¿Perú vive su peor momento en seguridad? los hechos criminales que ponen al país en situación crítica

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Uno de estos sucesos de produjo en el distrito de Villa María del Triunfo, donde un bus de transporte público se incendió a pocos metros de su paradero final, en los exteriores del Estadio Inca Ollantay. La unidad de la empresa Los Milagros del Señor de Pachacamilla, terminó completamente destruida.

Se conoció que dicha empresa pagaba “cupos” a una banda de extorsionadores, 50 soles semanales por cada unidad. Asimismo, otro grupo se habría contactado con los administradores de la empresa para exigir también desembolsos. Por ello, una de las hipótesis de la Policía Nacional es que el siniestro fue provocado como un acto de amedrentamiento. El hecho no dejó heridos ni víctimas mortales.

En tanto, duranta la madrugada, delincuentes detonaron un explosivo casero en la puerta de la casa de una dirigente vecinal, en el sector Tahuantinsuyo, distrito de Independencia. Minutos después, los delincuentes regresaron y dejaron el siguiente mensaje: “Solo es un aviso”. Magaly López aseguró que anteriormente no había recibido ningún tipo de amenaza. No obstante, recordó que hace dos meses unos sujetos tomaron fotos a su vivienda.

El explosivo provocó un pequeño incendio que logró ser controlado por los familiares de la mujer y vecinos. López actualmente es vocera de los transportistas que perdieron sus buses a causa de un incendio que habría sido originado por extorsionadores. Ella sospecha que ese sería el motivo del atentado.

Por otro lado, la tragedia llegó a su máxima expresión en La Libertad al conocerse que desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon contra un escolar de 16 años y le quitaron la vida cuando este se dirigía a su institución educativa en la provincia de Trujillo. Por su parte, en un operativo policial se logró detener a Edwar Burgos Aquino (24) en el distrito de La Esperanza, quien está presuntamente vinculado a este asesinato. Él enfrenta cargos por posesión ilegal de arma y municiones.

En tanto, cansados de los constantes robos, un grupo de vecinos de la comunidad de San Cristo, en el distrito de Sechura, en Piura, estuvieron lincharon a un par de sujetos acusados de intentar robar una moto furgón. Tras ser sorprendidos, rápidamente fueron rodeados por la multitud. Momentos después, llegaron agentes policiales e intentaron trasladar a los presuntos ladrones a la comisaría. Sin embargo, los ciudadanos interceptaron el vehículo y sacaron a los detenidos a golpes.

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Uno de los policías tuvo que disparar al aire para dispersar a la multitud. Los dos sujetos, que quedaron gravemente heridos, fueron finalmente trasladados por la policía. Sin embargo, pese a ser llevado al Hospital Santa Rosa, uno de ellos no logró sobrevivir debido a las lesiones de gravedad sufridas en la cabeza.

Por si fuera poco, minutos antes de las 11 de la mañana, una trabajadora del Hospital Nacional Hipólito Unanue, conocido como Bravo Chico, en El Agustino, fue víctima de robo por parte de dos sujetos que portaban armas de fuego. Este hecho ocurrió dentro del establecimiento de salud, en el área de Gastroenterología. Los sujetos, quienes se llevaron las pertenencias de la mujer, aparentaban ser visitadores médicos y personal internista.

En tanto, la noche del martes, un joven de nacionalidad venezolana, identificado como Marco Eduardo Rosales Rojas (24), fue asesinado por sicarios cuando salía de su vivienda ubicada en la avenida Los Próceres, en el asentamiento humano Túpac Amaru, distrito de Chorrillos. El hombre se dirigía a su centro de trabajo cuando fue interceptado por los delincuentes a bordo de una motocicleta. Tras detenerse el vehículo frente a él, uno de los sujetos disparó hasta en 20 oportunidades.

Agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar para las diligencias respectivas. Las investigaciones están a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranco y Chorrillos, quienes buscan determinar las causas del ataque y los posibles involucrados.

Cabe mencionar que según datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), actualizados al 29 de octubre, este 2024 ya es el año con mayor cantidad de homicidios en los últimos 8 años: 1.601. Esta cifra fue de 1.485 el año pasado, de enero a diciembre. Asimismo, tras cuatro semanas del estado de emergencia (inició el pasado 27 de setiembre), se han registrado alrededor de 160 homicidios, a razón de 40 por semana.

