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Agua: un paso adelante, dos atrás, por José Luis Bonifaz

“Los más castigados son los más pobres sin servicios que tienen que comprar el agua a camiones cisterna”, señala el Director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico

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"El problema central de las EPS es la mala gestión empresarial producto de la intromisión política", señala. (GEC)

Este 25 de febrero se publicó el Decreto Supremo N° 009-2019-Vivienda, que deroga el Decreto Supremo N° 018-2018-Vivienda, el cual aprobaba un procedimiento especial para la selección de operadores de gestión de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).

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El RAT, según la ley, es un régimen en el que pueden estar las EPS luego de que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) realiza un proceso de evaluación sobre su solvencia económica y financiera. El pase de una EPS al RAT tiene como consecuencia la suspensión de los derechos de los alcaldes, la remoción de los miembros del directorio y la transferencia temporal de acciones de titularidad de las municipalidades a un fideicomiso. Bajo este régimen, la administración de los servicios se encontrará a cargo de un directorio designado por Otass durante el tiempo que resulte necesario. Actualmente, existen 18 EPS en el RAT.

Como se sabe, el problema central de las EPS es la mala gestión empresarial producto de la intromisión política. 

Buenos profesionales no sobreviven en las EPS debido a los bajos sueldos y a los nulos incentivos laborales. Por eso, Otass incorporó la posibilidad de entrada controlada del sector privado para las EPS que estén en el RAT. Se trataba de promover la participación del sector privado mediante contratos de gestión para operar plantas de tratamiento, operaciones de facturación y cobranza, instalación de medidores y hasta la propia gestión sujeta a cumplimiento de indicadores de desempeño.

El objetivo de la norma no era la privatización de las EPS. Era, más bien, introducir tecnología proveniente del sector privado mediante el manejo controlado de la operación de algunos servicios. Son contratos de gestión los que se buscaban y no de cambio en el régimen de propiedad de la EPS.

Sin embargo, esta posibilidad ha sido desechada con este último decreto supremo. ¿Cuál es la razón de tal retroceso? Simplemente temor a marchas de la población por falsos mitos en contra de la supuesta privatización encubierta a través de Otass.

Ya en Moquegua, el año pasado, hubo un retroceso del Gobierno Central para detener el aumento tarifario que correspondía para ejecutar obras importantes. Ahora, una nueva presión del sindicato hace que el Gobierno nuevamente retroceda.

Por lo tanto, es un mito eso de querer privatizar las EPS mediante el decreto supremo derogado. El Gobierno dio un paso adelante, pero acaba de dar dos pasos atrás.

Nuevamente los más castigados son los más pobres sin servicio que tienen que comprar el agua a camiones cisterna por S/15 el m3, cuando podrían pagar solo S/2. En un sector con pobres indicadores desde hace más de 25 años, esto es un grave retroceso.

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