¿Existen sistemas para tratar aguas residuales en el Perú?

INFORME IPE- EL COMERCIO

Hace pocos días Pro Inversión comunicó que se adjudicarán 15 proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales por US$1.100 millones en los próximos dos años. El anuncio va en línea con el mensaje de Fiestas Patrias del presidente Kuczynski, en el que planteó darle prioridad al tema.

Según comentó entonces el mandatario, “hoy aproximadamente solo el 15% es tratado y el resto revierte a nuestros ríos, lagos y al mar”.
Para resolver el problema de la contaminación, las plantas de tratamiento de agua residuales (PTAR) se encargan de garantizar que las aguas servidas –de origen humano o industrial– regresen a los medios naturales o puedan ser reutilizadas en actividades industriales, riego o, incluso, para consumo humano.

Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en el Perú la cobertura de aguas residuales todavía es muy limitada. De las 253 localidades atendidas por las EPS, el 35% no cuenta con infraestructura alguna de tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas servidas de las EPS grandes (de 40 mil hasta 1 millón de conexiones) llega al 58%, mientras que en las EPS medianas (desde 15 mil hasta 40 mil conexiones) y pequeñas (hasta 15 mil conexiones) tan solo es de 36% y 10%, respectivamente. A nivel nacional, las PTAR tienen una capacidad de 29,6 metros cúbicos por segundo ( m3/s), entre las cuales destacan Taboada y La Chira.
La planta de Taboada, que se encarga del tratamiento de agua de 27 distritos de Lima y Callao, posee una capacidad de procesamiento de 19 m3 /s. La PTAR La Chira, por su lado, ubicada en el distrito de Chorrillos, tiene una capacidad de tratamiento promedio de 6,3 m3/s.

Existirían, además, 9 PTAR que no se encuentran en funcionamiento debido a la oposición de los vecinos, el colapso del afluente, procesos legales, etc., y 13 con obras de construcción paralizadas por falta de saneamiento de terrenos, arbitrajes, deficiencias de la construcción, entre otros motivos.Para reducir el déficit en el tratamiento de agua, el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 comprende la inversión de S/8.000 millones para la ampliación y construcción de PTAR en ese período. De dicho monto, las regiones de Lima (S/2.200 millones), Piura (S/520 millones) y La Libertad (S/448 millones) registran el mayor gasto esperado. La inversión en tratamiento representa aproximadamente el 20% de la inversión total esperada en saneamiento para este período.

El plan considera que 15 PTAR serían realizadas por mecanismos de asociaciones público-privadas (APP): dos son iniciativas estatales cofinanciadas y el resto son iniciativas privadas cofinanciadas. Entre ellos, dado su nivel de avance, destaca el sistema de tratamiento de las aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca. Esta iniciativa privada cofinanciada comprende nueve municipalidades provinciales de Puno y se desarrollará bajo la modalidad de concesión por un plazo de 30 años.

Para facilitar la ejecución de estas APP, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley en julio que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades. El objetivo es retirar el tratamiento de aguas residuales de las funciones exclusivas en saneamiento de las municipalidades provinciales y distritales y establecer que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tenga competencia directa para promover APP en inversiones de este rubro.
Según José Escaffi, gerente general de AC Pública, la gran ventaja de las APP es que permite evitar la atomización de inversiones por cada una de las 51 entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) y de las más de 350 unidades de gestión municipal (UGM) a nivel nacional. De esta forma, se pueden aprovechar las economías de escala para reducir costos.

Los retos relacionados con la gestión estatal de estas plantas a mediano plazo no son pocos. Por ejemplo, las dificultades de las EPS para cobrar las tarifas que permitan cubrir los costos operativos del tratamiento de aguas residuales generan un riesgo para el fisco, el cual se encargaría de cubrir los gastos que no puedan pagar las EPS. Por otro lado, Escaffi menciona que el gobierno nacional podría contratar a una EPCM (empresa de ingeniería, adquisiciones y gestión de construcción como Bechtel, Technip o Fluor) para que brinde asistencia técnica permanente a los municipios, mientras se hace cargo de la gerencia de la contratación y en la supervisión de la ingeniería y de la ejecución de proyectos de inversión pública como estos.

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