¿De qué se acusa a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y qué posibilidades hay de que sean arrestados?

“Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y, ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y, al mismo tiempo, pretender arrinconar a los vencedores”, dice la carta firmada por González y Machado.

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“Hacemos un llamado de conciencia a militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. Mientras ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar por sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional, por sus familiares y amigos, cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio y que ustedes conocen”, agrega la carta.

“Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones”, continúa.

En su carta, González y Machado dijeron a los militares y policías que su “nuevo gobierno” les “ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional”.

El martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó su “absoluta lealtad” a Maduro y calificó de “desesperados y sediciosos” los pedidos de apoyo de la oposición.

En respuesta a los opositores, el lunes el fiscal general de Venezuela, el chavista Tarek William Saab, informó que abrió una investigación penal a los dos opositores por seis supuestos delitos: usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración.

El delito de conspiración es uno de los más graves y según el artículo 143 del Código Penal de Venezuela, se castiga con 12 a 24 años de cárcel.

Mientras que el de usurpación de funciones es el más leve. De acuerdo con el artículo 213 del Código Penal, será castigado con prisión de dos a seis meses.

La instigación a la desobediencia y leyes, conforme con el artículo 285 del Código Penal, supone una pena de cárcel de tres a seis años.

En su comunicado, Saab calificó de írrita la carta firmada por González y Machado y dijo que ellos “falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el CNE, único órgano calificado para hacerlo”.

Sostuvo, además, que ambos políticos hicieron “una abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes”.

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En este punto, cabe precisar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó el lunes las actas del escrutinio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que hará una revisión del resultado que proclamó ganador a Maduro con el 52% de los votos contra el 43% de González Urrutia.

El CNE no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, e insiste en que el 28 de julio el sistema fue blanco de un hackeo que le había impedido la rápida contabilización de los votos.

Sin embargo, la oposición, a través de sus testigos de mesa, ha podido conseguir 24.532 actas, que corresponden al 81,7% del total.

Estas actas reflejan un contundente triunfo de Edmundo González Urrutia, con el 67% de los votos, sobre el 30% que habría obtenido Nicolás Maduro.

El pasado viernes la oposición publicó estas actas en una página web donde los ciudadanos pueden comprobar con el número de sus cédulas el resultado de la mesa de votación donde están inscritos.

Andrés Cañizález, escritor, periodista e investigador universitario, explica a El Comercio que para entender a lo que apunta el fiscal general hay que tener en cuenta los antecedentes.

“El actual fiscal general no fue nombrado por la Asamblea Nacional, como dicta la Constitución, sino por una Asamblea Nacional Constituyente, que fue considerada ilegítima por más de 60 países. Esa Constituyente en lugar de dedicarse a redactar una nueva Constitución fue un aparato político paralelo al Parlamento, que quedó en manos de la oposición por elecciones en el 2015. Entonces, este fiscal es un operador del Gobierno de Nicolás Maduro”, señala.

Cañizález agrega que “la estrategia del fiscal, más que meter preso a estas figuras, porque eso sería un escándalo internacional, apunta a establecerles restricciones, como impedirles salir del país, algo que ya pesa sobre María Corina Machado. Es una suerte de operación de amedrentamiento, de acorralar, de perseguir judicialmente sin que necesariamente la Fiscalía vaya a probar que hay un hecho punible”.

El periodista recuerda que en el caso del líder opositor Juan Guaidó, a este no se le metió preso, pero debido a las múltiples investigaciones que se le abrieron se le obligó a que se fuera del país. “Pero en este contexto, considero que ni María Corina ni Edmundo se van a ir de Venezuela, pero le añade tensión a la situación en un momento en el cual países como Brasil, Colombia y Chile están pidiendo que haya diálogo, algo que es dinamitado con esta investigación”.

“Estas decisiones de la fiscalía deben leerse como acciones políticas más que como acciones judiciales”, finaliza Cañizález.

Carmen Beatriz Fernández, CEO de DataestrategIA y profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, le dijo a El Comercio que a partir del 28 de julio, el Gobierno de Maduro asumió el peor de los caminos, que es hacia la radicalización.

