No podía tratarse de una coincidencia. El mensaje amenazador llegó la tarde del pasado 2 de octubre. Lo dejaron bajo la puerta del local de la Orau (Organización Regional Aidesep Ucayali), en Pucallpa. Ese mismo día, horas antes, había sido baleado en un supuesto asalto uno de los trabajadores de esta oficina.
La amenaza estaba dirigida al apu Berlin Diques, presidente de Orau, y a su asesor Jamer López. Esta organización, que representa a 300 comunidades de 15 pueblos amazónicos de Ucayali, ha denunciado a varias mafias que operan en la selva. Hicieron la denuncia, se activó el protocolo de defensores del Ministerio de Justicia y a ambos se les brindó protección policial. Pero esta duró apenas un día.
Diques llegó a Lima los primeros días de diciembre junto a un grupo de líderes indígenas de diferentes comunidades nativas de Ucayali, Huánuco y Pasco. Todos tienen temor, porque también están bajo amenazas. A continuación contamos algunos de casos:
1.- Zulema Guevara, la líder que busca justicia
Zulema Guevara es una de ellas. Su esposo, Arbildo Meléndez Grandes (34), líder cacataibo de la comunidad Unipacuyaku, fue asesinado de un balazo el 12 de abril del 2020 cuando se desplazaba por el bosque. Él se enfrentaba invasores vinculados al tráfico de tierras que ya lo habían amenazado de muerte. Las autoridades judiciales tenían conocimiento del caso. Incluso un mes antes del disparo que le quitó la vida se realizó una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ni eso pudo evitar el crimen.
“Desde que murió mi esposo yo me encuentro en estado de abandono por parte del Estado”, dice Zulema. Ella ha tenido que dejar su comunidad junto a sus tres menores hijos e instalarse en la ciudad en la ciudad de Pucallpa, lejos de su entorno familiar y sus actividades agrícolas.
Sin embargo, para cumplir diligencias por el asesino de su esposo ha viajado hasta Puerto Inca (Huánuco). Ahí desconocidos a bordo de motos la amenazaron en tres ocasiones. Se ha pedido garantías para su vida.
En el plano judicial, ella no solo siento que su caso no avanza sino que además hay malas intenciones. Su defensa solicitó la remoción del fiscal y el juez que lleva el caso de su esposo puesto a la fecha no se ha dictado mandato de detención contra el asesino confeso de Arbildo Meléndez y además se pretende aceptar la tesis de homicidio culposo.
2.- Miguel Gimaraes, un líder amenazado desde el 2018
A Miguel Gimaraes Vásquez, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), también le han llegado varias amenazas. La última de estas fue a través de un mensaje a su teléfono celular de un número desconocido. Le llegó un video con personas descuartizadas y un mensaje clarísimo. “Si sigo insistiendo con el trabajo, me va a pasar lo mismo”, dice que le dijeron. Eso ocurrió el 14 de octubre del 2020.
El caso lo ha tomado la Dirección de Investigación Criminal de la PNP y ya son varias semanas sin resultados. El Ministerio Público, que inició sus propias indagaciones, tampoco tiene novedades. Este tipo de hostigamiento lo viene recibiendo desde el 2018, cuando aún no era autoridad comunal. “Estamos aquí tratando de conversar con las autoridades porque no queremos ser la próxima víctima”, dice.
Hay –explica– más de 2000 hectáreas de bosque deforestadas en los alrededores de su comunidad Flor de Ucayali y otras. Las mafias se tumban los bosques para sembrar hoja de coca e instalar sus pozas de producción de pasta básica de cocaína. En los dos últimos años, las áreas destruidas se han duplicado. Durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 las mafias no se detuvieron. “La presencia del Estado es nula”, dice Gimaraes.
3.- Diana Ríos, la hija del líder que busca justicia
Ya son más de seis años y Diana Ríos se siente indignada, muy molesta, porque el proceso judicial contra los asesinos de Jorge Ríos, su padre, aún no concluye. El 1 de setiembre del 2014, él y los líderes ashéninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados cruelmente por taladores ilegales. Los cuatro habían denunciado a las mafias de tala ilegal que siguen operando impunemente en la frontera entre Perú y Brasil.
