Realizan un plantón en una cárcel de El Salvador para solicitar la libertad de “inocentes”

Un grupo de unas 60 personas, miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), realizó este miércoles un plantón frente a una cárcel cercana a la capital de El Salvador, para solicitar la libertad de “inocentes” que permanecen en prisión, en medio de la implementación en el país de un régimen de excepción contra las pandillas.

Las personas, la mayoría familiares de los detenidos, llegaron hasta el penal La Esperanza, conocido como Mariona, portando carteles y fotografías de sus parientes.

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Samuel Ramírez, representante del Movir , dijo a periodistas que solicitan la liberación de “aquellas personas que ya tienen sus cartas de libertad (emitida por la Dirección de Centros Penales) pero no han salido de prisión porque están siendo retenidos contra su voluntad”.

“Basta de seguir torturando a esa gente que está en la cárcel sabiendo que son inocentes”, añadió Ramírez.

El vocero señaló que solo Movir ha hecho entrega de 258 expedientes con documentos de un igual número de personas a las que “se ha demostrado su inocencia” y reiteró que “a la fecha no han sido liberadas”.

“Es demasiado el silencio de este gobierno. Queremos pedir, antes que comience la Semana Santa, que el tema de las víctimas (del régimen) no muera, que la esperanza de vida de las víctimas siga en El Salvador... reiteramos la exigencia de libertad para todos los inocentes”, remarcó Ramírez.

La actividad en la fachada de la cárcel Mariona concluyó sin percances.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 2 de abril la prórroga 37 del régimen de excepción, implementado desde hace tres años para “combatir” a las pandillas, por lo que algunas garantías constitucionales seguirán suspendidas por un período de al menos 30 días más.

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Bajo este régimen excepcional se han capturado más de 85.500 presuntos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras criminales. El pasado 27 de marzo, estos decretos cumplieron tres años de implementación en medio de polémicas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.

Esta medida extraordinaria, que algunos analistas catalogan como permanente, se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le allanó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

Entre tanto, organizaciones humanitarias han recibido denuncias de al menos 6.889 víctimas de violaciones a los derechos humanos bajo los renovados regímenes de excepción, el 98 % de esta querellas denuncia la detención arbitraria y el 75 % de las mismas señalan directamente a agentes de la Policía.

El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.

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Agencia EFE

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