Según declaraciones de su madre para Latina, cuatro integrantes de la base militar estarían implicados. Uno como el presunto violador y los demás como cómplices que grabaron lo ocurrido. En comunicación con el medio, la madre denunció que el abuso habría sido premeditado. “Al parecer todo ha sido planeado. Le han puesto una trampa, por decirlo así”, dijo.
Luego de haberse hecho pública la denuncia interpuesta por la agraviada que integra la Compañía Servicio Activo Acuartelado Femenino, el Ejercito del Perú comunicó a través de sus redes sociales que el caso se encuentra en investigación.
Asimismo, informaron que han dispuesto asistencia legal y psicológica a la agraviada.
Especialistas consultados por El Comercio detallaron que las instituciones de instrucción militar deberían contar con un módulo de educación -y protocolos de protección- para una correcta atención y prevención de alguna situación de violencia, desigualdad o discriminación.
El Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, señaló que la Ley del Servicio Militar detalla que todas las personas que lo cumplen deben tener garantizados sus derechos. También se debe preservar su dignidad e integridad
Resaltó que de comprobarse la denuncia, sería una falla grande dentro del sistema de protección que deben tener las escuelas militares.
“Estas acciones tienen que prevenirse desde la formación militar, desde el primer día en que una persona entra a ejercer el servicio. Debe construirse una cultura de tolerancia y respeto. Si esto no ha ocurrido, la formación estaría fallando en ese supuesto”, dijo.
En esa misma línea, la coordinadora del Programa de Derechos Humanos del CMP Flora Tristán, Ivonne Maccasi, declaró que la Ley 30634, que busca erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer e integrantes de la familia, precisa que las instituciones deben definir medidas preventivas para que hechos como este no sucedan.
“Medidas como tener cámaras de seguridad, iluminación adecuada en los espacios, protocolos de acción inmediata, charlas preventivas dentro de sus propias instituciones. En este caso se debe saber si el ejército lo ha cumplido o no”, comentó.
El vocero de la Defensoría del Pueblo resaltó que si se han tolerado conductas similares en el pasado dentro de estas instituciones, también evidenciarían una falla dentro del sistema de formación y el trato que se le brinda a las y los jóvenes que prestan el servicio militar voluntario.
“Esta denuncia da cuenta de una severa violación al derecho de la integridad personal y esto es inaceptable. Justamente el servicio militar debería brindar una garantía de integridad y dignidad para todos los que lo integran”, declaró.
Macassi resaltó que desde Flora Tristán cuentan con un caso similar de una excadete de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quien fue víctima de una violación sexual el 15 de diciembre del 2007 en las instalaciones de la FAP. Este ha demorado 12 años para que sentencien al agresor.
“En este proceso se tuvo que lidiar, [tanto en el penal como el administrativo] no solo contra el agresor, sino también ante la Fuerza Aérea del Perú y todo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas porque hay una cuestión de cuerpo para defender a sus victimarios”.
Declaró que desde su organización la mayor preocupación es que se repita la demora y obstrucción a la justicia. “Hay que estar muy alertas. Esto duró 12 años y aún estamos luchando por el proceso penal por violación”, dijo.
En tanto, el Ministerio de la Mujer aseguró que brindará todos los servicios del programa Aurora para asesoría legal, apoyo social y psicológico.
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