“Las personas sindicadas ya están identificadas. Tenemos fotos, evidencias, todo. No es justo que se quiera archivar el caso. Fueron cuatro líderes asesinados por defender sus bosques, su territorio. El Estado ha sido el causante de esto por no escuchar nuestras demandas”, dice Ríos.
Ella –al igual que Zulema– ha dejado su comunidad Alto Tamaya-Saweto. Se mudó con sus cuatro hijos a Pucallpa por seguridad. “No puedo ir tranquila a mi comunidad porque el asesino de mi padre se encuentra por ahí, en el mismo río”, dice enojada.
En su comunidad, a la que no puede regresar, ya hay más de 8000 hectáreas de bosque deforestadas por los taladores ilegales y el lugar se ha convertido en “tierra de nadie”.
4.- Herlin Odicio, la hija del líder que busca justicia
Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), también es hostigado mediante llamadas y mensajes amenazantes que le dicen “ya sabemos quién eres”.
Los mensajes le han llegado de diversos números telefónicos. Llaman a lo largo del día. El apu Herlin ha solicitado garantías personales y la policía ha recibido el detalle de los números desde donde se realizaron las amenazas.
5.- Marcelo Odicio Angulo, el líder que no deja de patrullar su bosque
En los territorios de su comunidad nativa Yamino, ubicada en la provincia Padre Abad (Ucayali), también ha incrementado la actividad cocalera y el narcotráfico, pese estar ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.
“El Ministerio de Cultura no ha hecho casi nada en esta zona”, dice y asegura que unas 20 personas de su comunidad cacataibo son las que se han organizado para realizar patrullaje en el bosque. Solo están armados con flechas.
Las amenazas las han recibido de terceros y, por esa razón, pidieron garantías. Se las otorgaron, pero desde entonces ni un policía se ha acercado a la comunidad pese a que la comisaría más cercana está a 40 minutos, en la ciudad de Aguaytia. “Necesitamos protección. El Estado debe intervenir”, dice Marcelo Odicio.
Reuniones de alto nivel
Durante los primeros días de diciembre, los líderes amenazados de muerte tuvieron en Lima varias reuniones con altos funcionarios del Estado para exponer sus casos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, los recibió en pasado 2 de diciembre. Acordaron revisar el protocolo de los defensores de derechos humanos para que se convierta en un mecanismo útil en la prevención y protección de los pueblos indígenas.
También los recibió el entonces ministro del Interior, Rubén Vargas. Entre los compromisos que asumió antes de su salida del cargo fue una lucha más activa contra el crimen organizado en estas zonas de la selva y les indicó a los líderes que tenían casi listo un protocolo de actuación policial para el relacionamiento con comunidades indígenas.
El último miércoles, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días a cinco distrito de Huánuco (Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo y Honoria) y tres distritos de Pasco (Constitución, Palcazú y Puerto Bermúdez), con el fin de que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas fortalezcan la lucha contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, homicidios y tala ilegal de madera.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, les indicó que la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley sobre defensores de derechos humanos, que incluye un plan de atención y reparación de víctimas. El congresista Alberto de Belaunde también les ofreció presentar un proyecto sobre defensores ambientales y de derechos humanos.
Se reunieron además con la Procuraduría del Ministerio del Ambiente. Sus funcionarios se comprometieron a redactar denuncias a nombre de la procuraduría y derivarlas a la Dirección Nacional contra las Drogas (Dirandro) de la PNP.
La coordinadora de las Fiscalías Ambientales del Ministerio Público, Flor de María Vega, escuchó los cuestionamientos que hace Zulema Guevara a la investigación que se sigue por la muerte de su esposo y el pedido de que las fiscalías de Puerto Inca (Huánuco) refuercen sus operativos contra el tráfico de drogas.
Pedido de protección ante el Estado
Con todos los riesgos que implica la defensa de los bosques, el presidente de Orau, el apu Berlin Diques, afirma que van “a seguir porque los bosques son nuestra fuente de vida, de alimentación, de seguridad, de vida continua”.
En este momento dice es urgente que el sistema de justicia acelere las investigaciones y los procesos para detener y sentenciar a los responsables por las muertes de los líderes amazónicos asesinados en los últimos años. También es urgente, dice, que el Estado refuerce su lucha contra el narcotráfico, contra la tala ilegal y de la plantación ilegal de monocultivos como la palma aceitera. Esta es, agrega Diques, una “lucha constante”.
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