La Contraloría recomendó al titular de Petroperú disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado. FOTO: GEC.
La Contraloría recomendó al titular de Petroperú disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado. FOTO: GEC.
Redacción EC

La Contraloría General de la República informó que, según los resultados de tres informes de control posterior realizados a la empresa , se registró un perjuicio económico valorizado en un total de S/3,615.091 como resultado de una serie de deficiencias en la gestión de diversos servicios adquiridos por la petrolera estatal y por lo cual se determinó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en ocho funcionarios de dicha entidad.

Según el informe del , cuyo período de evaluación comprende de abril 2016 a setiembre de 2018, como parte de las actividades de mantenimiento y protección de la zona ribereña en la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en la región Loreto, se contrató los servicios de restitución de ribera en zona de caseta de bombas contraincendio para dicha estación y de relleno de arena para dicha restitución de ribera, por las sumas de S/1,920,803.11 y S/593,273.50, respectivamente.

Ambos servicios fueron solicitados en respuesta a un aviso de avería reportado en 2016 por parte del Supervisor de Estación, debido a que el río Marañón había erosionado considerablemente la ribera y eso dañó parte de los terrenos adyacentes a la edificación. Este hallazgo significó una alerta sobre probables situaciones de riesgo que podrían comprometer la infraestructura del ONP.

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De acuerdo con la Contraloría, en setiembre de 2017, se contrató el servicio de restitución que consistía en construir una estructura metálica con pilotes y planchas de acero en la ribera, y ello se iba a complementar con el servicio de relleno de arena, cuyo objetivo era rellenar el área entre la ribera y la estructura metálica.

Sin embargo, habiendo transcurrido aproximadamente dos meses desde la recepción y conformidad de ambos servicios por parte de Petroperú, el pasado 4 de julio de 2018, la estructura metálica hacia el lado del río se derrumbó ocasionando pérdida de material de relleno y un perjuicio económico para la petrolera estatal de S/2,514,076.61

Al respecto, la comisión de control realizó una visita de inspección a la zona involucrada el 22 y 23 de abril de 2024 indicando que, a la fecha, dicha estructura metálica no cumple el fin de contención y no se encuentra elevada, debido a que el nivel del agua del río Marañón cubre la zona donde se encontraba la pantalla metálica. También se constató que el estado de erosión de la ribera del río subsiste, lo cual pone en riesgo la caseta del sistema contraincendio, ya que se encuentra sostenida solo por pilotes.

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De esta manera, el informe establece que Petroperú no realizó una correcta elaboración y determinación del requerimiento del servicio de restitución de ribera al no evaluar aspectos técnicos vinculados, tales como las cargas que actuarían sobre la estructura metálica (niveles del río Marañón y la presión material del relleno), estudio de mecánica de suelos y la condición física mecánica de las tuberías empleadas como pilotes y la profundidad de hincado de estos, lo cual no se ciñe a lo establecido en el Reglamento de Adquisición y Contrataciones de Petroperú, y en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, provocando así la caída de la estructura metálica al río Marañón.

Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en dos funcionarios de la empresa estatal, y se recomendó al titular de Petroperú disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado, el inicio de las acciones civiles contra los involucrados en los hechos de la irregularidad, con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan.

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