Las pruebas de la “brutal” represión en Venezuela, la más mortífera de los últimos años según HRW

En la madrugada del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Nicolás Maduro ganó la reelección al favorito candidato unitario de la oposición Edmundo González Urrutia. La autoridad también dijo que sus sistemas fueron jaqueados y desde entonces no ha publicado las actas oficiales que demuestren el supuesto triunfo del mandatario chavista.

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Por el contrario, la oposición accedió a más del 80% de las actas a través de los testigos de mesa. Estos documentos, que fueron publicados en línea, le dan el triunfo a González sobre Maduro por más de 30 puntos de ventaja (67% contra 30%).

El mismo 29 de julio, estallaron protestas espontáneas pacíficas en barrios populares de Caracas y otras ciudades de Venezuela, antes considerados como bastiones del chavismo, para denunciar fraude contra el candidato opositor. Las manifestaciones fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad y civiles armados.

Human Rights Watch dijo que ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados chavistas conocidos como colectivos han cometido abusos generalizados, incluidos asesinatos, detenciones y procesamientos arbitrarios y acoso a críticos.

La ONG sostuvo que recibió información creíble sobre 24 asesinatos en el contexto de protestas por parte de organizaciones locales independientes, entre ellas el Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea. También verificó casos en las redes sociales.

Human Rights Watch dijo que documentó de forma independiente 11 casos de asesinatos, revisando certificados de defunción, verificando videos y fotografías y entrevistando a 20 personas, entre ellas testigos y otras fuentes locales. Muchos familiares, testigos y otras personas no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del gobierno, anotó.

HRW agregó que para hacer esas documentaciones “analizó y verificó 39 videos y dos fotografías” de las protestas encontrados en diversas redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas locales.

Los investigadores de HRW confirmaron los “lugares exactos en los que se filmaron estos videos; analizaron las sombras, patrones meteorológicos y fechas de carga del material en redes sociales para determinar la hora en la que ocurrieron los hechos”.

También consultaron con patólogos forenses y expertos en armas, que analizaron las heridas de las víctimas y las armas identificadas en los videos y fotografías.

Según las autoridades venezolanas, se detuvo a más de 2.400 personas en relación con las protestas. Mientras que el Foro Penal ha registrado 1.581 “presos políticos” que han sido arrestados desde el 29 de julio, incluidos 114 menores de edad.

Los fiscales venezolanos han acusado a cientos de personas de delitos que conllevan duras penas, como los de incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo, indicó HRW.

Además, la justicia ha ordenado el arresto de González Urrutia, tras acusarlo de los supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación.

Entre otras tácticas represivas implementadas por el régimen chavista, Human Rights Watch menciona la cancelación de pasaportes a críticos para impedirles salir del país, está alentando a los ciudadanos a denunciar a los manifestantes y realiza redadas abusivas, especialmente en comunidades de bajos ingresos.

También menciona la reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional que otorga al gobierno amplios poderes para controlar y cerrar organizaciones no gubernamentales, especialmente las que defienden los derechos humanos.

“La represión que estamos viendo en Venezuela es escandalosamente brutal”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos afectados deben tomar medidas urgentes para garantizar que las personas puedan protestar pacíficamente y que se respete su voto”.

Sobre las elecciones del 28 de julio, HRW dijo que el Equipo Técnico Electoral de las Naciones Unidas y el Centro Carter manifestaron que el proceso carecía de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado oficial. Indicaron que, en cambio, las actas de escrutinio que la oposición hizo públicas eran confiables.

Andrés Cañizález, escritor, periodista e investigador universitario venezolano, le dijo a El Comercio que diferencia de otros momentos donde también hubo olas represivas en Venezuela, como en el 2014 y 2017, esta vez el volumen de detenciones ha sido muy alto. “En un momento el Gobierno habló que había detenido a 2.200 personas en diez días, eso fue la mitad de todos los detenidos del 2017 durante ocho meses de protestas. Ahí hay un patrón distinto marcado por la masividad de arrestos. Esto forma parte de una estrategia política para quebrar de manera temprana cualquier intento de que los opositores tomaran las calles, se dio un mensaje muy ejemplarizante”.