Erika Solis, investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP y experta en criminalidad, indicó a El Comercio que una de las cosas que ha aumentado es la forma de violencia que se usa ahora en dinámicas que en realidad no son nuevas en nuestro país, como la extorsión. Asimismo, precisó lo nuevo es cómo ha migrado este delito a sectores donde antes no habían o había poco.

“A esto se suma el hecho de que estas bandas criminales tienen hoy en día un acceso muy fácil a armas. En ese sentido, el tráfico de armas es una de las variantes que yo creo que hay que ponerle mucho más énfasis y una mirada muy puntual. Hablamos, por ejemplo, de granadas de guerra, no de bombas hechas de manera casera. La mayoría de estas son de instituciones y se venden en el mercado negro, entonces allí también hay un elemento de corrupción”, comentó.

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Solis señaló que otra modalidad delictiva que le ha sorprendido mucho es que ya la violencia no se da solo entre las bandas, por el control de zonas o territorios, como lo que sucedía en Lince, sino que ahora esta violencia se carga completamente hacia el objetivo del delito, es decir, a la víctima. “Entonces ya no se pelean entre ellos, sino que varios grupos amenazan a la víctima y le exigen que le pague, y en caso no pague a una, es asesinada por esta. La extorsión está más vinculada que antes a un tema de miedo”, dijo.

Frente a este panorama, la experta agregó que las medidas tomadas por el Gobierno al día de hoy cada vez son más más “irrisorias” y parecen “burlas” al ciudadano. Temas como el cambio de la ley de crimen organizado, de la colaboración eficaz, todo ello crea una percepción en la gente de que hay un Estado, incluso, cómplice, pues deja que las actividades delictivas sigan generando réditos a costa de la vida y el trabajo de las personas.

“Hay medidas que se deben tomar a corto, mediano y largo plazo que creo son urgentes, pero estas últimas siempre son las más complicadas porque a los políticos no le son tan rentables. Definitivamente se requiere una reforma de muchos estamentos, una cultura de integridad muy fuerte, y esto es de largo aliento. Establecer una cultura de integridad dentro de las instituciones que son parte del sistema de justicia penal, y no hablo solo de la Policía, también hablo de otros estamentos como el INPE, el Ministerio Público o el Poder Judicial, por ejemplo”, sostuvo Solis.

Por otro lado, Frank Casas, experto en seguridad y criminalidad organizada, resaltó la ausencia de una estrategia concreta para combatir la criminalidad. Con ello se refiere a que se pueda definir con claridad sobre qué delitos se va a intervenir, pues considera que es imposible golpear a todos los delitos que están en el Código Penal, sino que hay que priorizar a aquellos que están generando, por ejemplo, el aumento del número de homicidios.

“Entre otras cosas hay que empezar a plantear estrategias operativas por cada uno de estos delitos, por la simple razón de que cada uno de estos responden a causas distintas. Entonces, si queremos pensar, como hacemos hasta el momento, de que con los mismos operativos policiales se van a reducir todos los delitos pues caemos en un error. Insisto, es como si un médico quisiera tratar con la misma receta todas las enfermedades, eso no se puede”, manifestó.

El experto precisó que en esta lógica de selección de delitos tendría que estar en principio el tema de homicidio, asociados al sicariato. Segundo, el tema de la extorsión, que es el gran problema de seguridad que tenemos en estos momentos. Y en tercer lugar, no perder de vista lo que cotidianamente nos continúa afectando como el tema del robo y hurto de celulares y otros objetos patrimoniales.

“Esta ausencia de estrategias es lo que está pasando factura al país en materia de seguridad, más aun en un contexto post pandemia en donde adicional al problema delictivo hay asuntos de naturaleza económico y social. Todo esto hace que la mayoría de peruanos sienta que vivimos en un contexto casi de desborde”, expresó Casas.

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Entonces, el especialista opinó que se debería empezar a plantear estrategias ad hoc específicas con cada uno de los delitos priorizados y trazar qué instituciones son responsables, cuál es la meta que nos queremos plantear para cada año y establecer el conjunto de acciones, además de contar con indicadores bastante claros, algo que tampoco se tiene.

“Cuando hay consejos de ministros uno escucha a nuestras autoridades hablar de qué estaría reduciendo los índices de delincuencia, pero en realidad eso en la práctica no parece, no sabemos de dónde sacan esas cifras. Muy probablemente estén cogiendo las cifras de los datos de denuncia, que ya sabemos que no explican la totalidad del fenómeno ya que mucha gente no lo hace. Necesitamos ese tipo de estrategias serias, profesionales, algo con que todavía no se cuenta”, puntualizó Casas.