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MARTÍN ACOSTA GONZÁLEZ @martiacosta
Redactor de Sociedad
El centro educativo inicial Domingo Savio de Independencia tiene planeado recibir a al menos una decena de niños este año. Pequeños que, de no mediar inconvenientes, estudiarán en ambientes diseñados para un hotel. Habitaciones pequeñas, del tamaño de un cuarto, que harán las veces de salones de clases y un improvisado patio que en los planos aparece como la recepción.
Ni siquiera el Ministerio de Educación puede impedir que el colegio siga operando. De hecho, una resolución del 2012 declaró improcedente la autorización de funcionamiento de este local. Razones para ordenar su cierre sobran. Sin embargo, su clausura depende de la municipalidad de Independencia.
La situación es similar en al menos un centenar de colegios privados de la capital. Instituciones privadas que operan sin autorización o lo hacen incumpliendo las disposiciones de seguridad e infraestructura del Minedu en su Directiva Nº 032 -DRELM-UGI/EI-ER-2010. Escuelas o nidos que reciben niños y estudiantes en casas viejas y locales que no están diseñados para actividades educativas.
CORRUPCIÓN
Marcos Tupayachi, director regional de Lima Metropolitana, señaló que su despacho no tiene una cifra exacta del número de instituciones que operan sin autorización o en condiciones que no se ajustan al reglamento.
En conversación con El Comercio, Tupayachi indicó que durante su gestión se han negado más de 1.500 autorizaciones de funcionamiento a promotoras. Sin embargo, antes de ello se dieron “actos de corrupción que facilitaron el reconocimiento” de muchas instituciones.
“La fiscalización se da de forma constante. Revisamos las resoluciones de autorización que se dieron en años anteriores y de ser necesario las anulamos”. El problema, como parece ser una costumbre en el aparato público, es la falta de personal encargado para las labores de supervisión y control.
Precisamente sobre ello, el funcionario indicó que se ha contratado más personal para las labores de supervisión y que estás se intensificarán durante estas semanas hasta el mes de febrero.
NO PUEDEN CERRAR COLEGIOS
Una vez identificada una irregularidad, el Ministerio de Educación interviene el local y declara improcedente la autorización de funcionamiento. Realiza la denuncia ante el Ministerio Público, pero el único que puede proceder al cierre del colegio es la municipalidad del distrito.
“Nosotros ya cumplimos con nuestra función y hacemos pública la denuncia, pero el que tiene que cerrar (el local) es la municipalidad. Podemos hacer la insistencia y sacarlo por los medios, pero eso ya es competencia del municipio, porque para darle la licencia de funcionamiento deben tener la resolución de aprobación que da el ministerio”, dijo Tupayachi, quien agregó que los promotores incurren en un delito penal al operar sin autorización.
SACADA DE VUELTA
El funcionario indicó que algunos colegios utilizan una modalidad conocida como el “ruleteo”, mediante la cual utilizan otra institución educativa de fachada: van a un colegio que tiene reconocimiento y pasan las actas de sus alumnos como si estudiaran ahí.
Una segunda modalidad es conseguir el reconocimiento de un local y luego abrir sucursales en locales que posiblemente no recibirán la autorización. Los alumnos pasan como si estuvieran estudiando en el establecimiento autorizado pero en realidad van a otros ambientes.
