Jose Jerí y la fiscalía: ¿Qué investigaciones deberá afrontar tras ser censurado por el Congreso?

Tras ser censurado por el Congreso podrá ser objeto del levantamiento de su secreto de comunicaciones y su secreto bancario, en las diversas investigaciones que se siguen en su contra por presuntos delitos de corrupción en agravio del Estado.

Y es que, por 75 a favor, 23 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de la República censuró y removió al también parlamentario de la más alta magistratura del Perú, que le fue delegada por sucesión tras la vacancia de Dina Boluarte.

Precisamente, fuentes del Ministerio Público (MP) señalaron a El Comercio que en esta semana, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez; “comenzará a ejecutar las diligencias que requieran órdenes judiciales como el levantamiento de los secretos bancarios y de comunicaciones y todas aquellas que se requieran y que no se podían realizar”.

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“A partir de pasado mañana a más tardar se iniciarán las diligencias que no se realizaron hasta el momento por las limitaciones que se tenía, se harán todas las necesarias”, anotaron.

Respecto a un posible pedido de impedimento de salida del país, las fuentes señalaron que lo evaluarán conforme se vayan desarrollando las pesquisas. Indicaron que ello podría ser una posibilidad más efectiva si se llega a formalizar investigación preparatoria en algunos de los casos a cargo de la FN o, si el contexto lo requiere, podría hacerse antes.

Luego de Manuel Merino -que estuvo cinco días a cargo de la presidencia- Jerí Oré ocupa el segundo lugar dentro de las gestiones presidenciales más cortas de la historia reciente, con cuatro meses en el cargo.

Ahora, sin la protección que otorga la investidura presidencial, deberá enfrentar “a toda máquina” las tres investigaciones abiertas en su contra que se les sigue por presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal de intereses particulares, cohecho pasivo propio y otros; así como una orden judicial de tratamiento psicológico.

Como se recuerda, debido a la sentencia 00006-2024-CC/TC emitida por el Tribunal Constitucional (TC) -en el caso Dina Boluarte- el Ministerio Público y el Poder Judicial estaban impedidos de adoptar medidas judiciales (allanamientos, impedimentos, levantamiento de secretos), mientras el investigado ejerza la función presidencial puesto que ello dificultaría el adecuado ejercicio de la atribución para dirigir el país.

No obstante, la misma sentencia del TC reafirma que una vez cesado en el cargo presidencial, dicha prerrogativa ya no le asiste, pero deberá continuar siendo procesado como un alto funcionario.

En su última actividad pública, como presidente de la República interino, José Jerí participó en el cambio de guardia en la plaza principal de Palacio de Gobierno. Estuvo acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Jerí Oré, como se recuerda, llegó a ser congresista de la República como accesitario de Martín Vizcarra, luego de que este no pudiera ocupar su puesto al ser inhabilitado para el ejercicio del cargo público por el “Vacunagate”.

Ahora, Jerí Oré y Vizcarra compartirán algo más que la misma curul y el mismo destino de ser removidos del sillón de Pizarro; ambos enfrentarán a la justicia por presuntos actos ilícitos cometidos cuando ejercieron el cargo de presidente de la República.

¿Por qué casos deberá responder ahora que ya no ejerce la presidencia? Por el momento, ninguna investigación contra Jerí Oré se encuentra suspendida, pero en el caso de la Fiscalía de la Nación, en las investigaciones por sus reuniones con empresarios chinos no registradas y por las reuniones en Palacio con personas allegadas que luego obtuvieron contratos con el Estado, no se podía requerir medidas judiciales cautelares y tampoco podía formalizarse la investigación preparatoria en su contra.

Esto, debido a la resolución del Tribunal Constitucional (en el caso Dina Boluarte) que estableció que el Ministerio Público podía realizar una investigación contra un presidente de la República en funciones, pero no podía aplicar medidas de coerción o limitativas de derechos (impedimentos de salida, allanamientos, levantamiento de secreto bancarios, tributario y comunicaciones), entre otros.

