El presidente de tus sueños

Un grupo de organizaciones civiles peruanas del proyecto Diálogos por el Perú solicitó a tres eminentes politólogos extranjeros una enumeración de las principales cualidades que, de acuerdo con estudios comparados, debería tener el próximo presidente. Ellos son Jennifer McCoy, una experta en erosión democrática y polarización de la Universidad de Georgia; Max Cameron, profesor de la Universidad de Columbia Británica y presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos; y Manuel Alcántara, de la Universidad de Salamanca, autor de “El oficio de político”, un libro que estudió a más de 1.500 parlamentarios latinoamericanos. Los tres conocen ampliamente la realidad peruana. El objetivo fue mostrar sus ideas a los votantes del próximo año, a fin de que sirviera de referencia.

La iniciativa puede parecer de poca utilidad: ¿acaso hay un candidato perfecto? Por otra parte, en el Perú suele elegirse entre lo que hay, que en muchos sentidos significa lo menos malo. De acuerdo con la última encuesta de Datum, el 48% considera que no hay buenas opciones. Además, desde el 2001 ha prevalecido un voto anti, para que no ganara Ollanta Humala o Keiko Fujimori. Así vencieron Alan García en el 2006, y el propio Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

De todos modos, el ejercicio de pensar en alguien capaz pone sobre el tapete los méritos que sirven para un buen gobierno y no los factores que ayudan a ganar una elección. Pueden ser muy distintos. Según la encuesta de Ipsos para Proética presentada este mes, un 68% de los consultados dijo que la cualidad más importante en un candidato es la honestidad. Lo cual es compatible con la percepción de la corrupción, que desde hace años es uno de los problemas principales, junto con la delincuencia. Aunque esto es lo que dice la gente, en la presentación del estudio se hizo notar que la corrupción no siempre está en el centro de la agenda política real de los candidatos.

Añadamos aquí algo peor: los presidentes que más se identificaron con la anticorrupción en los últimos 20 años enfrentan graves problemas con la justicia o condenas efectivas: Alejandro Toledo, condenado a más de 20 años por el Caso Interoceánica y a 13 años por el Caso Ecoteva; Ollanta Humala, sentenciado en abril de este año a 15 años de prisión por lavado de activos y acusado por el caso del ‘club de la construcción’; y Martín Vizcarra, recientemente condenado en primera instancia por cohecho debido a los sobornos que recibió cuando era presidente regional de Moquegua. La palabra ‘anticorrupción’ se ha sobado tanto que perdió su valor. Como tiende a conceptuarse al problema como estructural, es decir con arraigo en todos los niveles, y que descansa en la cultura de los peruanos –lo que nos remite hasta el patrimonialismo del virreinato–, uno podría pensar que los presidentes corruptos son producto de toda esta herencia. Entonces, ¿qué hacer?

El 3 de diciembre, en la reunión anual del Consorcio de Investigación Económica y Social, el politólogo Jorge Morel presentó una propuesta de políticas anticorrupción para ser aprovechada por el próximo gobierno. Diagnosticó un sistema de integridad con marcos demasiado amplios, funciones superpuestas y una frágil meritocracia. Hay un exceso de normas, de cumplimiento ritualista y poco impacto. Un modelo declarativo. Dijo que había que adaptarlo a la realidad, simplificarlo, y volverlo más eficaz, especialmente en áreas donde se roba en servicios públicos esenciales. Postuló un modelo piloto centrado en el sector salud, que pusiera el foco en 15 a 20 puestos estratégicos, y que alineara a todo el Estado detrás de sus objetivos. Luego de la exposición, que incluía otros componentes, uno de los asistentes preguntó qué pasaría con la propuesta si el país elegía un presidente corrupto.

—Contra eso no tenemos un remedio específico —repuso Morel.Como decía Cantinflas, allí está el detalle.

Desde comienzos del siglo actual, la corrupción en el Perú se ha diagnosticado muchas veces, se han creado secretarías especializadas en cada ministerio, además de oficinas dependientes de la Contraloría General de la República, y hasta existe una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción integrada por los poderes públicos y organizaciones de la sociedad civil. En la PCM se supone que una Secretaría de Integridad marca el compás con una batuta. Las leyes se han endurecido, y ahora las penas por corrupción de funcionarios se suman, al punto de que resultan más duras que contra los asesinos o violadores. Todo para que exista una tolerancia bastante amplia hacia la corrupción en cualquiera de los niveles sociales. De contrapartida, no ha habido un líder político que diera ejemplo de honestidad, señalando un camino. Ninguno de los últimos presidentes electos tuvo esa cualidad, que termina siendo una deficiencia fundamental.

Claro que un presidente puede haber tenido una conducta impecable y una vez en el cargo echarse a perder. Pero eso no parece haber sido el caso reciente. Vayamos al caso de Alejandro Toledo, quien, pese a haberse encumbrado como representante de los indignados contra la corrupción fujimontesinista, terminó involucrado en casos como Ecoteva y Odebrecht. Cuando Toledo impulsó la Carretera Interoceánica, las investigaciones posteriores revelaron que fue un mecanismo para recibir sobornos.

En referencia a Humala, su condena por lavado de activos, originada en la recepción de fondos ilícitos para sus campañas, dejó en evidencia el uso de dinero de procedencia extranjera y dudosa para fines políticos y personales. Es una conducta deshonesta, ratificada ahora por una sentencia judicial, más allá de los otros procesos que aún pueda afrontar. En cuanto a Vizcarra, su reciente condena por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua confirma que las sospechas sobre su gestión regional tenían fundamento, más allá de la bandera anticorrupción que enarboló en la presidencia.

Coincidiendo con lo que opina la población, la honestidad fue una de las cualidades más importantes señaladas por los expertos consultados por Diálogos por el Perú. Entre las otras hay dos emparentadas: la capacidad de distinguir entre lo público y lo privado, y la vocación para rendir cuentas. La segunda se justifica por sí misma. La primera se refiere al conflicto de intereses, puesto que el presidente, o su entorno, pueden favorecerse con actos de gobierno.

Las restantes cualidades que propusieron los expertos tienen que ver con las competencias propias del presidente para conocer el país y sus problemas, con sus talentos para construir un equipo competente, con sus convicciones democráticas, y con su capacidad de negociación. No es momento para discutir cada recomendación, pero queda en evidencia que el presidente ideal no solo debe ser honesto, sino también capaz de orientar a un país dividido. A falta de partidos políticos sólidos, queda al menos apostar por las personas.