Las finanzas públicas del mundo enfrentan una situación cada vez más incómoda: la deuda crece y financiarla cuesta más. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública global pasó de poco más del 60% del PBI a comienzos de los 2000 a más del 90% en la actualidad, cerca de los niveles alcanzados durante la pandemia. Además, las tasas de interés vienen subiendo. La combinación de alta deuda y costos de financiación crecientes implica que los gobiernos destinan una mayor proporción de sus recursos para pagar sus obligaciones de deuda y esto reduce el margen para invertir, financiar programas sociales o responder a emergencias.
La sostenibilidad fiscal depende, en buena medida, de la relación entre la tasa de interés de la deuda (r) y el crecimiento de la economía (g). Cuando la economía crece más rápido que el costo de endeudarse (r < g), resulta más fácil reducir el peso de la deuda sobre el PBI. Pero si los intereses superan al crecimiento (r > g), estabilizar la ratio de deuda sobre PBI exige un esfuerzo fiscal: generar un determinado nivel de superávit primario (ingresos mayores a los gastos antes del pago de intereses). Cuanto mayores sean la deuda y la brecha entre r y g, más exigente será el superávit primario que permite estabilizar la deuda. El esfuerzo fiscal será la diferencia entre este superávit y el resultado primario actual.
Apliquemos la aritmética fiscal a Francia, país en el que las cuentas públicas se encuentran bajo presión en un entorno en el que las tasas de interés están superando su ritmo de crecimiento (r > g). Su deuda pública se ubica en 122% del PBI y el costo de financiación ha subido de 3,5% a principios de año a casi el 5,0%. Con un crecimiento similar al promedio de los últimos tres años que apenas superó el 1,0%, estabilizar la deuda exigiría un superávit primario equivalente al 2,4% del PBI. Tomando la proyección del FMI de 2,8% para el déficit primario al cierre de 2026, el esfuerzo fiscal requerido sería de 5,2 puntos del PBI, comparable al ajuste fiscal aplicado por Javier Milei en Argentina durante 2024.
El contraste con el Perú es notable. La deuda pública se mantiene por debajo del 30% del PBI y el déficit fiscal cerraría 2026 entre el 1,5% y el 2%. A ello se suma un crecimiento tendencial cercano al 3,5%. Aunque el financiamiento se ha encarecido por factores externos, las cuentas públicas conservan una posición relativamente sólida.
Esa fortaleza permite afrontar contingencias. Por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar medidas para mitigar los efectos de El Niño por un monto ligeramente superior a un punto del PBI, con apoyo focalizado en la población más vulnerable. El gasto elevará temporalmente el déficit, pero no se espera que comprometa la sostenibilidad fiscal.
La lección es clara: unas finanzas públicas ordenadas son un respaldo para proteger a la población cuando más lo necesita y para evitar ajustes disruptivos. Preservarlas es una responsabilidad que beneficia a todos y, especialmente, a los sectores menos favorecidos.
