Prueba rápida

Hoy se cumple una semana desde que el Ejecutivo dictó el estado de emergencia en una serie de distritos de Lima y el Callao –inicialmente eran 12, pero luego la lista se amplió a 14– por 60 días. En todo este tiempo, nueve personas han sido asesinadas en la capital, seis de ellas, además, en los lugares en los que rige la medida, como si a los criminales esta les hubiese dado exactamente lo mismo. Lo ocurrido es lamentable, por supuesto, pero de ninguna manera sorpresivo. Desde antes de que entrara en vigor, los expertos ya habían advertido que el estado de excepción no serviría para arreglar el problema que lo motiva. Pero por lo visto el Gobierno no tiene otra forma de responder ante la demanda de los ciudadanos por mayor seguridad.

Un día después de dictada la emergencia, por ejemplo, una persona fue asesinada en San Miguel por dos falsos repartidores. Ese mismo día, en el Cercado de Lima, otra cayó muerta luego de que hampones disparasen hasta 19 veces durante una actividad. Al día siguiente, se registraron tres víctimas mortales en San Martín de Porres por culpa de sicarios, y una más en Puente Piedra. Pero no son solo los asesinatos. Como sabemos, el mismo día que se oficializó la emergencia más de 25 vehículos ardieron en una cochera en Independencia, en un acto que una banda criminal se atribuyó y que habría sido una represalia contra los transportistas que apoyaron el paro del jueves pasado.

Así las cosas, si bien la emergencia tiene una duración de dos meses, no hace falta esperar a que se cumpla el plazo para saber que cuando termine poco habrá cambiado. Esta primera semana ha sido, por decirlo de algún modo, una prueba rápida que ratifica que los asesinatos, las extorsiones y los delitos en general no van a desaparecer solo porque los militares patrullen las calles y se suspendan ciertas garantías constitucionales. Se requieren inteligencia, reformas, trabajo coordinado entre instituciones y un paquete de medidas adicionales del que los expertos llevan meses hablando.

Esta situación, por supuesto, pone en aprietos al Ejecutivo, pero especialmente al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que ha dicho que si la medida no funciona dará un paso al costado. Y a estas alturas, la verdad, la pregunta no debería ser si funcionará, sino cuánto tiempo tardará el Gobierno en convencerse de que no lo hará.