Otro patrón distinto, señala Cañizález, es la detención de más de 100 adolescentes.

“También me parece importante señalar que el Gobierno abiertamente avaló la represión, al emitir una cantidad de mensajes de Nicolás Maduro justificándola pública y abiertamente. Ahí también observo un cambio, con matices, en relación con el pasado. Aunque la cadena de mando de las represión en el pasado lleva a Maduro, y el presidente ha condecorado a los principales represores, este no había emitido una manifestación de beneplácito hasta el punto de dar cifras de detenidos, por ejemplo”, remarcó Cañizález.

El periodista también indicó que no hay ninguna investigación a los cuerpos de seguridad ni a colectivos por las muertes de civiles en las protestas que estallaron tras las elecciones. “Las autoridades no han admitido ningún exceso, así que es un tema que ni siquiera ha sido tratado por la justicia. Creo que se va a abrir otro capítulo en relación al papel que pueda tener la justicia internacional, porque me parece que lo que también ha quedado en evidencia para todo el mundo es que en Venezuela no tenemos instituciones: la Fiscalía está plegada al Gobierno, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, no veo perspectivas de que haya justicia dentro de Venezuela por lo ocurrido este 2024″.

En cuanto a la justicia internacional, Cañizález refiere que si bien se asume que los tiempos de la Corte Penal Internacional (CPI) son largos, le parece llamativo su silencio con respecto a la actual represión de las manifestaciones, que precisamente la base de la investigación que inició a propósito de lo que ocurrió en el 2014 y en el 2017. “Me llama la atención que no hayan dicho al menos que van a investigar, que van a ver si esto se conecta con lo que ya están investigando”.

“La CPI, por razones que desconozco, ha sido sumamente cautelosa con el tema de Venezuela. Observo los posicionamientos de la Fiscalía de la corte con otros países, donde es mucho más tajante, mucho más abierta, pero en el caso de Venezuela la siento siempre cautelosa. El discurso que mantiene el fiscal da a entender que no se quiere llegar a la etapa de juicio, sino que quiere lograr que haya una reparación con los sistemas de justicia internos de Venezuela, incluso la CPI ha estado negociando largamente la apertura de una oficina en Venezuela. Pero creo que lo que ha ocurrido ahora echa al traste cualquier intención de enmienda que le pueda haber manifestado el Gobierno de Maduro a la justicia internacional”, puntualizó Cañizález.

El abogado Darrin Gibbs, miembro del equipo jurídico de la ONG Defiende Venezuela, manifestó a El Comercio que la represión ha estado marcada por el uso desproporcionado de la fuerza y por la participación de civiles armados llamados colectivos.

Gibbs agregó que con respecto al pasado, ahora hay más periodistas detenidos y que se está persiguiendo de manera arbitraria a líderes de la oposición cercanos a María Corina Machado.

Con respecto al papel de la Fiscalía de Venezuela, Gibbs señaló que la única línea de investigación que mantiene es que hay una conspiración contra el Gobierno, y no ha abierto ninguna pesquisa a los cuerpos de seguridad ni a los colectivos por las 24 muertes en las protestas.

“La Fiscalía sostiene que las muertes son responsabilidad de María Corina Machado y de Edmundo González”, refiere.

Sobre la justicia internacional, Gibbs remarcó que la Fiscalía de la CPI lleva investigando seis años a Maduro y que tiene en sus manos información importante, documentada y verídica sobre las muertes producto de la represión chavista. “Entonces, la pregunta que salta a la vista es qué espera el fiscal Karim Khan para tomar una medida y solicitar al tribunal a la Corte Penal Internacional el inicio del proceso judicial correspondiente. No se explica por qué esto no ha tenido lugar. Si se compara con el caso de de Benjamin Netanyahu, Hamás y el de Vladimir Putin, vemos una clara diferencia que es inexplicable”.

“Resulta importante y necesario que la CPI y los organismos internacionales continúen esta labor de llamamiento, continúen la labor de documentación, de investigación y que sigan apoyando la garantía de derechos en Venezuela, porque vemos que la represión ha ido en aumento”, agregó.