APP: Se aprobó norma que regula la promoción de inversión privada mediante este mecanismo, ¿qué cambia con la nueva ley?

Con algunas observaciones recogidas a propuesta del Ejecutivo, el Pleno del Congreso aprobó el 20 de agosto y por insistencia la autógrafa de ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y proyectos en activos. La norma se origina en los proyectos de ley 10512/2024-CR y 10752/2024-CR, presentados por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

La autógrafa de dichos proyectos fue aprobada el 16 de abril, pero observada por el Ejecutivo. De las 21 observaciones planteadas, se incorporaron algunas en los artículos 5, 7, 15, 17, 59 y 62. ¿En qué consisten estos cambios?

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Uno de los puntos centrales es el papel de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que ya no será el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada —cuyo fin es desarrollar y promover APP y proyectos en activos en distintos sectores de la economía—.

Según el artículo 5 del texto final, ese rol pasa a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargada de “emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente sobre la interpretación y aplicación de la presente ley, su reglamento y normas complementarias”. El mismo apartado señala que las decisiones deberán adoptarse con el criterio que resulte más favorable a la preservación y prestación efectiva y continua del servicio público. Además, esta dirección aprueba la política nacional del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

El cambio responde a una observación del Ejecutivo, que advirtió que otorgar a Proinversión la facultad de emitir opinión vinculante en la interpretación del marco normativo podía convertirla en juez y parte de los procesos de promoción de la inversión, considerando que ahora puede asumir la calidad de entidad titular de proyectos del gobierno nacional.

Sobre estos cambios, Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), consideró que el ente rector seguirá siendo el MEF y Proinversión asumirá el rol de ejecutor de los proyectos que se le encarguen; aunque destacó que, más importante que su propia organización, es necesario que se le brinde los recursos presupuestales, humanos y tecnológicos para realizar un trabajo eficiente.

“Hoy tenemos un equipo directivo que conoce los procesos y ha demostrado en los últimos dos años que sabe cómo acelerar el ritmo de la inversión privada en infraestructura. Confiamos que se le continúe apoyando y fortaleciendo”, comentó a El Comercio.

En ese sentido, ¿cuáles serán las funciones de Proinversión?

Proinversión es un organismo técnico especializado adscrito al MEF. Promueve la inversión privada bajo las modalidades de APP, proyectos en activos y obras por impuestos, para su incorporación en servicios e infraestructura pública, así como en activos, proyectos y empresas del Estado, de acuerdo con sus atribuciones.

Para Diana Collazos, consejera de Echecopar, que Proinversión deje de ser el ente rector no significa una pérdida de protagonismo, pues se mantiene la posibilidad de que sea designada como entidad pública titular de un proyecto. “Esta es una acción importante porque Proinversión podrá asumir obligaciones y compromisos como parte de un contrato de concesión; es decir, fungir como concedente, algo que antes no era posible para el organismo”, explica la especialista.

De acuerdo con la modificación del artículo 7, Proinversión pasa a ser considerada entidad pública titular del proyecto, junto con el ministerio competente —según Collazos, aquel sector en el que se ejecute la obra—, así como el gobierno regional y el gobierno local. Todas estas entidades serán responsables de interpretar las cláusulas de los contratos que suscriban, dentro del marco normativo vigente.

“El hecho de que la norma le otorgue la calidad de entidad pública titular, similar a un ministerio, le da viabilidad para asumir obligaciones y riesgos como socio en un contrato de APP”, remarca Collazos.

Cabe precisar que estas entidades no harán efectivas las penalidades por incumplimiento de contrato, pero sí podrán interpretar cláusulas contractuales, gestionar contratos, modificarlos, realizar el seguimiento de su ejecución física y financiera, e incluso declarar la suspensión o caducidad de los mismos.

En el caso específico de Proinversión, también conducirá el diseño y el proceso de promoción de las APP y los proyectos en activos, como lo establece el artículo 15.

“Es un cambio sustancial, porque Proinversión es el que modela y diseña, prepara el contrato y tiene el conocimiento detrás de cada proyecto. Por ese lado, tendrá una ventaja al ejecutarlos y también señalar qué aspectos son necesarios para mejorar desde la preparación, para no tener trabas con aspectos en lo que normalmente hay demoras”, resaltó por su parte Roca, de AFIN.

Otro ajuste relevante está en el artículo 17: el Consejo Directivo pasa a ser la máxima autoridad de Proinversión, en reemplazo de la Presidencia Ejecutiva. Este consejo se conforma por cinco miembros: tres representantes del MEF —uno asignado por la cartera como presidente y otros dos independientes elegidos por concurso público—, otro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y otro del Ministerio de Vivienda.

La tarea del equipo es aprobar y dirigir la estrategia del organismo, establecer metas, objetivos y planes de acción, crear comités especiales de inversiones y aprobar la inclusión o exclusión de proyectos en el proceso de promoción. También tendrá a su cargo la aprobación del presupuesto institucional, a propuesta de la Presidencia Ejecutiva.

Artículos que agilizan cambios en los contratos

El Congreso también aprobó la modificación del artículo 59, “Modificaciones Contractuales”, el cual permite cambios en el contrato siempre que se encuentren “hechos sobrevinientes que afecten el servicio público”. Aquí se incluyen inversiones dentro o fuera del área de concesión; además, se le da la facultad a la entidad pública titular del proyecto —Proinversión, ministerios, gobierno regional y gobierno local— que resuelva los pedidos de adenda cuando no hay facultad de otras entidades competentes.

En tanto, el artículo 62 le permite a la entidad pública titular del proyecto evaluar y determinar una renovación contractual, con un plazo no menor de tres años a la fecha de caducidad, para garantizar la continuidad del proyecto.

Para Collazos, el agregado en el artículo 59 procura dar agilidad y flexibilidad a las modificaciones contractuales. Por el artículo 62, consideró que busca garantizar la continuidad del proyecto.

El Comercio consultó con Proinversión estos cambios, pero la institución decidió no pronunciarse.