La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) recibió el encargo del Gobierno Regional de La Libertad para la contratación y elaboración de los estudios técnicos, informe de evaluación y nuevo proceso de promoción del proyecto Chavimochic.
Mediante un convenio suscrito en la sede del Gobierno Regional de La Libertad, la agencia se encargará de promover una nueva concesión, así como la operación y mantenimiento de las tres etapas del proyecto, lo que implica previamente una estructuración financiera y legal, y la elaboración de los estudios de ingeniería actualizados del proyecto de irrigación más importante del país.
Las autoridades, con esta decisión, dan un paso importante para retomar y concluir la ejecución del proyecto Chavimochic, que se ubica en la franja costera del departamento de La Libertad y que tiene como objeto la captación de caudales del río Santa para el riego de tierras en los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama, atención de la demanda poblacional y generación de energía en tres centrales hidroeléctricas.
La ceremonia, en que participaron el gobernador regional, César Acuña; el ministro de Economía y Finanzas, José Arista; y el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, se realizó luego que la semana pasada se suscribió, en Palacio de Gobierno, el contrato de Gobierno a Gobierno entre Perú y Canadá para la culminación de la presa Palo Redondo del Proyecto Chavimochic III Etapa y la instalación de la tercera línea del Sifón Virú.
Con ese acuerdo, el Gobierno Regional de La Libertad quedó habilitado para encargar a Proinversión la contratación de los estudios de actualización y la conducción de un nuevo proceso de concesión del proyecto Chavimochic, incluyendo las obras de la III Etapa.
La participación de Proinversión permitirá que el Proyecto Chavimochic alcance finalmente los objetivos originales como Asociación Público-Privadas (APP), es decir, incorporar 63 mil hectáreas de tierras nuevas y de mejorar el riego en 48 mil hectáreas en el valle de Chicama.
La concesión permitirá impulsar inversiones privadas del orden de US$ 2.400 millones en el desarrollo agrícola y agroindustrial de dichas tierras, a partir de las cuales será posible obtener una producción agroexportadora por un valor equivalente a US$ 2.000 millones anuales y generar hasta 150 mil empleos directos.
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