De esta manera, la Fiscalía de la Nación sólo quedó facultada para realizar diligencias simples como pedidos de información y tomar la declaración del presidente, hasta en dos oportunidades como máximo.

Por tanto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, podrá seguir desarrollando las pesquisas en contra de Jerí Oré, pero ahora tendrá la facultad de requerir medidas con intervención judicial.

Carlos Caro, abogado penalista:

“Lo de los cinco años años es solo para el derecho al antejuicio, no para el tema de las inmunidades relativas al ejercicio del cargo”

Carlos Caro, abogado penalista, explicó a El Comercio que ahora removido del cargo presidencial José Jerí “de inmediato”, podrá ser objeto de medidas judiciales que pueda solicitar la Fiscalía de la Nación. 

“La Fiscalía de la Nación de inmediato lo puede hacer sin ninguna limitación. La protección constitucional de la sentencia del Tribunal Constitucional lo acompaña solamente mientras se encuentre en el ejercicio del cargo, entonces pasa a ser investigado como expresidente”, indicó. 

En esa línea, siendo expresidente, dijo el abogado, también lo debe investigar el fiscal de la Nación, “pero ya sin la protección que impida el levantamiento del secreto bancario tributario u otras medidas”.

El especialista señaló que Jerí Oré aún mantiene la prerrogativa de protección de antejuicio, hasta por cinco años, pero ello no impide que se adopten medidas judiciales en su contra. 

Por tanto, señaló, la única protección que le queda es la que le otorga el artículo 99 de la Constitución, vinculada al “antejuicio constitucional” hasta cinco años después de cesar en sus funciones.

Esto implica que lo investigue el fiscal de la Nación y si el fiscal de la Nación considera que el caso debe pasar a una investigación preparatoria, lo deriva el Congreso con una denuncia constitucional. 

“Lo de los cinco años es solo para el derecho al antejuicio, no para el tema de las inmunidades relativas al ejercicio del cargo como son el impedimento o el pedido de medidas cautelares. 

José Jerí es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado, por las reuniones que sostuvo fuera de Palacio de Gobierno con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

El escándalo, que cimentó las bases de sus últimos días en Palacio, estalló cuando el hoy censurado congresista y expectorado mandatario acudió hasta el ‘Salón Xin Yun’, ubicado en San Borja.

Vistiendo ropa deportiva con una capucha y lentes, el expresidente buscaba pasar desapercibido, aunque para llegar utilizó el conocido “cofre”, razón por la que fue identificado por las cámaras de Punto Final.

Allí mantuvo una reunión con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. Sus explicaciones sobre una cena “casual” no bastaron, luego de conocerse que el primero de los empresarios sostenía licitaciones con el Estado a través de sus empresas.

Posteriormente, Cuarto Poder dio cuenta que los mismo empresarios chinos acudieron a Palacio de Gobierno, pero lo más grave del hecho fue que Ji Wu Xiaodong ingresó a las instalaciones de la casa presidencial, pese a que tenía una orden de arresto domiciliario, dictada dentro de un proceso que se le sigue por, presuntamente, integrar una organización criminal dedicada al tráfico de madera de la Amazonía peruana.

El mismo programa también dio a conocer, posteriormente, una segunda reunión entre Jerí Oré y Zhihua Yang. Esta vez, en el local comercial “Market Capón” del Centro de Lima, de propiedad del empresario chino y que en ese momento se encontraba clausurado por la municipalidad.

Jerí Oré se excusó señalando que acudió a comprar “caramelos” y además, le obsequiaron unos “cuadros” pese a que quiso pagar por ellos.

Los hechos, revestidos de gravedad, y las explicaciones poco convincentes del mandatario generaron una inevitable investigación por parte de la Fiscalía de la Nación.

Hasta el momento, Jerí Oré había dado solo una declaración ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y se habían solicitado algunos informes y documentaciones de las reuniones y otras entidades.

Sin embargo, ahora, Gálvez Villegas podrá requerir el levantamiento de su secreto de comunicaciones y sus cuentas bancarias; incluso, pedir un allanamiento de ser necesario.

