Según el MIMP, en los últimos años se han logrado avances normativos en establecer políticas para erradicar toda forma de violencia de género (Imagen: referencial)
Según el MIMP, en los últimos años se han logrado avances normativos en establecer políticas para erradicar toda forma de violencia de género (Imagen: referencial)
Lourdes Fernández Calvo

Los nombres de 13 mujeres asesinadas por sus parejas fueron mencionados por el presidente Martín Vizcarra en el mensaje a la nación del 28 de julio. El objetivo fue recordarlas para pedir justicia por ellas. Más allá de los gestos políticos, ¿qué está haciendo el Estado frente a la violencia contra las mujeres?

Esta semana, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) deberá contestar esta pregunta en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, perteneciente a las Naciones Unidas.

Las autoridades peruanas deberán mostrar los avances en temas como acceso a los servicios de salud sexual, migración internacional e igualdad de género, en relación con los compromisos firmados en el 2013 en el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo.

A paso lento

Las cifras sobre violencia siguen en rojo. Según el MIMP, entre enero del 2009 y julio del 2017, la fiscalía registró 1.001 víctimas de feminicidio. El 90% fueron asesinadas por sus parejas.

El Consenso de Montevideo propone, entre otros temas, establecer políticas para erradicar toda forma de violencia de género. El MIMP asegura que en los últimos años se han logrado avances normativos.

“Tenemos el plan nacional contra la violencia de género hasta el 2021 y se acaba de crear el sistema especializado de justicia para sancionar la violencia”, precisa la viceministra de Poblaciones Vulnerables, Cecilia Aldave.

El sector también resalta la reducción de 1,3 puntos porcentuales en el índice de mujeres que han sufrido violencia física o sexual entre el 2013 y el 2016. “Son avances, pero aún tenemos un gran desafío como Estado y como sociedad”, dice.

Patricia Sarmiento, adjunta de la Defensoría del Pueblo, opina que, pese a que el balance sobre normas en contra de la violencia de género es positivo, estas medidas solo serán letra muerta si no cuentan con un presupuesto. “¿Cómo ejecutas las acciones si no tienes el dinero para ello? Esto debería ser prioridad para todos”, concluye Sarmiento.

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