Propuesta de nuevo código procesal penal genera pólemica

Desde hoy, el Pleno del Congreso empezó a debatir la propuesta de un nuevo Código Procesal Penal que planteó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, iniciativa que ha generado cuestionamientos de diversos sectores y, sobre todo, desde el propio Gobierno.

Esta mañana, horas antes de que se someta a debate la iniciativa, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acompañado por otros titulares de las carteras de Justicia, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ambiente, encabezó una conferencia de prensa en la cual se presentaron argumentos en contra de la propuesta en el Congreso.

El ministro de Justicia, Aldo Vásquez, fue más específico y señaló que hay una falta de proporcionalidad en puntos muy importantes como por ejemplo, cuando se sanciona con cadena perpetua el sicariato pero solo con 35 años de prisión el genocidio.

La tortura tiene una pena menor que el delito de lesiones leves, mientras que el maltrato a un animal doméstico tiene una sención más atenuada que la del abandono y exposición al peligro de un menor de edad.

Esta propuesta que busca modifica el Código Penal propone también un castigo mayor para el robo agravado en comparación con el delito de violación sexual, señaló Vásquez en la conferencia de prensa.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, desató otro puntos que consideran desproporcionados. "Preocupa que este proyecto este rebajando penas cuando todos sabemos que tenemos el problema de la seguridad ciudadana, escuchamos que debe haber mano dura y acá más bien se rebaja penas", comentó.

El delito de usurpación estaría perdiendo la capacidad de ser agravado cuando se trata de áreas naturales protegidas por el Estado. "Recordemos el caso de Orellana que se ayudaba de notarios para obtener documentación falsa y se apropiaba de propiedades, no queremos aislar estas conductas", señaló Perez Guadalupe.

También se estaría evaluando reducir la condena del delito de 'chuponeo' (interferencia de las comunicaciones) de 5 a 10 años a que pase de 4 a 6 años, mientras que el crimen por asesinato de policías, magistrados, fiscales y autoridades elegidas pasaría de 25 a 35 años a ser sentenciado con solo 20 años de prisión.

- Respuesta del Congreso.

Ante estos cuestionamientos, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Juan Carlos Eguren, dijo que están abiertos a recibir las observaciones planteadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, aseguró que los ministros hicieron referencia a un dictamen anterior de la comisión, el cual todavía no había sido modificado con las propuestas de colegios de abogados, ministerios, universidades y demás instituciones.