La nueva ola de arrestos ordenada por Maduro para que los venezolanos no protesten el 9 y 10 de enero

En el caso de Enrique Márquez, fue detenido por agentes de seguridad del Estado, denunció el partido opositor Voluntad Popular (VP).

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“Márquez, al igual que la mayoría de los venezolanos, no avaló el fraude de Maduro el pasado 28 de julio. No ha cometido ningún delito. Exigimos que aparezca ya y que sea liberado inmediatamente”, dijo Voluntad Popular en las redes sociales.

El político ha sido vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y diputado. Tras las elecciones del 28 de julio, exigió varias veces la publicación de las actas de las votaciones y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la irregular reelección de Maduro proclamada por el CNE.

En la noche del miércoles, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó el arresto de Márquez y lo acusó de supuestamente planear un golpe de Estado para el 10 de enero. Agregó que según un documento de 21 páginas presuntamente encontrado en su computadora, había propuesto celebrar el acto de juramentación de González Urrutia en una embajada venezolana en el exterior.

El martes, Edmundo González Urrutia, reconocido como ganador de las elecciones por Estados Unidos y otros países, denunció la “desaparición forzada” de su yerno Rafael Tudares en Caracas.

“Esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases, lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido”, dijo en sus redes sociales.

En otro mensaje, Edmundo González calificó como “desaparición forzada” el secuestro de su yerno. Lo hizo al citar un comunicado de su hija, Mariana González, en el que defendió la inocencia de su esposo.

En su mensaje, Mariana González explicó que Tudares fue “interceptado” sin “ninguna medida”, cuando se desplazaba en su vehículo con sus hijos de 6 y 7 años. “¿En qué momento se convirtió en delito ser familia de Edmundo González Urrutia? ¿Por eso se llevaron a mi esposo? ¿De qué se le acusa?”, cuestionó.

También se denunció el martes la detención del defensor de la libertad de expresión y de los derechos humanos Carlos Correa.

“Se desconoce el paradero de nuestro director ejecutivo Carlos Correa desde las 5:00 pm (21:00 GMT) aproximadamente, de este 7 de enero. No ha sido posible establecer comunicación. Según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados. Exigimos al Estado que aparezca sano y salvo”, publicó Espacio Público en la red social X.

A través de un video, la esposa de Correa, Mabel Calderín, alertó sobre las delicadas condiciones de salud del periodista, quien se encuentra bajo varios tratamientos médicos que no puede interrumpir.

“Él es hipertenso, tiene tratamiento permanente que no puede dejar de tomar. Tiene problemas de próstata que necesitan ser tratados, además de un tratamiento endocrinológico, odontológico y dermatológico. En este momento está bajo un tratamiento delicado, complicado y necesita ser tratado”, expresó.

Ni la Fiscalía ni las autoridades policiales han confirmado estos arrestos.

Además, fueron detenidos otros opositores como Francisco Cariello, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo en el estado Falcón, Jesús Sira, profesor y dirigente en el estado Lara; Jeremy Santamaría, concejal de Puerto Ordaz. También los colaboradores del partido Vente Venezuela Marianela Ojeda, Francisco Graterol, Robert Rea, Darío Durán, Enger Jordán; y Alejandro Briceño, de Acción Democrática.

Maduro informó el martes del arresto de siete ciudadanos extranjeros que actuaban como “mercenarios” y presuntamente planeaban acciones violentas en Venezuela.

Los detenidos son dos estadounidenses, dos colombianos y tres ucranianos, detalló Maduro sin revelar sus nombres, ni las pruebas que hay en su contra.

El lunes, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que las autoridades venezolanas habían detenido a 125 “mercenarios” de varias nacionalidades acusados de “acciones de desestabilización”. Entre los arrestados figuran cuatro peruanos.

La lideresa opositora María Corina Machado convocó a los venezolanos a manifestarse en las calles los días 9 y 10 de enero para presionar por la juramentación de González y no la de Maduro, como pretende el régimen.

Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en el Perú, le dijo a El Comercio que esta última ola de detenciones no es más que la continuación de la escalada de generación de violencia como estrategia política del régimen de Maduro “para buscar desmovilizar a la población venezolana que está dispuesta a salir a las calles a defender lo que fue su decisión del pasado 28 de julio: elegir con una contundente y mayoritaria votación a Edmundo González Urrutia como su presidente”.

“Lo único que busca el régimen es sembrar miedo, terror, desasosiego en la población venezolana. No es una práctica nueva, se ha utilizado incluso desde la época en que Hugo Chávez Frías estaba en el poder”, manifestó Pérez.

“El régimen quiere decir yo tengo el control, yo te puedo detener cuando me de la gana porque tengo el control de los poderes públicos, pero también te puedo liberar cuando quiera, sin importar la decisión judicial o fiscal. Desde el Ejecutivo puedo ordenar al fiscal, al Poder Judicial que te libere; o sea, yo tengo el poder absoluto en Venezuela”, agregó.

El abogado venezolano Darrin J. Gibbs enumeró a El Comercio las acciones represivas que ha llevado adelante el régimen de Maduro en los últimos días. Dijo que la ola de arrestos se ha sumado a la militarización del país, con el foco puesto en el centro de Caracas, específicamente en las adyacencias del Palacio de Miraflores y de la Asamblea Nacional, donde prácticamente nadie puede entrar sin ser controlado.

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Pérez indicó que Diosdado Cabello, “el vocero de esta nueva escalada de violencia, de atropello, de persecución que se pretende reiniciar en Venezuela, ha dicho que están dispuestos incluso a derribar el avión de Edmundo y los expresidentes si tratan de llegar al país”.

“Dijo que serían tratados como invasores. Más allá de verlo como una bravuconada de Cabello, analizo lo dicho como una medida desesperada, una narrativa llena de muchísimo nerviosismo frente a lo que ellos tampoco tienen claridad en lo que puede ser la reacción de la gente e incluso de la propia Fuerza Armada el próximo viernes 10 de enero”, explicó Pérez.

Gibbs manifestó que hay mucha tensión al respecto en Venezuela, luego de que Cabello advirtiera que si hay una violación del espacio aéreo, esta acción será considerada como hostil, por lo que la nave podría ser derribada.

El abogado citó también la declaración del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien señaló que hay aviones preparados para impedir el acceso al espacio aéreo venezolano de la nave de González.

“Estas son declaraciones muy serias, muy elevadas. La única manera para que se derribe un avión es que muestre hostilidad, o que haya situaciones relacionadas con explosivos en la nave, un tema de un agente químico, pero este no es el caso. Lo que hay es la presencia de humanos que no representan un factor de riesgo; en este caso el avión debe aterrizar, ya será decisión del régimen si los deja bajar o no”, anotó Gibbs.

Lo que sucede actualmente en Venezuela es la repetición de un patrón de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen que se ha venido repitiendo incluso desde que Maduro asumió el poder por primera vez en el 2013.

Esa también es la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un informe divulgado el martes acusó al Gobierno de llevar a cabo una represión tras las elecciones del 28 de julio, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En el informe, la CIDH afirmó que Maduro no solo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.

La CIDH advirtió de que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más represiva, tras las elecciones.

En la tercera etapa, el régimen puso en marcha la denominada “Operación Tun Tun”, en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que se desencadenaron en el país por “la percepción de fraude”.

“Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”, dijo la CIDH en su informe.

“Se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”, agregó.

La CIDH remarcó que “la opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”.