El caso del relator tuerto

El abogado guatemalteco Stuardo Ralón, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, encabezó una misión al Perú el mes pasado. Tuvo como objetivo monitorear los derrames de petróleo y la institucionalidad democrática. El 20 de octubre, en Washington, hizo un relato toscamente sesgado de la crisis política ante el Consejo Permanente. Es vicepresidente de la CIDH, a la que no hay que menospreciar. Para casos específicos esta comisión, presidida por la peruana Julissa Mantilla, puede tener más incidencia que la propia OEA. En parte porque recurren a ella tirios y troyanos; en parte porque los miembros, propuestos por sus Estados, son juristas con méritos. En teoría no son políticos, aunque hay gobiernos que proponen a sus afines y negocian para que sean nombrados. Ralón es relator para el Perú en la CIDH, lo que de algún modo lo convierte en un experto. ¿Por qué omitió informaciones sustantivas?

Acompañado por una pequeña delegación, Ralón realizó entrevistas en Lima entre el 9 y 13 de octubre. La mitad del tiempo lo dedicó al tema ambiental. Para el tema político se reunió con el presidente, con varios ministros, con representantes de poderes del Estado, con miembros de la sociedad civil. Pero el reporte no describe la crisis ni reseña la información recibida. Desarrolla una conclusión que la CIDH divulgó mucho antes: que la inestabilidad política es causada por el abuso de figuras como la acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el cierre del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros. Por eso el Perú tuvo cinco presidentes y tres parlamentos en el último quinquenio. La CIDH lo dijo en seis comunicados de prensa y tres informes desde el 2020. Así pues, Ralón tendría que haber venido no para decir lo mismo sino para explicar lo que ocurre ahora.

El discurso en la OEA tuvo un toque melodramático. Mientras entrevistaba a Pedro Castillo, dijo Ralón, la policía allanó la casa de su hermana, donde yacía su madre enferma. Vio cómo la vicepresidenta Dina Boluarte declaraba ante una subcomisión acusadora en el Congreso. Durante su visita, el presidente fue denunciado por la fiscal de la Nación, y esta, a su vez, recibió una acusación. A continuación dictaminó una alta conflictividad entre los poderes públicos que dificulta la gobernabilidad y suscita “cuestionamientos sobre la independencia de la justicia”. El informe da a entender que el allanamiento, dispuesto por un juez para obtener equipos de uno de los sobrinos de Castillo, nunca debió realizarse, y que lo perpetraron magistrados politizados. Sugiere que el Ministerio Público no debería actuar. Solo le faltó decir que las investigaciones contra el presidente son infundadas.

El comisionado no apreció que indicios de corrupción en el Gobierno tuvieran algo que ver con la crisis. No hay una palabra al respecto en el informe pese a que lo mencionaron entrevistados, entre ellos, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar. Principalmente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con quien habló el 12 de octubre. Ella le detalló, además, los episodios de obstrucción a la justicia provenientes de la Presidencia de la República.

En cuanto a la inestabilidad política, Ralón no menciona a ningún responsable del “persistente cambio de autoridades”. Lo mete en la bolsa de la conflictividad. El 11 de octubre fue a visitar al presidente del Congreso, José Williams, quien le explicó los procedimientos para las interpelaciones, pero a este poder, renuente a ejercer fiscalización, difícilmente cabe culparlo de la desenfrenada rotación de ministros. Nueve de cada 10 denuncias contra ellos dan en el blanco. Aquí aparece otro sesgo del informe porque, junto con la corrupción, un ingrediente fundamental de la crisis es el envilecimiento de la función pública desde el más alto nivel. Es uno de los ejes de la moción de vacancia presidencial que circula. Ralón no tenía que otorgarle razón a quienes acusan a Castillo, sino simplemente dar cuenta de los severos cuestionamientos que recogió en sus entrevistas.

El comisionado también se reunió con autoridades de diversos poderes, tratando asuntos no directamente vinculados con la crisis. El presidente de la Junta Nacional de Justicia, José Ávila, le informó sobre el procedimiento de las ratificaciones de magistrados, y brindó, a su pedido, detalles sobre las denuncias que afronta en la JNJ la fiscal de la Nación. Con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, trató sobre la continuidad de la medida cautelar que este presentó ante la CIDH por amenazas recibidas durante la campaña electoral del 2021. En cambio, con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, sí habló directamente de la vacancia presidencial. Morales lo recibió junto con el magistrado Manuel Monteagudo. Ralón les dijo que la CIDH vería con buenos ojos que el TC elaborara pautas más específicas que las establecidas en la Constitución (dos tercios del número legal de congresistas) para destituir a un presidente por inmoralidad.

A Morales no le cayó bien la sugerencia. A un juez no le gusta que le digan sobre qué ni cómo debe fallar. Además, no había un caso. Morales dijo, respondiendo sin responder, que había una fórmula que el Congreso podía adoptar si quisiera diagnosticar una incapacidad moral permanente. Estaba en un voto en minoría de Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña, cuando el TC rechazó considerar la idoneidad constitucional de la primera moción de vacancia contra Martín Vizcarra, que no alcanzó los votos necesarios. La mayoría alegó sustracción de la materia. Los discrepantes, tras opinar que el TC debía pronunciarse, propusieron requisitos como la existencia de una grave infracción ética que causara un notorio desequilibrio social, entre otros. (Le vienen como anillo al dedo a Pedro Castillo). Total, Ralón no obtuvo un compromiso de Morales, y en su declaración culpó al TC por inhibirse. La idea implícita es que, hasta que se pronuncie al respecto, el Congreso debería abstenerse. Ya vimos que Ralón también preferiría la inacción de la fiscalía.

La misión de la CIDH dijo haber sostenido 24 reuniones, pero, salvo Williams, no entrevistó a nadie de la oposición. Tampoco a ninguna de las asociaciones de la prensa, continuamente acusada por el Gobierno de conspirar contra el presidente. Aunque reportó consultas con la sociedad civil, omitió reunirse con grupos fundamentales. No lo hizo con Transparencia ni con Proética, referentes en los temas de democracia y corrupción. Ni con los dirigentes de Coalición Ciudadana, una coordinadora con 220 miembros que se pronunció sobre la crisis. Un vocero de la cancillería, que contribuyó con la agenda de Ralón, dijo que la CIDH manejó directamente sus reuniones con las ONG. Requerida la CIDH para esta nota, no entregó la lista de sus interlocutores de la sociedad civil. Requerido el comisionado, no contestó a un pedido de entrevista.

A todas luces un relator tuerto, Ralón no es el más indicado para encargarse del Perú. Probablemente presida la CIDH el próximo año. Actúa en sintonía con el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala, apoyado por una rosca de militares y empresarios, con conexiones mafiosas, que ahuyenta a magistrados independientes y a periodistas opositores mediante el sistema judicial, ante la timidez de la CIDH. La embajadora de Guatemala en la OEA, Rita Claverie, fue la primera en apoyar el informe Ralón en el Consejo Permanente. El canciller del régimen, Mario Búcaro, vendrá al Perú en la misión de la OEA, y no por casualidad. Será propicio entonces preguntarle por los perseguidos de su país. Veintiocho jueces y fiscales han huido de Guatemala. El director de “El Periódico”, José Rubén Zamora, está preso hace tres meses bajo cargos deleznables.