Otro cuestionamiento contra el hoy expectorado exmandatario, José Jerí, y por el que viene siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencia, es la contratación de cinco personas en diversos cargos del Estado luego de haberse reunido con estas en Palacio de Gobierno.

El caso, dado a conocer por Cuarto Poder, señalaba que Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraun Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva fueron contratadas en dependencias del Estado como Essalud, los ministerios del Ambiente y de la Producción, y en la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú (Senaju) luego de reunirse en el despacho presidencial con Jerí Oré.

También se ha incluido los casos de Sheyla Rosmery Briones Ordinola, María del Rosario Pamela Espinoza Díaz y Susana Carolina Gutiérrez Rivera, quienes también se reunieron con el exmandatario y posteriormente obtuvo órdenes de servicio con la Secretaría General de Palacio Gobierno.

“Jerí Oré habría recibido la visita de diversas profesionales al interior del despacho presidencial, durante los meses de octubre de 2025 y enero de 2026, quienes luego fueron presuntamente beneficiadas con diversos contratos en el Poder Ejecutivo”, señala la tesis fiscal.

Este Diario, recientemente, dio a conocer que al menos 73 ingresos a Palacio de Gobierno para reunirse con Jerí Oré, terminaron después de medianoche.

Otra de las investigaciones que se le sigue a José Jerí, es por el presunto delito contra la administración pública – en la modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

El removido exmandatario afronta la investigación junto a la congresista y vocera de Somos Perú (SP), Ana Zegarra, y otras personas. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

A Jerí Oré se le atribuye haber solicitado, como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, un presunto beneficio económico a la empresaria Blanca Ríos Monteyro, a cambio de sacar adelante un proyecto que les otorgue presupuesto para una obra de riego en Cajamarca.

En ese momento, Jerí Oré encabezaba la Comisión de Presupuesto; mientras que Zegarra Saboya se desempeñaba como asesora parlamentaria de la bancada SP.

“ (…) vinculados al entorno José Jerí Oré, congresista de la República, quien en ese entonces era presidente de la Comisión de Presupuesto; ascendentes a S/ 150,000.00 soles para que uno de sus proyectos en Cajamarca fuera aprobado en la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida en el año 2023 por el entonces presidente de dicha Comisión, José Jerí Oré, a mérito de lo cual se habría reunido personalmente (“cara a cara”) con José Jerí Oré, quien le habría dicho: ‘Si ya has arreglado esto, no te preocupes, esto va a salir’”, señala la investigación fiscal.

Precisamente, horas antes de ser removido del cargo, Jerí Oré recibió la visita de la congresista Zegarra quien llegó a horas de la tarde hasta el despacho presidencial la tarde del lunes. Se retiró poco antes de las 10 de la noche.

Durante la sesión de este martes, Zegarra Saboya presentó una “cuestión de orden” para evitar la censura de Jerí y se declare improcedente la misma. Para la congresista, se debía plantear una vacancia presidencial y citar a Jerí, pero sus gestiones no prosperaron.

Sobre este caso, Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré, señaló que su patrocinado estaba colaborando con la justicia. No obstante, rechazó las imputaciones en contra del exmandatario, y aseguró que este no conoce a la denunciante Blanca Ríos.

Esta investigación esperaba el pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación respecto de si ampliaba el plazo de la investigación, archivaba el mismo o decidía suspender la misma. Hoy, luego de que Jerí Oré fuera removido del cargo presidencial, no habrá razón para suspenderla.

Otro caso, por lo demás delicado, envuelve a José Jerí. En una reciente resolución, el Juzgado Civil de Canta ratificó que el removido presidente de la República encargado, tiene que pasar por “terapias psicológicas ordenadas” desde hace más de una año.

La orden judicial, vinculada a “medidas de protección”, se dio en el marco de una denuncia que se interpuso en contra de Jerí Oré y otra persona, por presunta agresión sexual, ocurrida a fines del 2024.

