Sunedu: ¿Qué aprobó el Congreso y por qué es un peligro regresar a un sistema similar a la extinta ANR?

Ayer, con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, el pleno aprobó en segunda votación recomponer el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para incorporar a representantes de universidades públicas y privadas, proyecto presentado en noviembre pasado por Esdras Medina (Renovación Popular). Durante el debate, Medina justificó su propuesta al asegurar que con ello iban a recuperar “una verdadera autonomía”.

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La aprobación final de la iniciativa –en febrero se realizó la primera votación– contó con el amplio respaldo de bancadas de posiciones opuestas como Perú Libre, Fuerza Popular y Acción Popular.

Con la reformulación se propone que el consejo directivo de la Sunedu esté integrado por siete personas: dos representantes de universidades públicas, uno de universidades privadas, uno del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), uno del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), uno del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y uno del Ministerio de Educación. Además, el superintendente ya no será nombrado por el ministro de Educación, sino por los miembros del consejo.

Conflicto de intereses

Para Jorge Mori, exjefe de la dirección general de educación superior, el principal problema con el dictamen es que se debilita la independencia y la autonomía de un ente regulador como la Sunedu frente a los regulados. En diálogo con El Comercio, explicó que desde el 2010 el Tribunal Constitucional había determinado que este sistema era inconstitucional porque vulneraba el derecho de las personas a recibir una educación de calidad.

“Es un grave riesgo. Se vuelve a un esquema de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores [ANR] donde había este conflicto de intereses que fue identificado por el TC y por lo que recomendaba la creación de la Sunedu”, explicó.

El conflicto de intereses también se advierte en los miembros del Congreso que ayer dieron carta blanca al golpe a la reforma universitaria: al menos 25 parlamentarios tienen vínculos con universidades que no recibieron el licenciamiento de la Sunedu. Un informe de El Comercio EC Data daba cuenta de que 21 parlamentarios son titulados o exalumnos de las casas de estudio que no cumplieron las condiciones básicas, dos son docentes; mientras que José Luna Gálvez (Podemos Perú) tiene las instituciones no licenciadas Telesup, Universidad Ciencias de la Salud y la Escuela Internacional de Posgrado, y Rosselli Amuruz (Avanza País) es vicepresidenta de directorio y accionista de la Universidad Politécnica Amazónica. Esta institución, además de denegada por la Sunedu, registra una deuda coactiva en la Sunat por S/130 mil.

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El exviceministro de Gestión Pedagógica Martín Vegas añade que el debilitamiento del rol fiscalizador de la Sunedu al tener en su consejo directivo a miembros que son “juez y parte” implica también un retroceso del sistema universitario peruano frente a otros países de la región que han avanzado en la autonomía de la supervisión frente al rol de los rectores.

“La Unesco ha señalado que esto nos aísla de toda la educación superior en América Latina porque no habrá confianza ni credibilidad en los títulos y acreditaciones de nuestro sistema universitario”, expresó.

En este contexto, los más perjudicados serán los estudiantes de menos recursos vulnerables a ofertas educativas de baja calidad. “Es muy parecido al intento de legalización de colectivos informales, pero con estudiantes, con el recurso humano del Perú”, advirtió Vegas.

Mori advierte que otro riesgo incorporado en el dictamen es que se modifica el artículo 1 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y se retira al Minedu como ente rector del aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Además se reactiva el organismo acreditador del Sineace, que se declaró en reorganización en el 2014, “sin sustento técnico”.

Queda pendiente saber si el Ejecutivo observará el dictamen. Si lo hace y el Congreso lo aprueba por insistencia, expertos indican a este Diario que el único camino disponible será presentar una demanda de inconstitucionalidad.

Sobre este escenario, Mori recortó que César Landa, actual Canciller, fue el presidente del TC cuando en el 2010 se emitió el fallo que recomienda la necesidad de contar con un organismo que supervise el sistema educativo universitario peruano. “Se esperaría que por parte del Gobierno se reflexione y se observe esta ley que va a afectar a los estudiantes, especialmente a los de menores recursos frente al regreso de la estafa universitaria”, añadió.

Intentos seguidos

No es la primera vez que desde el Congreso se intenta atentar contra la reforma universitaria. En diciembre pasado, la Comisión de Educación aprobó dar una segunda oportunidad a aquellas universidades cuyas licencias fueron denegadas bajo el argumento de ayuda a los estudiantes de esos centros, pese a que el año anterior, en la primera ola de la pandemia, se amplió a cinco años el plazo de cese de actividades.