Editorial: Señales de coordinación

En una economía libre y competitiva, los precios no son otra cosa que señales de coordinación entre quienes producen algo y quienes lo compran. Cuando los precios son altos, indican escasez, y dan los incentivos a los productores para poner más de ese bien en el mercado, y a los consumidores, para adquirir menos. Ambas acciones, naturalmente, tienen el efecto de reducir los precios altos. Cuando los precios son bajos, sucede exactamente lo opuesto para productores y consumidores, de modo que el mercado tiende al llamado equilibrio.

Esta es una de las primeras lecciones de economía básica. Y es por eso que iniciativas como la planteada por la bancada de Perú Libre (PL) para que el Estado pueda controlar los precios de los productos de empresas públicas y privadas debe generar alerta. Esta semana, la congresista Francis Paredes (PL) puso a consideración del Legislativo una reforma constitucional para apagar los semáforos de coordinación vía precios entre productores y consumidores. “De darse el estado de excepción, considerado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, o por desabastecimiento en la atención del mercado nacional, el Estado Peruano puede intervenir para regular el abastecimiento y los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas públicas y privadas para garantizar el bienestar de la población”, menciona el texto.

Nunca deja de llamar la atención, por cierto, que propuestas tan descaminadas como esta se impulsen regularmente con el objetivo explícito de “garantizar el bienestar de la población”, pero a la vez carezcan del mínimo análisis costo-beneficio –exigido por ley– en su desarrollo. Más bien, cualquier reflexión seria sobre la materia revelaría que la iniciativa es tan innecesaria como peligrosa.

Decimos innecesaria porque el Estado cuenta ya con las herramientas para fiscalizar malas prácticas empresariales que vayan en contra del consumidor. Figuras como el abuso de posición de dominio o el combate a cárteles –aplicadas con relativo éxito por el Indecopi– sancionan comportamientos ilegales que deriven en alzas de precios. Además, actualmente el incremento en el costo de diversos productos proviene en buena parte de su fuerte aumento en las cotizaciones internacionales y del alza en el tipo de cambio, lo que deriva en mayores precios de alimentos y energía. ¿Cómo podría una iniciativa legislativa de este tipo ir en contra de fuerzas de mercado como estas?

Y precisamente de aquí se desprende el componente peligroso. Las experiencias del Perú en los años ochenta y otras más recientes en Latinoamérica son clarísimas en apuntar que los controles de precios ocasionan escasez precisamente de los productos que intentan poner a disposición de más personas. El caso más reciente de Argentina, un productor histórico de carne de vacuno con problemas para abastecer a su población de carne de calidad a causa de los controles de precios, es emblemático.

La propuesta, por lo demás, deja descolocados al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke. Durante los últimos meses, este último había sido enfático en señalar que no se promoverían controles de precios de ningún tipo. Bellido respaldó recientemente a Francke en este sentido, pero apuntó, no sin cierto matiz, que sería “impertinente” implementar un control de precios “en este momento”.

Por innecesaria y contraproducente, es poco probable que la iniciativa de reforma constitucional prospere en el pleno. No obstante, debería servir de advertencia sobre el tipo de ideas que se promoverán desde PL en los siguientes años, y la aparente desconexión que tendría desde ya la bancada con el programa de gobierno. Es aquí, en la interna, donde quizá algunas claras señales de coordinación no estarían de más.