El 4 de julio se entregó oficialmente el borrador de la que podría ser la nueva Constitución de Chile. Dos días más tarde, empezó la campaña del plebiscito del 4 de setiembre, fecha en la que los ciudadanos decidirán si aceptan o rechazan la nueva Carta Magna compuesta por 388 artículos.
En ese contexto, y a poco más de un mes de la cita con las urnas, la Contraloría confirmó que abrió una investigación contra el Gobierno Chileno sobre el gasto público de cara al plebiscito, tras las acusaciones de “intervencionismo” de varios grupos de derecha.
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Según el contralor, Jorge Bermúdez, la investigación busca “determinar el correcto uso de los recursos públicos en este período” y podría eventualmente derivar en acciones como “un sumario, una denuncia a otra institución o un juicio de cuentas”.
Respecto a la nueva Constitución, la opción Rechazo ha cobrado más peso. A principios de este año, los sondeos daban cuenta de que una clara mayoría se inclinaba por la opción Apruebo. Sin embargo, desde abril el viento ha cambiado, aunque nada está dicho.
En un sondeo de Cadem Plaza Pública difundido en la tercera semana de julio se estrechó la diferencia entre las dos opciones. El rechazo cayó cinco puntos respecto a la medición anterior, concitando un 47% de las preferencias, en tanto la aprobación se elevó dos puntos, alcanzando un 39%. Así, la brecha entre ambas alternativas pasó de 15 a 8 puntos.
¿En qué se sustenta el No? Dicha encuestadora anota que “la derecha chilena votará en contra” porque la considera “radical” y escrita por “una izquierda atrincherada en su ideología radical”.
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En ese contexto, miembros de los partidos Renovación Nacional y Evópoli -de derecha- acusaron al Gobierno de Gabriel Boric de incumplir “la prohibición que rige sobre la administración del Estado de hacer campaña en favor de cualquiera de las dos opciones del plebiscito”.
Y no fueron los únicos, luego desde el Partido Republicano -considerado de ultraderecha- se pidió a la Contraloría investigar al Gobierno por “hacer campaña a favor de aprobar la nueva Constitución”.
Al respecto, Stéphanie Alenda, directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, entiende que las denuncias son clara demostración del juego político. No por ello los argumentos son menos ciertos.
“Como tiene un mes para revertir las tendencias de las encuestas, el Gobierno se está jugando el todo por el todo, asumiendo ciertos riesgos para salir adelante y fortalecer la opción aprobatoria. Pero hay que decir que, si bien la tendencia es favorable al rechazo, el Sí ha repuntado”, sostiene.
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Detalles de la investigación
Infobae explica que la investigación de la Contraloría buscará “determinar por qué se utilizó la cuenta institucional del Ministerio de Obras Públicas para viralizar contenidos del plebiscito”. De igual forma, indagará en la ejecución de campañas “financiadas con recursos del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el cual es liderado por ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo”.
Y también se ha ordenado iniciar un “sumario en el Hospital Regional de Antofagasta para determinar responsabilidades administrativas por un cartel promoviendo el voto a una de las dos opciones del plebiscito”.
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El portal agrega: “Hasta el momento son 9 las pesquisas que desarrolla el ente fiscalizar por presunto intervencionismo”.
Stéphanie Alenda anota: “Otro ejemplo es la reciente conferencia en la que el presidente habló sobre la reforma en salud, la eliminación de copagos que favorecerían a los sectores C y D, y luego citó algunos párrafos de la nueva Constitución”.
“Si no se hubiese acompañado con esa mención, sería un discurso totalmente legítimo porque es parte del programa de Boric. El Gobierno argumenta que lo hace para revertir la campaña de desinformación promovida por parte de la oposición”.
Pero habría que dudar de las palabras del presidente. Queda claro, para Alenda, que el mensaje está orientado a esas cinco millones de personas de ingresos bajos que podrían acceder a mejor atención. “Sería una forma del Gobierno para ‘hacerse’ con esos sectores”.
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Repercusiones
¿Qué consecuencias puede generarle al Gobierno de Gabriel Boric esta investigación?
Alenda propone pensar a la Contraloría como actor principal. Si bien las pesquisas tomaron por sorpresa a Boric, estas se desarrollarán dentro de las posibilidades de la institución. “El organismo necesita plazos más largos para poder trabajar, lo que se complica al tener en cuenta que falta muy poco tiempo para el plebiscito”.
“Y eso sin tener en consideración la dificultad que supone fiscalizar este tipo de elementos”. ¿Cómo se marca la línea entre hablar de la agenda del Gobierno y hacer propaganda para una opción? “Mientras no se mencione a la nueva Constitución será muy difícil de fiscalizar”.
“O cuando se reparten ejemplares del nuevo texto como una campaña para informar”.
Pero el mayor riesgo, dice la especialista, es que el mismo presidente “instale la idea de que existe una correlación directa entre su propia aprobación y las intenciones de voto en el plebiscito”.
“Por lo general, cuando sube el Sí, sube su aprobación, y eso puede ser problemático si es que, en este mes, se sucede algún evento que impacte en la imagen del presidente. Ese es un gran riesgo”, concluye.
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