La política fiscal es una herramienta poderosa con la que cuentan los gobiernos para inducir un mayor bienestar social. Tener una sólida posición fiscal ayuda a enfrentar contingencias complicadas, como una pandemia. Asimismo, al reducirse la percepción de riesgo, se induce una reducción estructural de las tasas de interés de mediano plazo.
La política fiscal es una herramienta poderosa con la que cuentan los gobiernos para inducir un mayor bienestar social. Tener una sólida posición fiscal ayuda a enfrentar contingencias complicadas, como una pandemia. Asimismo, al reducirse la percepción de riesgo, se induce una reducción estructural de las tasas de interés de mediano plazo.
Lamentablemente, desde hace algunos años, estamos presenciando un deterioro de la posición fiscal en Perú. Es cierto que el nivel de endeudamiento (31,1% en el primer trimestre), es aún bajo. Sin embargo, hace diez años era inferior a 20%. La deuda pública neta (de los activos del gobierno) ha mostrado un deterioro más marcado: ha pasado de 3% en 2014 a alrededor de 23% en 2024. No solo nos hemos endeudado más, sino que también hemos consumido los ahorros del gobierno.
Hacia adelante, las señales siguen siendo preocupantes para la posición fiscal. Por ejemplo, el gobierno ha anunciado que solicitará elevar el techo del déficit fiscal de 2,2% a 2,8% para este año. Posiblemente esto implicará que toda la senda de consolidación fiscal que nos debería regresar a déficits no mayores al 1% del PBI tenga que ser flexibilizada, lo que implicará más deuda. Esta flexibilización sugiere un menor compromiso con la sostenibilidad fiscal. Asimismo, está pendiente de promulgación la iniciativa legislativa para reasignar la distribución del IGV, dando más recursos a los gobiernos municipales. El Consejo Fiscal ha señalado que esta propuesta generará mayores presiones sobre el déficit fiscal y afectará negativamente la calidad del gasto público. Además, existen iniciativas para aumentar los ya onerosos beneficios tributarios (nueva Ley Agraria y para las Zonas Económicas Especiales). Estos beneficios le cuestan al contribuyente alrededor de S/ 24 mil millones, equivalente al 2% del PBI o al 10% de todo el gasto del Gobierno. También está circulando en el Congreso una propuesta para subir las pensiones de jubilados bajo los regímenes 19990 y 20530 que costaría S/ 4.800 millones anuales (0,4% del PBI). Finalmente, existen otros elementos de riesgos sobre las finanzas públicas: la situación de Petroperú, los recursos que demandará el cumplimiento de la Ley de Pensiones, una ambiciosa cartera de infraestructura por concesionar, posibles iniciativas populistas que impliquen más gasto o exoneraciones tributarias, entre otros.
Tenemos que recuperar el espacio fiscal para reducir nuestra vulnerabilidad en un contexto global más volátil e incierto. ¿Qué hacer? Por el lado de los ingresos, elevar la recaudación combatiendo la evasión y la elusión tributaria. Se estima que por cada punto que cae el incumplimiento tributario del Impuesto a la Renta o en del IGV, la recaudación puede aumentar unos S/ 800 millones. También se debe racionalizar los ineficientes beneficios tributarios. Por el lado de los gastos, se debe contener el gasto en remuneraciones que se ha elevado sensiblemente en los últimos años (de 5% en 2012 a 6,2% del PBI en 2024) y focalizar mejor las transferencias.
Aún estamos a tiempo para contener un mayor deterioro y evitar que las circunstancias obliguen a realizar un ajuste doloroso, como el que vimos en Colombia luego de que perdiera el grado de inversión hace pocos años. No es mucho lo que esta administración puede y, al parecer, quiere hacer. La palabra la tendrán las nuevas autoridades que se elegirán en 2026.
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