El gobierno de Boluarte inicia el 2023 con el rechazo de la mitad de los presidentes de Latinoamérica

En total, nueve los gobiernos de la región (todos de izquierda) han rechazado la destitución de Castillo. Algunos, inclusive, no han reconocido a Boluarte como presidenta del Perú (México, Bolivia, Argentina y Colombia) y –pese al anuncio público que hizo Castillo de cierre del Congreso– han calificado la vacancia presidencial del 7 de diciembre como un “golpe de Estado” (Honduras).

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No es el caso de Brasil, gigante latinoamericano que hoy comienza un mandato izquierdista con Lula da Silva a la cabeza. Tras los sucesos de diciembre, el ya electo presidente brasileño sostuvo que, pese a que “siempre es lamentable que un presidente electo democráticamente” tenga la suerte de Castillo, su destitución “fue remitida en el marco constitucional”.

Según el analista internacional Farid Kahhat, este hecho no debería pasar desapercibido, pues marca una diferencia significativa con el Lula da Silva de inicios de siglo, quien “probablemente fue mucho más activista en política exterior que cualquier otro presidente latinoamericano en la historia”.

“Sudamérica tuvo atisbos de políticas exteriores coordinadas única y exclusivamente cuando Lula fue presidente. Por ejemplo, cuando Brasil decide reconocer a Palestina como Estado, casi de inmediato lo hicieron la mayoría de países de la región, y además indicaron que fue una decisión coordinada”, recuerda.

Para Kahhat, este activismo se habría atenuado –si es que no extinguido– en este segundo gobierno, y la postura sobre el caso peruano sería el ejemplo más palpable.

“Para ganarle a Bolsonaro, Lula da Silva ha tenido que hacer alianzas con la centroderecha y derecha liberal, y eso puede poner límites a su activismo en la política exterior. Lo que mostró en el caso de Perú es lo que probablemente veamos de aquí en adelante”, sostiene.

El profesor de política internacional Francisco Belaunde asegura que, sin el gigante brasileño liderando una política exterior de rechazo al nuevo gobierno peruano, difícilmente existirán problemas de carácter diplomático para el país. “Lula ha reconocido al gobierno de Boluarte, por lo que está en una línea distinta de la de otros presidentes de la región. Por ahí hay una cierta tranquilidad para el Perú”, indica.

“Para ser honesto, mientras Brasil no lidere una posición en política internacional, no debería preocuparnos mucho”, coincide Kahhat.

El pasado 30 de diciembre, Dina Boluarte aseguró que su gobierno tiene como objetivo reforzar las relaciones con Brasil.

“Nuestro gobierno apuesta por reforzar la relación bilateral con el hermano país de Brasil, enfatizando la agenda de integración sudamericana y la sostenibilidad de la Amazonía”, escribió en Twitter.

Por otro lado, el primer ministro Alberto Otárola y la ministra de Relaciones Exteriores Ana Gervasi acudieron a la toma de mando de Lula da Silva en Brasilia, en representación de Boluarte. Allí, se reunieron con el canciller brasileo Mauro Vieira. Este reiteró el apoyo del gobierno de Brasil “al proceso democrático institucional del Perú”.

Por su parte, el presidente chileno Gabirel Boric no se ha pronunciado sobre el caso peruano. Tras el fallido golpe de Estado de Castillo Terrones, la cancillería del país emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente la situación política que está viviendo la República del Perú” y dijo confiar “en que esta crisis que afecta a un país hermano se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de Derecho”.

Sin embargo, en una entrevista con la prensa, la canciller chilena Antonia Urrejola sostuvo que, si bien Castillo “no cumplió con las normas constitucionales”, “no lo llamaría golpista”.

El asilo político otorgado por el presidente mexicano a la exprimera dama, Lilia Paredes, no es el primero que genera controversia. En el 2019, Andrés Manuel López Obrador asiló al expresidente boliviano Evo Morales, quien un mes más tarde recibió el mismo beneficio de la Argentina, donde reside actualmente.

