Grúas municipales: el ABC de una abusiva maquinaria de cobro que podría llegar al TC

En la siguiente nota te explicamos en cuatro pasos cómo actúan los municipios en beneficio propio con las grúas.

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La Ley 27181 (Ley General de Transporte y Tránsito) establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el ente rector que diseña e interpreta las normas de tránsito en todo el país, y la que fiscaliza es la policía. La misma ley sostiene que los distritos solo gestionan y fiscalizan “en concordancia con disposiciones provinciales y reglamentos nacionales”.

Pese a ello, las comunas han creado sus propias reglas para permitir que las grúas operen. Estas no dicen que realizan “labores de tránsito”, sino que fiscalizan el “uso indebido del espacio público”, algo que –según especialistas– termina transgrediendo una normativa de carácter nacional, pues en la práctica remolcar autos es labor de tránsito. A ser distrital, esas normas son inferiores a una nacional.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la proliferación de estas ordenanzas distritales. “Quien debe controlar el tránsito y transporte es la Municipalidad de Lima con la policía, y lo reglamenta el MTC. Los distritos no pueden dictar un reglamento que tenga normas de tránsito: no es su competencia”, dijo a este Diario Gloria Montoya, jefa del área de servicios públicos de la defensoría.

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El caso es peor en algunos municipios, como el de Miraflores, que tienen contratos con las concesionarias de grúas, que establecen un mínimo de autos remolcados al día, de lo contrario, estas empresas de grúas pueden ser multadas.

Lino de la Barrera, abogado especialista en transporte, asegura que las municipalidades distritales “le han sacado la vuelta a la norma y creado ordenanzas que son clones de las normas de tránsito”. Lo mismo sostiene Luis Quispe Candia, de la organización Luz Ámbar.

El MTC también se ha manifestado en contra de estas ordenanzas distritales. El Comercio accedió a cuatro comunicados oficiales de esta entidad, emitidos entre el 2015 y el 2020, donde increpa a los municipios que “las competencias de las municipalidades distritales no incluyen normas en materia de tránsito, siendo para tales efectos la aplicación del reglamento nacional de tránsito”. También añade que las “ordenanzas municipales no deben desnaturalizar ni transgredir lo dispuesto en los reglamentos nacionales”

La gran mayoría de denuncias que llegaron a El Comercio indicaban que el auto no estaba mal estacionado cuando fue remolcado; por lo que varios conductores acuden a la municipalidad a reclamar. Sin embargo, una vez llevado el auto al depósito comienza la odisea para el chofer pues es casi imposible hacer una queja.

El procedimiento del reclamo dura unos 30 días, en este tiempo no se puede sacar el vehículo. La única forma de sacar el auto es pagando la multa que puede ser más de 700 soles. Es decir, si el conductor necesita el auto de manera urgente, debe pagar.

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Sin embargo, al pagar, el conductor debe firmar una serie de documentos donde acepta toda la responsabilidad de la infracción cometida, pese a que no reconoce haberla cometido. Si firmas, ya no puedes reclamar luego.

Los especialistas coinciden en que hay distritos donde es casi imposible estacionar. Luis Quispe mencionó que los municipios han demarcado zonas rígidas sin ningún estudio, porque no tienen la capacidad de hacerlo y han señalizado por su cuenta y establecido multas.

“El ciudadano se ve obligado a cometer una infraccion. Si la autoridad trata de imponer orden, que de otro paso que es tener estacionamientos, que impulsen estacionamientos públicos. Que inversionistas pongan estacionamientos”, agregó.

En esa misma línea, David Fairlie, ingeniero de tránsito, explicó que los municipios pintan excesivamente las calles y hacen carriles donde no deberían. “Pintan las calles porque no saben. Las municipalidades que tienen plata para pintar toda la calle lo hacen. Pintan calles secundarias sin ninguna razón técnica para pintarlas”.

Además, otro factor a tomar en cuenta es el que explicó el Coronel (r) PNP Franklin Barreto sobre el Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras. Dicho manual explica que hay dos tipos de señales: verticales y de reglamentación y las señales R-27 y R-27A se emplean en los lugares donde existe prohibición de estacionamiento. Para ambas señales, se establece que “se complementan” con una línea amarilla.

“La confusión ha sido creada por las municipalidades adrede para que se crea que la línea amarilla de por sí, es una “señal”, lo cual es errado porque la línea es una “marca plana en el pavimento” cuya finalidad es complementar y no regular. Las municipalidades no sólo están trasgrediendo lo dispuesto en la ley general de transporte (…) sino que están sancionando sobre situaciones que la norma específica no considera”, sostuvo el cornonel Barreto.

Se ha detectado que la mayoría de propietarios de vehículos remolcados retiran sus autos el mismo día, por la urgencia que los lleva a recuperarlos. Los depósitos así obtienen alta rotación y, por lo tanto, mayores ingresos.

Sin embargo, también se ha detectado autos abandonados en zona rígida por años que no son llevados al depósito. Si fueran llevados, se prevé que el dueño no lo recupere.

En Miraflores, las primeras denuncias de remolque injusto de sus autos eran de personas que fueron a emergencias de alguna clínica u otros lugares donde el ciudadano acude atendiendo alguna urgencia.

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