Juego de tronos

El vaivén institucional entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se ha convertido en una telenovela que beneficia únicamente a la criminalidad organizada. La reciente decisión judicial que ordena la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y el posterior anuncio de que la JNJ prepara su apelación representan un nuevo capítulo de esta novela que, parafraseando a Espinoza, “se tiene que acabar”.

Esta crisis sostenida no es una historia de héroes contra villanos. Es, más bien, el retrato de un sistema judicial que ha perdido el rumbo y que exhibe ante la ciudadanía sus fracturas más profundas. Cada movimiento, cada resolución, cada apelación, no hacen sino evidenciar la ausencia de claridad normativa y la presencia de intereses que trascienden el bien común.

La institucionalidad peruana no puede seguir siendo rehén de este pimpón jurídico-administrativo. Mientras Espinoza habla de “reordenar la casa” y la JNJ prepara recursos para que vuelva a salir del cargo, los casos de corrupción se acumulan, los procesos se dilatan y la impunidad encuentra terreno fértil. El crimen organizado no distingue entre fiscales supremos y la JNJ; aprovecha cada resquicio, cada vacío, cada momento de indefinición para consolidar sus operaciones.

La pregunta que debe hacerse el país es hasta cuándo permitiremos que esta guerra de desgaste continúe. El sistema de justicia requiere predictibilidad, no sobresaltos permanentes. Necesita liderazgo, no protagonismos. Demanda institucionalidad, no personalismos que convierten cada decisión en una batalla campal entre poderes del Estado.

Las autoridades competentes –desde el Congreso hasta el Ejecutivo– no pueden seguir siendo espectadores pasivos de este espectáculo. Es imperativo que se generen los mecanismos de reforma necesarios para acabar con esta indefinición normativa que permite interpretaciones encontradas sobre las competencias de cada institución.

El Perú no puede darse el lujo de mantener indefinidamente esta crisis que debilita las bases del Estado de derecho. La ciudadanía merece instituciones sólidas, no un circo mediático que erosiona día a día la confianza en el sistema de justicia.

Es hora de que este juego de tronos en el Ministerio Público termine y que quienes tienen la responsabilidad de liderar actúen con la altura que el momento demanda, dejando de lado intereses particulares por el bien común.