“Estamos viviendo un infierno”: Venezuela bate récord de presos políticos | CRÓNICA

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Casi una semana atrás, Andrés había sido testigo electoral de la oposición en Paraguaná, en el estado de Falcón, durante las elecciones del 28 de julio. Al día siguiente, dos sujetos quisieron entrar a su vivienda diciendo que eran técnicos de la empresa que le brinda Internet. Nunca dijeron sus nombres. Sus rostros estaban ocultos con mascarillas, capuchas y gorras. A diferencia de esa vez, el nuevo visitante no quería ocultarse. Con la matrícula del auto, un contacto ayudó a Andrés a averiguar quién lo vigilaba: “Si puedes irte, hazlo; tu detención es inminente, te van a llevar al Helicoide”.

“Fue un momento muy duro. Al despedirme de mi familia, desconecté el chip de mi teléfono para que no me pudieran localizar. En la madrugada del domingo partí por tierra a Colombia”, cuenta a El Comercio el joven que finalmente se trasladó a Madrid.

Andrés siente que todo pasó en cámara lenta desde la jornada electoral. Primero lo invadió la esperanza al ver el desempeño de la oposición. “Nicolás Maduro: 195 votos, Edmundo González: 1.046″, se coreó como resultado de las tres mesas de su centro de sufragio. La alegría dio paso a la indignación cuando las autoridades electorales primero se negaron a entregar copias de las actas –algo que el joven nunca vio en los otros siete comicios en los que fue testigo electoral– y finalmente anunciaron como ganador al mandatario chavista, sin publicar el escrutinio mesa por mesa y pese a que las pruebas de la oposición muestran lo contrario. En medio de todo, el miedo crecía en todos los rincones del país.

Desde las elecciones, el régimen no solo ha anulado los pasaportes de cientos de venezolanos, entre ellos testigos electorales –incluido Andrés–, dirigentes políticos y periodistas, sino que ha emprendido una persecución de niveles inéditos para el país.

La violencia y la represión poselectoral han dejado hasta ahora 25 muertos y 1.780 detenidos, incluidos 114 adolescentes. Es el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI, según la ONG Foro Penal, que señala que antes del 28 de julio había 199 detenidos de ese tipo en el país.

Uno de los líderes políticos privados de su libertad es el exdiputado opositor Williams Dávila, detenido el 8 de agosto en Caracas, durante una vigilia por los detenidos en las protestas. Su familia nunca recibió alguna comunicación oficial de su caso. Se enteraron de que estaba en el Helicoide tres días después y luego una llamada del hospital les hizo saber que había sido internado por una infección.

“Cinco días después de haberlo secuestrado, lo llevaron a un hospital. Todo lo supimos por rumores y por conocidos. Hemos acudido a todas las instancias legales y no nos dan respuesta”, dice a este Diario su hijo, William Dávila Valeri, quien radica en España. ¿Qué cargos le achacan a su padre? Nadie lo sabe, pero sus seres queridos presumen que lo acusan de terrorismo o incitación a la violencia, una maniobra usual del régimen. En teoría, le asignaron un defensor público, pero la familia tampoco ha podido hablar con él.

Williams tiene 73 años y una patología en el corazón que hace que su familia tema por su vida. “Eso ha estado en la mente de todos desde hace días. Nos preguntamos qué va a pasar. Ahora está en el hospital; mi padre es una persona mayor. No sabemos si lo van a sacar y lo van a llevar al Helicoide. Hay mucha gente que desaparece y sus familias no tienen la capacidad de hablar con nadie. Es un drama”, dice Dávila Valeri.

“No sabemos qué va a pasar y, a pesar de todo, nosotros tenemos cierta suerte porque logramos enterarnos de dónde está mi papá, pero hay mucha gente que no sabe el paradero de su familiar”.

William Dávila Valeri

Dentro de Venezuela, Andreína Baduel ha confirmado que el régimen siempre puede ser más cruel. Su padre, el general Raúl Baduel, exministro de Defensa que desafió a Hugo Chávez, murió en prisión en octubre del 2021. La causa oficial fue COVID-19, pero su familia y organizaciones como Provea señalan que su salud empeoró tras una intervención quirúrgica realizada contra su voluntad mientras estaba en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional conocidos como La Tumba.

Pero para Andreína el mayor recordatorio del horror que viven los presos políticos es su hermano Josnars, detenido desde hace cuatro años y sentenciado hace poco a la pena máxima de 30 años acusado de “conspirar” contra Maduro. En abril último fue trasladado al Rodeo 1, descrito como un centro de torturas a las afueras de Caracas. Su hermana cuenta que él está en una celda de dos por dos metros, donde solo tiene una letrina y una cama de cemento. No tiene acceso a la luz solar y está aislado las 24 horas. Tiene, además, restricciones de alimentación, de hidratación y de medicación.

“Lo vemos a través de un vidrio y nos comunicamos por un teléfono, pero no conforme con todas estas violaciones de derechos humanos, tanto él como los familiares que ingresamos a ese centro de tortura somos encapuchados para llegar al área de visita donde ni siquiera podemos darle un abrazo a nuestro familiar”, señala a El Comercio.

“Hay familias que están aterrorizadas con tanta crueldad. No solo se llevan presos a uno, dos, tres miembros de una familia, sino que amenazan y hostigan al resto para que no denuncien”.

Andreína Baduel

La venezolana afirma que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos unen esfuerzos para elevar su voz. “Es absolutamente repudiable que en Venezuela las violaciones de derechos humanos incrementen. El régimen ha marcado precedentes de horror. Es un horror esta cantidad de nuevas víctimas; antes éramos cientos de familias afectadas y ahora somos más de 2.500 las que estamos viviendo este infierno”, afirma.