Entre los actuales presidentes de Latinoamérica, el que más asilos políticos polémicos ha otorgado es el dictador Daniel Ortega (Nicaragua), quien es, también, el que más tiempo lleva en el poder de manera ininterrumpida. Entre sus refugiados están los expresidentes salvadoreños Salvador Sánchez y Mauricio Funes, y el exprimer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, todos perseguidos por la justicia de su país. En el 2009, Ortega asiló a Alberto Pizango, líder indígena peruano quien, en ese entonces, era investigado por diversos delitos en el marco de la tragedia del ‘Baguazo’.

En Argentina, Alberto Fernández no solo otorgó el asilo a Evo Morales, sino a otros tres funcionarios de su gobierno. También le dio el beneficio a María de los Ángeles Duarte, exministra ecuatoriana condenada a ocho años de cárcel por corrupción.

Según Kahhat, el hecho de que un gobierno dé asilo a un personaje perseguido por la justicia rara vez trae consecuencias relevantes en la relación entre los Estados. Ello, debido a que el otorgamiento de asilo no es considerado un acto de injerencia en asuntos internos y está plenamente permitido por la normativa internacional.

“Se dice, por ejemplo, que Perú expulsa al embajador mexicano por el asilo a Lilia Paredes. Pero si uno lee el pronunciamiento de la cancillería, no se menciona en absoluto el asilo”, precisa.

Lo que sí fue una injerencia en asuntos internos, dice Kahhat, fue el pronunciamiento conjunto de los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia, en el que consideraron que Castillo, “víctima de un antidemocrático hostigamiento” sigue siendo presidente del Perú.

Como resultado del comunicado, la cancillería peruana llamó en consulta a los embajadores de dichos países. En opinión de los especialistas consultados, este hecho no tendría mayor trascendencia a mediano plazo, pues, más allá de sus pronunciamientos, dichos gobiernos no parecieran haber emprendido una política externa en contra del mandato de Boluarte. “Posiblemente van a tratar de no escalar demasiado el asunto. Son relaciones bilaterales muy antiguas”, sostiene Belaunde.

Incluso en el caso de México –cuyo embajador fue expulsado debido a las constantes declaraciones de su presidente, Andrés Manuel López Obrador– las relaciones diplomáticas con el Perú no necesariamente se verían afectadas.

“Casi se ha perdido de vista un gesto conciliador de López Obrador: pese a su retórica, no respondió a la expulsión de su embajador en Lima con una expulsión recíproca del embajador peruano en México. Ese es un indicio claro de que no quiere una agudización de las tensiones”, indica.

Como se recuerda, pese a la expulsión del embajador mexicano por parte del gobierno de Boluarte, López Obrador descartó romper relaciones diplomáticas con el Perú.

Con la asunción de Lula da Silva asumió, la izquierda terminó de consolidarse en la región latinoamericana. Doce de 19 países del subcontinente tienen, ahora, gobernantes de tendencia izquierdista, una cifra que equivale al 63% del total de Estados latinoamericanos. Por el contrario, solo seis estrenan el nuevo año con mandatos de derecha.

Como ha informado ECData, entre el 2018 y el 2022 ocho países de la región cambiaron gobiernos orientados al liberalismo económico por opciones que implican una intervención significativamente mayor del Estado en la economía.

Pero este aparente giro a la izquierda no significa un cambio en las preferencias ideológicas de la población, sino un reflejo del rechazo al tipo de gobierno previo, sea cual fuera su tendencia, explica Kahhat.

“Si por giro a la izquierda se habla de cambio en las preferencias ideológicas de los electores, hay encuestas que revelan que eso nunca existió, como el Latinobarómetro. La real constante no es el triunfo de la izquierda, sino la derrota del oficialismo. Desde el 2018 hasta la fecha, en 15 elecciones consecutivas perdió el oficialismo. Y cuando el oficialismo era de izquierda, también perdió”, asegura.

Belaunde coincide. “Es un giro coyuntural. Sucede que los gobiernos que estaban antes eran de derecha, y la crisis y la pandemia han contribuido a que haya descontento de la población”.