Editorial El Comercio

Ayer el Poder Judicial confirmó que había solicitado el presidente a fin de que se archivase la denuncia presentada contra él por la fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en efecto, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el mandatario contra la resolución judicial que ya anteriormente había desestimado la tutela de derechos presentada por su defensa con el propósito de que se anulase la investigación preliminar que se le ha seguido por los delitos antes mencionados.

En la primera resolución, el juez Juan Carlos Chekley había señalado que no estaba dentro de sus atribuciones declarar la eventual nulidad de una denuncia constitucional, puesto que la calificación y evaluación de la materia correspondía a los órganos competentes del Congreso de la República. Pero en esta segunda, la Corte Suprema ha ido más allá y ha sostenido que el hecho de que en el pasado no se hayan presentado denuncias de este tipo contra algún presidente de la República no quiere decir que, al haberlo hecho en este caso, el Ministerio Público haya vulnerado los derechos del actual jefe del Estado. Algo bastante razonable, dicho sea de paso.

Este revés judicial del presidente viene a sumarse a otros amparos y hábeas corpus presentados en su nombre sin suerte, pero tiene la particularidad de haberse producido en coincidencia con de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha venido a informarse sobre la supuesta “amenaza a la democracia” que supondría, precisamente, la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, , en su contra. El discurso oficial, como se sabe, ha pretendido argumentar que la oposición en el Congreso, la prensa independiente y la fiscal Benavides son parte de un plan golpista cuyo ariete sería la mencionada denuncia. Y en ese sentido, el pronunciamiento del Poder Judicial constituye ciertamente un baldazo de agua fría para el gobernante y sus valedores.

Como disociado de lo que ocurre a su alrededor, ayer mismo después de su cita con los representantes del organismo internacional que se había reunido con ellos “para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país”. Una aseveración que, salvo que haya sido una insólita autocrítica, suena, en el contexto actual, más descabellada que nunca.

En honor a la verdad, lo único que atenta contra la democracia son que el presidente del Consejo de Ministros, , presentó días atrás ante el pleno del Parlamento y de “entender” como un rehusamiento la posible declaración de improcedencia o inadmisibilidad que la iniciativa probablemente recibirá de parte de la representación nacional y que debiera ser, según varios expertos, el derrotero que tendría que seguir según la normativa vigente. Tanto la velada amenaza de cerrar el Congreso como la voluntad de avasallar al Legislativo en terrenos que son de su exclusiva competencia –como el que contempla la referida cuestión de confianza– constituyen clarísimos factores de deliberado ‘estresamiento’ del equilibrio de poderes y el sistema de contrapesos que debe funcionar en un Estado de derecho.

Y, por otro lado, los únicos ‘golpes’ a la vista son aquellos que, como el que aquí glosamos, recibe constantemente de parte de la justicia el presidente Castillo en su afán de bloquear o desaparecer las pesquisas que le ha abierto el Ministerio Público. Quizá viene siendo hora de que el mandatario empiece a responder por los serios cuestionamientos en su contra y por los indicios cada vez más comprometedores de corrupción que se agolpan a su alrededor, en lugar de seguir presentando fútiles recursos para frustrar las pesquisas que, además de encajarle un revés tras otro, solo abonan a la sensación de lo desesperado que está por el avance de estas.

Editorial de El Comercio

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