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El Ministerio Público anunció esta tarde que ha iniciado una investigación preliminar por presunto lavado de activos contra el contralor general de la República, Edgar Alarcón, por la adquisición de más de 90 vehículos entre los años 2002 y 2015.
Precisamente, la fiscal de lavado de activos Yovana Mori García fue la que dispuso que se inicie la indagación que tiene como base la denuncia del auditor de la contraloría Walter Grados Aliaga.
Entre el 2002 y el 2015, Edgar Alarcón y sus dos hijos compraron más de 90 vehículos –entre autos y camionetas– Audi, BMW, Jeep, y de otras marcas, para operaciones de compraventa.
Edgar Alarcón empieza la racha de adquisiciones en Lima en el 2002. Desde ese año hasta el 2016 adquirió 41 vehículos, de los cuales dos siguen registrados a su nombre. De los 39 restantes, 37 fueron vendidos, uno figura como “donación” y otro otorgado en permuta a una compañía de seguros.
El contralor ha justificado estas adquisiciones indicando que se trataba de un negocio de importación de automóviles junto a sus hijos. Pero no todas las adquisiciones de Alarcón padre fueron lucrativas, de acuerdo a la información de Registros Públicos a la que tuvo acceso El Comercio.
Si se toma en cuenta los 41 autos que compró en Lima desde el 2002, tenemos que Edgar Alarcón invirtió en esas compras US$629.155. De los 37 que vendió, solo obtuvo US$606.500. Esto sin contar dos autos –un Volvo S70/99 y un Mercedes-Benz 280-CE–, de los cuales no se puede visualizar los montos de compra en las fichas de Registros Públicos.
Asimismo, según la denuncia del auditor, entre el 2013 y el 2015, cuando era vicecontralor de la República, Alarcón adquirió nueve autos por un total de US$182.550. Los hijos de Alarcón también han efectuado numerosas compras.
Del mismo modo, el auditor Walter Grados ha presentado un audio en el que conversa con el titular del órgano de control sobre esta denuncia. En dicho registro se oye a Alarcón pedir que las acusaciones sean retiradas.
Cabe recordar que esta semana, la Primera Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio a Edgar Alarcón por el presunto pago irregular de una liquidación de S/127.000 a una ex trabajadora de la institución cesada en el 2010. Él ha negado los cargos.
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