El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder allanó el lunes pasado los inmuebles vinculados a los ex comandantes generales de la PNP Raúl Alfaro Alvarado y Luis Alberto Vera Llerena.
Alfaro permanecía como comandante general al momento de la diligencia, pero El Comercio pudo confirmar su salida la noche del lunes.
Alfaro y Vera son investigados por sus presuntos vínculos con una organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo en coordinación con Jorge Hernández Fernández, conocido como ‘El Español’.
La sindicada red criminal, según la fiscalía, buscó interceptar las conversaciones telefónicas de opositores a Castillo y atentar contra la integridad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal Marita Barreto, el coronel PNP Harvey Colchado, entre otros.
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La fiscalía le imputa a Alfaro el presunto delito de tráfico de influencias. Según señala, se valió de su amistad con ‘El Español’ para solicitarle que interceda ante una persona allegada a Castillo para ser designado comandante general de la PNP. A cambio, le ofreció brindarle seguridad ante cualquier eventualidad o problema que se le presente.
Alfaro fue nombrado comandante general de la PNP en agosto del 2022 por Pedro Castillo y el entonces ministro del Interior Willy Huerta.
Según la fiscalía, el ahora ex comandante general de la PNP habría cumplido el rol de “dirigente” en la sindicada organización criminal de Castillo.
El Ministerio Público allanó el lunes pasado tres inmuebles vinculados a Raúl Alfaro, entre ellos su oficina en el Ministerio del Interior y su casa en San Borja.
Pago ilícito
A Alfaro también se le imputa el presunto delito de cohecho pasivo propio, por supuestamente recibir S/ 65 mil del coronel PNP Rafael Sánchez Charcape para cambiarlo de colocación.
Por ello, la fiscalía señala que no solo estuvo vinculado a la red de Castillo y ‘El Español’, sino que en paralelo habría organizado y constituido otra organización criminal dentro de la PNP para obtener beneficios económicos de manera ilícita.
En tanto, al ex comandante general PNP Luis Vera Llerena se le imputa el presunto delito de organización criminal.
De acuerdo con las investigaciones, Vera aceptó el cargo de comandante general de la PNP a cambio de mantener informado a Castillo sobre cualquier tipo de intervención policial o detención del entonces prófugo Bruno Pacheco, de sus sobrinos y de cualquier otra persona de su entorno.
La fiscalía señala que Vera habría brindado información a Castillo “a través de sus sombras”, “uno de ellos habría sido el suboficial Nilo Aladino Irigoin Chávez”.
Vera le habría indicado a ‘El Español’ que trabajarían en equipo debido a su cercanía con el entorno del exmandatario. Y le señaló que su carta de presentación ante Castillo sería una marcha contra el gobierno convocada para el 4 de junio pasado. El objetivo era controlar que la marcha sea pacífica y no desestabilice la gestión del entonces mandatario.
Manejos en la PNP
A Vera también se le imputa haber manejado de manera ilícita unidades ejecutoras de la PNP y ofrecer beneficios económicos a ‘El Español’.
Según la fiscalía, le habría indicado a ‘El Español’ que iba a sacar al general PNP Rosell Ortiz García de la Dirección de Aviación Policial para colocar en su lugar al general Rafael Ríos Zavala. Ello con el objetivo de beneficiarse económicamente de unas licitaciones de la mencionada dirección.
El cambio se concretó el 11 de junio del 2022 mediante una resolución suprema que lleva las firmas de Pedro Castillo y del exministro del Interior Dimitri Senmache.
El documento precisa que el general PNP Ortiz fue derivado a la III Macroregión Policial La Libertad.
La fiscalía también imputa a Vera Llerena el presunto delito de peculado de uso, por supuestamente entregar una radio portatil - un bien del Estado- a ‘El Español’, para que controle la mencionada marcha contra Castillo.
Por último, le imputa el presunto delito de obstrucción a la justicia, por supuestamente responder a las órdenes de Castillo como líder de una organización criminal que buscaba desarticular al equipo especial de apoyo a la fiscalía y cambiar de colocación al coronel Harvey Colchado.
El otro español
En la trama también aparece involucrado el empresario Sergio Castellanos Martínez, natural de Alicante, España.
En el domicilio de Castellanos, en San Isidro, se habrían reunido en reiteradas oportunidades “El Español” y el ex comandante Luis Vera.
Además, el exministro del Interior Dimitri Senmache ha reconocido que se reunió con ‘El Español’ en el mismo inmueble.
En su declaración testimonial del 11 de marzo pasado, Senmache señaló: “[...] siendo ministro del Interior me reuní en tres ocasiones en el interior de una casa ubicada en la Calle Roma, en el distrito de San Isidro, lugar que fue propuesto por el señor Jorge Ernesto Hernández Fernández, de las cuales no recuerdo las fechas [...]”
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El inmueble en cuestión era alquilado por la empresa Compañía Inmobiliaria Agrícola de Lima S.A.C., de la que Castellanos es representante legal. Allí vivían él y Jorge Hernández Fernández, quien luego se mudó a La Molina.
Según Senmache, Castellanos “abría la puerta de la casa, pero no participaba de las reuniones”.
Castellanos radica en el Perú desde al menos el 2015 y cuenta con denuncias en el Ministerio Público por usurpación agravada de inmuebles.
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