad de los reguladores y de la Defensoría del Pueblo confirman que existe un grado alto de insatisfacción por variedad de deficiencias.

Miremos, por ejemplo, el caso del agua. Leonie Roca Voto Bernales, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), detalla que solo el 17% de los hogares sin acceso a la red pública de agua se abastece por un camión cisterna: el resto acude al río, acequia u otros.

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La brecha, añade, empeora cuando se mide el alcantarillado: 28,8% de hogares no tienen acceso y en la zona rural, la cifra asciende a 80,2%. Además, en varias áreas el agua potable dura solo seis horas al día (1,3 en Pucusana). Y en términos de calidad, solo el 35% de hogares del país accede a agua segura (cloro ≥ 0,5 mg / litro), y la cifra baja a 4,2% en ciudades como Pasco, dijo.

Estos indicadores conllevan una alta insatisfacción en el servicio público. Miguel Andrés Jaramillo, economista del Concejo Privado de Competitividad (CPC), refiere que esto se traduce en un alto nivel de desconfianza del ciudadano hacia el Estado y sus servicios (40% según la Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana del 2017).

A nivel regional estas carencias nos dejan “peor parados” que nuestros vecinos. Jaramillo cita que en el Latinobarómetro del 2018, el 41% de la población declara no haber utilizado los servicios de educación, salud, seguridad, servicios municipales o subsidios del Estado. Esta cifra resulta ser la más alta entre los 18 países medidos.

El Reporte de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, añade Roca, nos ubica en el puesto 79 de 141 economías en infraestructura de servicios públicos. “Estamos rezagados frente a Chile, Uruguay, Argentina y somos el último en la Alianza del Pacífico”, señala.

37% del presupuesto del 2020 es para el gasto social. En este rubro se incluyen los sectores de educación, salud, protección social, saneamiento, vivienda, desarrollo urbano, cultura y deporte.

EL GRAN RETO

La calidad de la prestación de servicios públicos, recalca Roca, es lo más importante para la ciudadanía y cuando existen brechas se produce insatisfacción social. “El centro de las políticas públicas en el Perú debe ser el ciudadano”, agrega Jaramillo, quien considera que cuando se satisfacen estos aspectos básicos para el bienestar hay un impacto en la competitividad como país.

“Esta baja satisfacción no es sostenible. Por eso el CPC incorporó este año los factores de eficiencia del sector público y salud, los cuales se suman al capital humano e infraestructura”, añade.

La salud y la educación son los que hoy generan más descontento, agrega Rafael Dasso, CEO de InRetail Pharma, quien además lamenta que el presupuesto para ellos sea de los más bajos en la región.

El camino, agrega Jaramillo, pasa por el rediseño de políticas públicas, sí, pero también por cambios en el modelo de inversión (incentivar el aporte de los privados en lugar del público) sumado a mejoras en la supervisión de los reguladores, según Defensoría del Pueblo.