La denuncia fue derivada a la Fiscalía de la Nación, pues entonces Jerí Oré ostentaba el cargo de congresista de la República y por tanto no podía ser investigado por una instancia común.

El caso finalmente se archivó en la Fiscalía Suprema de Familia, cuando se encontraba dirigida por el fiscal supremo Tomás Gálvez. De acuerdo a este último, no existían indicios de la participación de Jerí Oré en los hechos denunciados.

Sin embargo, su coimputado solicitó al fiscal realizar diversas diligencias para demostrar la participación del entonces congresista, pero fue rechazado por Gálvez. Así, el caso pasó al archivo.

No obstante, el pasado 13 de enero, el Juzgado Civil de Canta emitió una resolución reiterando lo ordenando en enero del 2025, dentro de las “medidas de protección” que se emitieron a favor de la víctima: José Jerí “deberá cumplir con las terapias psicológicas ordenadas mediante Resolución N.º 1 de fecha 15 de enero de 2025”.

El pronunciamiento se emitió luego que Jerí Oré y su defensa legal alegaron que no habían sido notificados con la referida resolución del año pasado.

La jueza Sonia Tello declaró como no válida la notificación de la resolución emitida el año pasado alegando que no había respaldo documentario para demostrar que los denunciados sí habían sido válidamente notificados.

Por ello, en una resolución del 10 de diciembre del 2025 y notificada el 13 de enero del 2026, declaró la nulidad de la resolución del 15 de enero del 2025, así como la audiencia realizada el 29 de enero del 2025, solo en el extremo vinculado a José Jerí; y ordenó que el requerido sea nuevamente notificado con las decisiones adoptadas, entre ellas, pasar por terapias psicológicas.

En la misma resolución la magistrada rechazó los argumentos de la defensa de Jerí Oré, quien señaló que no podía ser objeto de medidas de protección dictadas por una instancia común debido a que ostentaba el cargo de congresista de la República y por tanto, sólo podía ser investigado o requerido por la Fiscalía Suprema y la Corte Suprema.

Tello, en su respuesta, señaló que las prerrogativas de un funcionario aforado solo aplican para el ámbito penal y sobre hechos de función, mas no pueden extenderse a los procesos de carácter tutelar o de familia, como el presente, donde se ventilan medidas de protección frente a actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré dijo a El Comercio que la resolución emitida está dentro del “proceso de las medidas de protección” las cuales se dictaron en enero del 2025, cuando su cliente aún tenía la calidad de investigado. Sin embargo, ratificó que dicha resolución nunca fue notificada y por ese motivo se solicitó la nulidad de la misma, y se declaró fundada la nulidad planteada.

Caldas señaló que en el mismo pedido de nulidad se solicitó que se dejen sin efecto las medidas de protección dictadas contra su patrocinado, “pues a diciembre del 2025 ya no tenía la calidad de investigado y existe un pronunciamiento firme que declara no ha lugar la formalización de la denuncia en contra de mi cliente”.

Sin embargo, agregó, pese a que ello fue puesto en conocimiento de la magistrada, el juzgado respondió que Jerí Oré debe cumplir con las terapias psicológicas ordenadas para poder levantar las medidas de protección, decisión que han apelado y se encuentran a la espera del pronunciamiento.

“Pese a ello, este juzgado ha resuelto que deben cumplirse las medidas ordenadas sin haber desarrollado ningún argumento al respecto, por lo que se ha interpuesto el recurso de apelación correspondiente y este ha sido admitido a través de la resolución número 10; estando a la espera de que se eleve el expediente a la Sala Superior de Justicia a fin de que resuelvan. Como defensa nos llama poderosamente la atención que la juez a cargo, teniendo conocimiento que ya mi cliente no es investigado, ni ha sido enunciado; mantenga una posición de querer que se cumplan las medidas de protección, cuando estas por su naturaleza cautelar sólo deben existir en tanto exista la investigación en contra de mi patrocinado.”

Ricardo Caldas, abogado de José Jerí