Para perder una mano de póker no hace falta tener malas cartas. Basta con jugarlas mal. El Ejecutivo pidió al Congreso 66 medidas en ocho materias y 120 días. La Cámara de Diputados le devolvió 20 medidas, dos materias –seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño– y 90 días. Lo que quedó fuera tendrá que esperar un nuevo pedido o ir por la vía ordinaria.
Fuera del oficialismo, solo Renovación Popular compartía una agenda más amplia. La mayoría había que construirla sobre tres ideas fuerza –seguridad, El Niño y economía– y el Ejecutivo no lo hizo. Primero, presentó ocho materias, regalándole a Diputados la tarea de elegir lo más fácil de defender sin asumir costo político. Segundo, lo económico nunca se puso por delante: la seguridad y El Niño acapararon el mensaje y, cuando Diputados dejó fuera las reformas económicas, ya era tarde para explicarlas. El primer ministro Luis Galarreta lamentó después que no se incluyeran “acciones para formalizar las mypes, simplificar trámites [y] mejorar los servicios públicos”. ¿Acaso le pareció trivial defenderlas desde el inicio?
Tercero, el fuego amigo. Martha Chávez anunció que el Senado restituiría el texto original, aunque su reglamento le prohíbe “desnaturalizar” lo aprobado por Diputados. Si el Senado iba a reponerlo todo, a Diputados le convenía recortar fuerte y marcar territorio. Luego, tras la controversia por la suspensión del debate en el Senado, Martha Moyano soltó: “Ser autoritario no es tan malo”. Difícil imaginar una frase más útil para quienes buscan encasillar a este gobierno como autoritario y, por tanto, peligroso de empoderar.
Los medios tampoco ayudaron. La cobertura se quedó en el cheque en blanco y las frases altisonantes; casi nadie explicó qué reformas económicas había en el pedido. Así, votar por seguridad y El Niño no le costaba nada a nadie, mientras que eliminar topes de interés o tocar reglas laborales podía venderse como un favor a los bancos o como precarización. Cada diputado se quedó con lo que no le podían reprochar. Y lo que quedó fuera no era poca cosa.
En crédito y competencia, se buscaba eliminar los topes a las tasas de interés de la Ley 31143. Un tope no abarata el crédito para quien es riesgoso: lo deja sin crédito formal y lo manda al prestamista informal. También se quería incluir como barreras burocráticas las que imponen las entidades en servicios prestados en exclusividad, y darle dientes al Indecopi para que sus medidas cautelares sirvan y sus mandatos se cumplan. Hoy una entidad puede perder el caso y, aun así, tardar en acatar.
En inversión, se pedía actualizar la Ley de Concesiones Eléctricas, de 1992, para dar cabida a la generación distribuida, dar certeza a las concesiones mineras, modernizar los contratos de hidrocarburos e integrar los permisos ambientales en la Certificación Ambiental Global. Sin reglas claras, la inversión busca otro país.
En el Estado y las empresas, se proponía revisar el régimen de responsabilidad funcional que hoy hace que el funcionario prefiera no firmar, porque decidir es más riesgoso que paralizar. Se buscaba simplificar las SACS para impulsar la formalización y crear un bono de productividad que no infle la remuneración computable, para que premiar el desempeño no encarezca los beneficios.
Todas estas reformas exigen rango de ley. Ese es el verdadero costo del recorte: no son 46 medidas en abstracto, sino meses, quizá años, con las mismas trabas.
En el Senado, la prohibición de desnaturalizar deja poco margen: a lo más, entrarán medidas económicas ligadas a la seguridad o a El Niño. Lo demás deberá esperar y, para entonces, el Ejecutivo tendrá que priorizar, sustentar cada medida con un caso y pedir a sus voceros pechar menos y consensuar más. Si no, la factura la pagarán quienes seguirán esperando un crédito, un permiso o una regla clara para invertir.
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