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La Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi sancionó en primera instancia a cinco empresas de transporte terrestre de pasajeros que cubren la ruta Cajamarca - Cajabamba, al detectar que fijaron precios al servicio brindado a los usuarios entre octubre de 2014 y marzo de 2015.
La multa por concertación de precios para las cinco empresas asciende a los S/352.402 (89,91 UIT). Se trata de las empresas Transportes Texas S.A.C., Transporte Rojas S.R.L., Empresa de Transportes Meléndez S.R.L., Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Unión S.R.L., y Corporación Claudimar S.A.C.
El cártel impuso a sus pasajeros incrementos que alcanzaron hasta el 50% del precio del pasaje de transporte, como es el caso de la ruta Cajamarca - Cajabamba (y viceversa), elevándose de S/10 a S/15.
La práctica sancionada fue desarrollada en la ruta mencionada, incluyendo a las rutas intermedias, que unen las ciudades de Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Ichocán, Chancay, Aguas Calientes y Malcas. La CLC estima que esta práctica pudo haber afectado aproximadamente a 121.000 pasajeros durante el periodo mencionado.
Los sobreprecios impuestos concertadamente a sus clientes representan una directa afectación a las condiciones de competencia en el mercado de transporte terrestre de pasajeros entre las ciudades de Cajamarca y Cajabamba, señala la CLC.
La infracción pudo ser detectada a partir de una denuncia de los usuarios del servicio de transporte, que motivó la realización de actividades de investigación por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, con el apoyo de la Oficina Regional del Indecopi en Cajamarca.
La información recabada dio cuenta de la existencia de un acuerdo secreto de precios, lo que finalmente conllevó a que se inicie un procedimiento administrativo sancionador en diciembre del 2016 contra las empresas involucradas.
Esta resolución puede ser apelada en el plazo de 15 días hábiles ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, última instancia administrativa, que podrá confirmar, revocar o anular dicha decisión.
