Dos días atrás, este Diario publicó un informe que alertó sobre una situación alarmante en relación con los buses de AeroDirecto, que transportan diariamente a miles de pasajeros al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Tales buses, reveló el informe, acumulan más de S/46 mil en papeletas por infracciones de tránsito y transporte, lo que evidencia una falta de rigor en el filtro por el que estas unidades debieron pasar antes de ser asignadas a ese servicio. Una falta de rigor que compromete tanto la seguridad vial como la imagen del país, ya que el terminal aéreo en cuestión es la más importante puerta de entrada a nuestro territorio. Se trata, además, de un incordio que viene a sumarse a los muchos otros –caos en el abastecimiento de combustible, confusión en la entrega de maletas, poca orientación a los pasajeros, etc.– que se han presentado durante estos primeros días de funcionamiento del aeropuerto.
La investigación señaló en particular el hecho de que diez unidades del AeroDirecto, pertenecientes a Niño Emanuel S.A.C., International Partners S.A. y Cinco Estrellas S.A., registran 41 infracciones, que van desde conducir con licencia vencida hasta desobedecer órdenes policiales, y dirigió los reflectores hacia la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y el Callao (ATU), evidente responsable de la mentada ausencia de filtros. Y, en lugar de tomar cartas en el asunto y excluir a las empresas y unidades con multas impagas, la entidad difundió inmediatamente un comunicado en el que, con imprecisiones y datos falsos, buscó soplar la pluma. Esto es, trasladarle la responsabilidad a alguien más. Concretamente, a Lima Airport Partners (LAP), que, supuestamente, “evaluó las condiciones necesarias para seleccionar a los operadores del servicio AeroDirecto”. Se afirmaba, asimismo, en el texto que las multas observadas “son de años pasados y no tienen relación con el servicio actual”. Resulta, sin embargo, que ambos argumentos son falaces, pues, antes de ingresar al aeropuerto, los vehículos circulan por la vía pública sobre la que obviamente LAP no tiene ninguna autoridad. Y, por otra parte, este Diario ha constatado que no menos de 12 de las unidades comprendidas en el problema recogido en el informe han recibido multas este mismo año.
Una situación, en suma, vergonzosa, que indica que la ATU es renuente a cumplir las funciones para las que fue creada y brinda así municiones a las voces que, con una agenda tan turbia como embozada, tratan de liquidarla desde el Congreso.