“Creo que Maduro tenía una gran oportunidad de tener las riendas controladas de una transición, porque había un periodo de seis meses entre la elección y la toma de posesión de Edmundo González si se reconocía su victoria. Era una oportunidad en una transición que es inevitable y le tocaba a Maduro dirigirla, era una oportunidad muy ventajosa, el menos malo de los escenarios para el propio Maduro. Pero lo que hemos visto es muy distinto, se tomó el camino de un fraude muy grueso, muy burdo, una patraña electoral que hizo que perdiera los aliados internacionales que tenía el propio oficialismo, escogió el camino más árido”, indica Fernández.

Sobre la posibilidad de que se emita una orden de arresto contra González y Machado, la analista cree que en el actual estado de las cosas, “en esa calle ciega donde se metió el régimen y donde también metió a Venezuela, es posible que se arremeta contra María Corina y Edmundo, sin duda. Creo que la situación es bastante distinta a la de Juan Guaidó, a quien la comunidad internacional reconoció como presidente legítimo al desconocer a Maduro, pero en este caso lo que se ha reconocido por parte de la comunidad internacional es la de presidente electo en la figura de González, reconocen el resultado de las elecciones”.

Jesús Abreu Mena, periodista de Política del portal El Pitazo, manifestó a El Comercio que la Fiscalía ha ido escalando en sus acciones contra los opositores González y Machado. “Visto el panorama actual de detenciones y amenazas, no se puede descartar que la próxima medida sea la detención de ambos. Pareciera que una acción como esa pudiera representar un punto de inflexión, por lo que quizá la Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no se precipiten”.

Entre las figuras de la oposición de Venezuela que han sido encarceladas por el régimen chavista figura Leopoldo López, exalcalde del municipio de Chacao, fundador del partido Voluntad Popular, y quien también aspiró a la Presidencia de Venezuela como precandidato.

En el 2008, el entonces presidente Hugo Chávez le prohibió lanzarse a cargos de elección popular y lo acusó de corrupción y de malversación de fondos públicos.

López llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón y determinó que sus derechos fueron violados.

El 13 de febrero del 2014, un tribunal venezolano emitió una orden de arresto en su contra, luego de que al menos tres personas fueran asesinadas durante una protesta antigubernamental en Caracas. Las autoridades lo señalaron de ser responsable de la violencia generada en esa manifestación. Fue acusado de conspiración, asesinato y terrorismo. Cinco días después, se entregó a las autoridades.

El 10 de septiembre del 2015, fue declarado culpable y sentenciado a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión.

El 8 de julio del 2017 fue puesto en prisión domiciliaria. Más de tres años después, el 24 de octubre del 2020, salió de manera clandestina de Venezuela y cruzó la frontera hacia Colombia. Al día siguiente llegó a España.

Otro caso es el de Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas. El 19 de febrero del 2015 fue arrestado por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras ser acusado de participar en una conspiración contra Maduro.

El 15 de febrero del 2016, la Fiscalía solicitó una sentencia de 16 años de cárcel tras ser imputado por conspiración y asociación para delinquir. Luego se le dio la medida de casa por cárcel.

El 17 de noviembre de 2017, Ledezma huyó de Venezuela a través de la frontera con Colombia, para finalmente viajar a España.

Daniel Ceballos, que fue alcalde de San Cristóbal y dirigente del partido de Leopoldo López, fue arrestado el 19 de marzo del 2014 tras ser acusado de apoyar las guarimbas y hacer llamados a la violencia, mientras que Maduro lo señaló de ser un “terrorista”.

El 11 de agosto del 2015, un tribunal de Caracas acordó otorgarle la medida cautelar de arresto domiciliario.

El 27 de agosto del 2016 fue enviado nuevamente a prisión, tras ser acusado por el Ministerio del Interior de estar preparando su fuga. Finalmente, fue liberado el 1 de junio de 2018.

El 30 de marzo del 2022, Ceballos pasó a formar parte de una facción de Voluntad Popular que reclamó judicialmente la titularidad del partido, motivo por el cual fue tildado de “traidor y alacrán” y de ser “cómplice de los criminales de lesa humanidad”.

Ceballos fue uno de los 10 candidatos en las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año.