Una demora sospechosa

El Congreso, decíamos hace una semana en este espacio, dedicó buena parte del 2024 a debilitar el sistema de justicia. En una instancia importante, sin embargo, enmendó su error: a mediados de diciembre, envió al Ejecutivo la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta había sido eliminada pese a la protesta del Ministerio Público. En la última corrección aprobada, basta que existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito con pena superior a cuatro años de prisión, e indicios de fuga u obstaculización, para aplicar la detención.

Casi tres semanas después, no obstante, el Ejecutivo sigue sin promulgar la norma. Tampoco ha decidido observarla. Gustavo Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que estaban “esperando recabar toda la información proveniente de los sectores concernidos que emitirán opinión” antes de tomar una decisión. Se saluda el afán de reflexión, pero en la medida en que se trata principalmente de una restitución y no de la introducción de una política inexplorada, no queda del todo claro cuál es el novedoso análisis que llevan semanas elaborando.

Algunas voces, como la del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, dejan aún más claro que el gobierno no se siente cómodo con la reincorporación de la detención preliminar. “Ha habido excesos en las detenciones preliminares”, comentó respecto de la demora del Ejecutivo. Algo similar indicó en su momento Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Pero mientras el gobierno deshoja margaritas, la detención preliminar sin flagrancia sigue inactiva. En diciembre, por ejemplo, 10 investigados por integrar la presunta organización criminal Las Hienas Verdes, sindicados como responsables de extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, entre otros, fueron liberados por esta disposición legal.

La demora levanta otras inevitables sospechas. Fredy Hinojosa, vocero presidencial y exdirector de Qali Warma, por ejemplo, ha sido un importante beneficiado de la ley vigente. Tras la solicitud de detención por 10 días del Ministerio Público por aparente corrupción en el programa social que dirigía, evitó su captura gracias a la norma que el gobierno del que forma parte se niega hasta ahora a corregir. Mientras más demore el Ejecutivo en promulgar una ley sobre la que hay amplio consenso, más fuerte será la sospecha de que lo que está resguardando no son necesariamente los intereses de la ciudadanía, sino los propios.