Guillermo Lasso pide a la Corte Constitucional que no rebase sus facultades al criticar decretos urgentes

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, ha pedido a la Corte Constitucional que no rebase sus facultades y abstenga de cuestionar el carácter de urgencia de los decretos-leyes emitidos en este periodo especial donde gobierna sin Asamblea Nacional (Parlamento) a la espera de las nuevas elecciones.

En una larga carta enviada por Lasso a los integrantes de dicha Corte y revelada este miércoles por el propio mandatario, aseguró que su intención es defender firmemente las atribuciones que tiene como presidente, entre ellas emitir en este periodo decretos económicos urgentes que deben ser validados por el tribunal.

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“Respetamos las competencias de control de constitucionalidad de la Corte. Sin embargo, insisto que la definición de la urgencia y las necesidades de la economía ecuatoriana son competencias exclusivas del presidente de la República”, precisó en un mensaje en Twitter en el que también colocó la carta enviada al alto tribunal.

Ecuador, desde mayo pasado, vive un periodo especial luego de que el presidente Lasso declarara la llamada “muerte cruzada” cuando la Asamblea Nacional (Parlamento) debatía su posible destitución en un juicio político en su contra donde estaba acusado de presunto peculado (malversación).

Con esa herramienta constitucional disolvió el Parlamento, llamó a elecciones anticipadas y se aseguró la posibilidad de gobernar por decretos ley en materia económica urgente el tiempo que le reste a su mandato.

Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el próximo 20 de agosto, con la posibilidad, si fuera el caso, de una segunda ronda de votaciones con los dos candidatos a sucederle más votados en octubre.

La “muerte cruzada” representa el artículo 148 de la Constitución que plantea que, por una sola vez en su periodo, el presidente de la República “podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones” que no le competían, si hubiese obstruido el Plan Nacional de Desarrollo o “por grave crisis política y conmoción interna”.

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Esa prerrogativa presidencial, como establece la carta magna, fue admitida por la Corte Constitucional que, además, según la norma, debe revisar y emitir “dictámenes favorables” a los decretos-leyes de urgencia económica que expida el mandatario.

Negativa a zonas francas

El Constitucional, de hecho, ya dio su visto bueno a un decreto ley emitido por Lasso sobre una reforma tributaria que reduce impuestos, pero rechazó otro sobre la creación de zonas francas, entre otros asuntos.

“La Corte no debe rebasar sus facultades generando una apariencia de haberse convertido en un súper órgano que inobserva lo establecido en la misma Constitución”, escribió Lasso en su carta al máximo tribunal de control constitucional del país.

Según el gobernante, “la calificación de urgencia económica es atribución presidencial” ya que es el Ejecutivo el que “administra y cuida los ingresos y egresos (gastos), las finanzas y las inversiones del Ecuador”.

Incluso advirtió del “enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político-económico de hecho”, en un momento en que el Gobierno ha dicho que empezará a hacer frente a una crisis ante la eventual llegada del fenómeno marino-atmosférico de El Niño, previsto para el último trimestre del año.

Lasso denuncia “inseguridad jurídica”

Lasso, en su carta, incluso aseguró que “la Corte ha optado por un alto grado de inseguridad jurídica y ausencia de certeza respecto de los ingresos que el Estado obtiene para la planificación de las urgencias de los ecuatorianos”.

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La normativa habitual establece que la Asamblea Legislativa deba tramitar en un plazo de 30 días las propuestas de ley enviadas por el Ejecutivo con carácter de “urgente”, las mismas que deben cumplir los preceptos de garantizar un equilibrio de las finanzas públicas o ser emitidas para enfrentar una situación económica adversa.

La revelación de la carta de Lasso a la Corte Constitucional se dio en un momento en que los actores políticos del país están abocados a ultimar sus estrategias para la campaña proselitista de cara a los comicios del 20 de agosto.