Supremo Tribunal de Brasil decidirá la suerte de Bolsonaro: ¿condena o amnistía?

La última fase del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados, entre ellos exministros y altos mandos militares, inició el martes 2. El exmandatario es acusado de conspirar para ejecutar un golpe de Estado e impedir que el actual presidente, el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, asumiera el poder tras las elecciones presidenciales del 2022, en las que el derechista perdió.

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Por su rol en la intentona, Bolsonaro fue acusado de cinco cargos, entre los que figuran intentar llevar a cabo un golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho democrático y destrucción de propiedad estatal.

En Brasil se da por hecho que el expresidente derechista será condenado, la incógnita gira en torno a la sentencia. Solo el cargo de conspiración para un golpe de Estado conlleva una sentencia de hasta 12 años. En total, Bolsonaro, que no estuvo en el tribunal el martes, enfrenta hasta 43 años de prisión

El exjefe de Estado podría mantener el arresto domiciliario que cumple ahora debido a sus problemas de salud o cumplir su pena en una comisaría de policía, una prisión militar o una cárcel de máxima seguridad. En cualquier caso, podrá apelar la condena en su contra.

Son varios los motivos por los que el veredicto se percibe adverso para el líder derechista. La principal es la postura que ha mostrado la justicia, desde la fiscalía hasta el Supremo Tribunal Federal de Brasil, liderado por el juez Alexandre de Moraes, considerado un rival por el propio Bolsonaro.

De Moraes aseguró que Bolsonaro y sus aliados buscaron instalar una “dictadura”, al referirse a la asonada del 8 de enero del 2023 en Brasilia, que la fiscalía considera como un último intento de seguir en el poder.

De hecho, en la primera jornada de la audiencia final del juicio, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, acusó a Bolsonaro de liderar una “organización criminal” que tenía el objetivo de “desconocer la voluntad popular” tras los comicios del 2022 y pidió al máximo tribunal que el expresidente y los otros siete acusados sean declarados culpables de todos los delitos que se les imputan.

Las decisiones previas en otros casos judiciales contra Bolsonaro también complican su situación. El máximo tribunal electoral de Brasil ya ha prohibido a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.

En esta fase final del juicio, el panel del tribunal ha programado sesiones durante cinco días hasta el 12 de setiembre, cuando decidirá si Bolsonaro es culpable.

Con la condena dada por segura, los aliados de Bolsonaro están empezando a debatir con más fuerza la posibilidad de aprobar una amnistía para el expresidente en el Parlamento, donde la derecha tiene mayoría.

En una reunión celebrada el martes 2, el presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicó a los líderes de las agrupaciones de derecha que existe una mayoría para programar la amnistía.

CNN Brasil señala que a pesar de la resistencia de los partidarios del gobierno, los líderes de los partidos PL, PP, Unión Brasil y Republicanos apoyaron el avance de la amnistía. Un impulso importante llegó de parte del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que adoptó un discurso más vehemente en favor de la amnistía.

La concesión de amnistías se debate actualmente en el Congreso a través de un proyecto de ley que indultaría a quienes participaron en las protestas y manifestaciones del 8 de enero del 2023, antes o después de esa fecha, siempre que estén relacionadas con el evento, apunta BBC Brasil.

Constitucionalmente, la concesión de la amnistía es competencia del Congreso Nacional, pero el beneficio puede llevarse ante la Corte Suprema si existe una acción que cuestione su validez. Es decir, si se concede el beneficio la Corte Suprema se pronuncia sobre su constitucionalidad, si corresponde.

“Yo no creo que haya posibilidad de una amnistía. Una interferencia de los parlamentarios sobre el Poder Judicial crearía una situación de crisis institucional. No veo como un proceso de amnistía lograría ser exitoso, especialmente porque el Ejecutivo también se mantiene firme en apoyar el juicio, y el Congreso no cuenta con apoyo popular”, dice a El Comercio el analista político brasileño Guilherme Simões.

Para el experto, el apoyo del gobernador Tarcísio de Freitas al intento de amnistía parece “un teatro” con para convencer a los partidarios de Bolsonaro y heredar sus votos en las próximas elecciones. “No existe ninguna racionalidad para que Tarcisio desee que Bolsonaro no sea condenado. Un candidato de derecha estará en la segunda vuelta contra Lula, y ese candidato depende de que Bolsonaro esté fuera de la competencia por la Presidencia para ser el nombre que represente al sector conservador”, añade.

En la misma línea, Thiago de Aragão, especialista y director de estrategia de la consultora Arko Advice, apunta que las posibilidades de una amnistía son bajas, principalmente porque Bolsonaro está siendo condenado por cinco cargos diferentes enmarcados dentro del intento de golpe.

“Lograr una amnistía para todos esos cargos es muy complejo, y hoy en día no hay esa demostración de voluntad por parte de algunos líderes del Congreso para hacerlo. Siempre es una posibilidad, pero no es algo que parezca viable, no es algo que parece que se apruebe”, dice a este Diario.

Añade que una amnistía para Bolsonaro podría tener varias consecuencias políticas y negativas para la democracia en el país. Además, señala que no le permitiría volver a la política. “Son dos cosas diferentes. Si se le concediera una amnistía, no sería encarcelado, pero no podría presentarse a las elecciones porque una amnistía no puede anular eso”, señala.

Aunque no se ha pronunciado directamente sobre las solicitudes de amnistía, De Moraes afirmó que “la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la paz”, lo que parece aludir a los pedidos de “pacificación” que hacen quienes piden indultar a los implicados en los hechos del 8 de enero.

“Confundir la pacificación sana y necesaria con la cobardía del apaciguamiento significa impunidad y falta de respeto a la Constitución Federal y, además, significa alentar nuevos intentos de golpe de Estado”, dijo al comenzar el juicio.

De Moraes también afirmó que el rol del tribunal es juzgar imparcialmente “independientemente de amenazas o acciones legales, ignorando presiones internas o externas”.

Con ello se refirió veladamente al presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que impuso un arancel del 50% sobre los productos brasileños importados a la situación judicial de Bolsonaro, a quien defiende.