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Los conflictos sociales se extienden por todo el país, pero lo que sucedió ayer, alrededor de las 11 a.m., en Ayacucho, fue un hecho brutal. Manifestantes invadieron e incendiaron las instalaciones de la empresa minera aurífera Apumayo. Esto, después de que el último jueves los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara iniciaran un paro indefinido para pedir el retiro de las empresas mineras de sus territorios.
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Fueron alrededor de 500 personas las que ingresaron a Apumayo y causaron destrozos y actos de pillaje. Entre los bienes quemados hay oficinas administrativas, vehículos, el grifo, el comedor y la planta de procesamiento. Además, se cortó el fluido eléctrico y se robaron bienes, incluidos explosivos.
Se supo que policías intentaron controlar la situación con gases lacrimógenos; sin embargo, tuvieron que replegarse al verse superados por la gran cantidad de manifestantes.
La Defensoría del Pueblo informó que el enfrentamiento dejó diez heridos, aunque no de gravedad. Ellos fueron trasladados a centros médicos de la zona.
En comunicación con El Comercio, Guillermo Shinno, gerente de Apumayo, manifestó su preocupación por las plantas de procesamiento, pues dijo que si el sistema falla, aguas tóxicas podrían ir a parar a la quebrada, lo cual ocasionaría un daño ambiental muy grave.
Indicó que las personas que protestan no son aquellas ubicadas en la zona de influencia de la empresa minera. Agregó que si los manifestantes consideran que poseen ciertos derechos, tienen la potestad de reclamar de manera pacífica, pero sin cometer actos vandálicos.
“Nosotros deploramos el vandalismo. Defendemos el diálogo con las comunidades”, precisó Shinno.
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Puntualizó que el país vive un momento complicado por diferentes protestas contra mineras en varias regiones. “Requerimos apoyo del Gobierno”, invocó.
En un comunicado, Apumayo precisó que los trabajadores de la compañía tuvieron que replegarse para cuidar su vida. Añadió que, por falta de personal capacitado, hay riesgo de derrame de solución cianurada y aguas ácidas.
La compañía sostuvo que tras el atentado hay gente que busca “protagonismo político” y pidió a la población dialogar y no caer en “provocaciones o medias verdades por parte de terceros” que pretenden sembrar la violencia en la zona.
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—Otro ataque—
Horas después, cerca de las 2 p.m., unos 100 manifestantes del Frente de Defensa de Chumpi ingresaron a la unidad minera Breapampa y quemaron un taller de mantenimiento mecánico.
Allison Capcha, gerenta sustentabilidad de South America Mining Investments, propietaria de la unidad minera, señaló a este Diario que, previamente, el alcalde de Chumpi, quien lideró la protesta en el lugar, le dijo que iba a “correr sangre”. Ante ello, la empresa pidió auxilio a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Policía Nacional, la Prefectura de Ayacucho y otras instituciones, pero –dijo Capcha– no recibieron respuesta.
Hasta ayer a las 9 p.m. esta unidad estuvo en poder de los manifestantes. Luego se retiraron a su local comunal.
—Levantan paro—
David Pacheco, jefe de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, precisó que ayer se levantó el paro que se acató en la zona desde el jueves. Indicó que pobladores se reunieron con representantes del Ministerio de Energía y Minas y acordaron acabar la protesta bajo la condición de que, en los próximos días, acuda a dialogar a la zona la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
El paro había sido convocado en el sur de Ayacucho y parte de Arequipa por el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas, Julio César Guillermo Gutiérrez, y el representante del Comité de Lucha Central, Che Bernaola Torres.
Debido al bloqueo de carreteras en Ayacucho, no hubo pase a Coracora, Chaviña, Sancos y Puyusca.
La demanda de la población implica el cierre definitivo de las unidades mineras Apumayo, Inmaculada (Ares), Breapampa y Pallancata, que están bajo labores de fiscalización y supervisión de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La Defensoría del Pueblo indicó que el Ministerio Público iniciará las investigaciones para identificar a los responsables del ataque a las instalaciones mineras.
Varios videos que circulan en redes sociales y el registro de medios de la zona servirán como pruebas para dar con los dirigentes que causaron el atentado.
Autoridades descartaron anoche que se hayan reportado muertos durante la protesta. Tampoco hay detenidos.
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